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Desde hace siete meses se encuentra en la Sala Penal de la Corte una recusación contra los camaristas Arnulfo Arias Maldonado, Carlos Ortiz Barrios y Emiliano Rolón Fernández. Los ministros Myriam Peña, Luis María Benítez Riera y Sindulfo Blanco deben estudiar si confirman a dichos magistrados.
Estos, una vez que sean confirmados deberán estudiar otra recusación, pero contra el juez de la causa, Humberto Otazú. Ambos incidentes los había planteado el exsuboficial mayor Roberto Osorio Romero, para evitar que se realice la audiencia preliminar.
El Ministerio Público imputó en abril del año 2016 a Roberto Osorio y a su señora, Ada Liz Da Rosa Franco, por lavado de dinero, y posteriormente la mujer fue incluida en el proceso por enriquecimiento ilícito.
Luego de conseguir una prórroga, fueron acusados en el 2017 y hasta el momento no se ha podido realizar la audiencia de imposición de medidas ni la preliminar. La fiscalía pide la presión de los dos.
En la acusación se refiere que ambos, en diez años, “tuvieron un aumento desmedido en los bienes que comprenden su patrimonio y que no condicen con sus legítimas posibilidades económicas, concluyéndose que dicho acrecentamiento fue logrado de forma ilegal y aprovechándose de la función pública del primero” (sic).
El matrimonio tenía como ingresos únicamente lo percibido por el exsuboficial, que ascendía en el año 2015 a la suma de G. 5.916.654, valor percibido en los conceptos de sueldo, U.B.A. y exposición al peligro.
Mientras que su esposa, Ada Liz Da Rosa Franco, no contaba con un trabajo estable, sin embargo adquirieron múltiples vehículos lujosos, siendo en su mayoría vehículos cero kilómetro e inmuebles.
Por ello, para el Ministerio Público no pueden justificar la suma de G. 776.275.180 “obtenido ilegítimamente entre marzo del 2006 a marzo del 2015. Siendo esta la diferencia entre los ingresos y los egresos del matrimonio durante dicho periodo, existiendo en consecuencia un enriquecimiento ilícito en la función pública cometido por el señor Roberto Osorio Romero, contando con la contribución de su esposa por figurar como titular de los bienes obtenidos ilegítimamente”, (sic), dice la acusación.
La primera investigación
Todo se inició con el escándalo del negociado con tarjetas free (al portador) de combustible en la Policía Nacional, que fue descubierto en el año 2015 y con ello fue descubierta toda una estructura que supuestamente se dedicaba a ello.
El excomandante de la policía Francisco Pastor Alvarenga fue removido del cargo tras dicho escándalo y acusado como autor de lesión de confianza. Por su parte, el exsuboficial Roberto Osorio fue acusado por estafa y producción de documentos no auténticos. Según la investigación se montó todo un esquema para desviar G. 1.159.242.441 a través de 186 tarjetas free de combustibles. Osorio supuestamente fue el cerebro que tramitaba las tarjetas –con el visto bueno de sus superiores– y enviaba a su secretario, Rosalino Benítez, a las estaciones de servicios.
Benítez presuntamente pagaba a los playeros que hacían consignar cargas de combustibles, pero en realidad entregaban dinero en efectivo que iba a parar en manos del suboficial. El Ministerio Público solicitó la suspensión condicional del procedimiento para el suboficial Rosalino Benítez, ya que colaboró con la investigación y quedó en la causa como testigo.
Hasta el momento se ha intentado realizar por tercera vez el juicio oral y público, sin embargo el excomandante logró suspenderla y la nueva fecha fijada es para el próximo 17 de noviembre. Alvarenga presentó un reposo médico por un cuadro de influenza.
El tribunal de Sentencia había ordenado la constitución del médico forense, Alejandro Fretes, quien no logró dar con el domicilio del uniformado y a raíz de ello su actuación está siendo investigada.
perla.silguero@abc.com.py