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Desde el 21 de abril del año pasado, la audiencia preliminar de Víctor Bogado por el caso de su “niñera de oro” Gabriela Quintana Venialgo, está paralizada con un cajoneo que es cortesía de la Corte Suprema de Justicia.
Esto es así porque el 5 de junio de 2017, la Sala Constitucional, con votos a favor de los ministros Antonio Fretes y Miryam Peña, con la disidencia de Gladys Bareiro, admitió o dio trámite luego de 7 meses, la acción de inconstitucionalidad que planteó el parlamentario contra la confirmación en esta causa del juez penal de garantías Óscar Delgado. Este magistrado se había inhibido en abril de 2016, luego de que se lograra suspender por octava ocasión la audiencia preliminar donde debe resolverse el pedido de juicio oral y público.
Todo es con la finalidad de que continúen las dilaciones en el proceso donde Bogado está acusado como autor de estafa y cómplice del cobro indebido de honorarios de la niñera de sus hijas, Gabriela Quintana, quien contaba con sueldos de la Cámara de Diputados y la Itaipú Binacional, pero no cumplía labores más que las domésticas del parlamentario.
Según la acusación, la empleada particular percibía primero un salario de G. 1.300.000 en Diputados, en el 2008. Luego fue nombrada como funcionaria permanente de la Cámara Baja en 2010, cargo que desempeñó hasta setiembre de 2013, con un salario de G. 13.237.400. En febrero de 2013 fue contratada en Itaipú y recibió una paga mensual indebida de G. 8.739.300. Fue “comisionada” al Congreso a pedido de Bogado, quien sabía que no cumplía horarios y por esto fue incluido en el proceso.
Tras el escándalo, se rescindió el contrato de Gabriela Quintana, quien devolvió G. 71 millones cobrados de forma ilícita.
Ya en este proceso se obró irregularmente cuando una Cámara de Apelaciones anuló la elevación a juicio oral que hizo el anterior juez del caso, Julián López, siendo que la disposición es inapelable. El caso también salpica al exjefe de gabinete del legislador, Miguel Ángel Pérez.
Su enriquecimiento ilícito
De manera sugestiva, en diez años, la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía no realizó la pericia contable luego de recibir en el 2006 un informe de la Contraloría General que determinó la falta de correspondencia entre los ingresos y egresos declarados por Bogado.
El exfiscal y actual senador Arnaldo Giuzzio tuvo el caso por 6 años (de 2006 a 2012) y su sucesor, Luis Piñánez, por 4 años (de 2012 hasta la actualidad). El agente ordenó la pericia en diciembre del año pasado y su conclusión se desconoce.
Giuzzio había ordenado de palabra la pericia y en la carpeta fiscal se consignaron documentos acercados por el entonces abogado defensor Óscar Latorre, para intentar justificar el origen de la fortuna. De esta forma se trunca la posibilidad de imputar a Bogado por enriquecimiento ilícito porque ya no pueden ser indagados sus bienes adquiridos hace más de 10 años y la presunción de Contraloría va al tacho.
Los bienes del mecánico
Los bienes que aparecen a nombre de Miguel Ángel Carballo, más conocido como el “mecánico de oro” o presunto testaferro del senador colorado Víctor Bogado, están siendo objeto de investigación por parte de la fiscala de Delitos Económicos Josefina Aghemo. El mismo ya reconoció en otro proceso que era “planillero” en el Congreso.
El allegado al parlamentario posee hasta un shopping en los papeles y es accionista mayoritario de la empresa Rocket SA, integrada con 19 acciones de G. 100.000.000 cada una, de las cuales nada menos que 18 están a su nombre.
Según fuentes confiables, el shopping Paseo Vía Bella, ubicado en el barrio Carmelitas, sigue estando a nombre de Rocket SA, por lo que puede ser objeto de decomiso ante un eventual proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El inmueble, en papeles costó G. 1.900 millones, pero en realidad habría sido adquirido por US$ 3 millones.
A nombre de la misma firma también aparece un lujoso departamento o minilof en el Yacht y Golf Club Paraguayo que costó G. 450.000.000.
Como propiedad de Miguel Ángel Carballo aparecen tres fincas ubicadas en Emboscada, de donde es oriundo, que no tendrían un valor muy significativo y que en realidad serían de su propiedad.
El Ministerio Público todavía no define el procesamiento del “mecánico de oro”, quien no podría justificar esos bienes millonarios con un sueldo de poco más de G. 5 millones en la Municipalidad de Asunción. Actualmente, Carballo fue comisionado al Ministerio de Justicia.
Además, hay un juicio civil donde se revelaría una deuda a favor de Carballo de nada menos que US$ 300.000, donde está demandada la diputada Cynthia Tarragó.
En otro proceso por cobro indebido de honorarios, el mecánico ya reconoció su planillerismo en la Cámara de Diputados, donde percibía un salario de G. 10 millones y pretende devolver unos G. 100 millones.
Segunda “niñera”
El senador colorado Víctor Bogado se ve salpicado por un segundo caso de pago de empleada particular con dinero del Estado. La fiscala de Delitos Económicos Claudia Morys, que es interinada actualmente por su colega Yolanda Portillo por encontrarse con reposo por maternidad, investiga a Cinthia Centurión Amarilla, quien es doméstica de la exesposa del parlamentario, Guadalupe Aveiro, y sus hijas. Sin embargo, la misma aparece como funcionaria del Registro Electoral de Lambaré. Además de informes varios, el Ministerio Público actualmente aguarda el resultado de un cruce de llamadas del teléfono celular de la mujer, debido a que se busca ubicarle en alguna celda telefónica para comprobar sus actividades.
Zafó por Conatel
Víctor Bogado logró zafar de su proceso por el desvío de G. 12.000 millones en Conatel, cuando se desempeñaba como titular, que resultó ser una burla judicial. Cuando era diputado, el mismo fue “blindado” por sus pares con sus fueros, pero luego se “autodespojó” cuando el resto de los procesados lograron el “finiquito”, lo que también le alcanzó.
griselda@abc.com.py