Dos juicios y una preliminar para Ortigoza

Con la resolución dictada el viernes último por el juez Hugo Sosa Pasmor, ya suman dos los juicios que el expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Luis Ignacio Ortigoza deberá afrontar, por la venta de tierras durante su gestión al frente del ente, entre los años 2011 y 2012. Para este viernes también está prevista la audiencia preliminar en el caso conocido como “San Agustín”, mientras un cuarto proceso penal prosigue su trámite.

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Si bien la Fiscalía acusó a 14 personas por la venta de 13 inmuebles (52.000 hectáreas) ubicados en colonia Mayor Pablo Lagerenza, distrito de Bahía Negra, Alto Paraguay, por un valor inferior al precio de mercado, con un perjuicio de más de G. 15.000 millones para el Estado, el expresidente del Indert Ignacio Luis Ortigoza es el único que afrontará juicio oral y público por lesión de confianza.

Así lo dispuso el viernes último el juez penal de garantías Hugo Sosa, tras descartar favorecer a Ortigoza con una salida alternativa, en atención al alto grado de reprochabilidad que le atribuye el Ministerio Público al acusado, en atención al importante cargo que ocupó en la institución.

Distinta es la situación de los demás acusados, trece en total, para los que el magistrado dispuso la suspensión condicional del procedimiento, con el consentimiento de los fiscales René Fernández y Silvia Cabrera.

A cambio, estas personas –que adquirieron las tierras– se comprometieron a reparar el daño causado al Estado mediante la devolución de la diferencia entre el valor de la propiedad y el valor real, establecido por la Fiscalía en G. 15.381.715.000. Asimismo, los procesados también depositarán otros G. 9.000 millones a cuenta del Estado.

“Si bien el perjuicio descripto en la acusación es de más de G. 15.000 millones, con el monto que está solicitando el representante del Indert serían G. 24.700 millones lo que estaría recuperando el Estado, G. 9.000 millones más de lo que se había acusado inicialmente”, precisó la fiscala Silvia Cabrera, al explicar los motivos que llevaron al Ministerio Público a consentir el acuerdo.

Las personas beneficiadas con la suspensión condicional del procedimiento (por un plazo de 3 años) son Enriqueta Guerreros de González, Hermes Barrios Gaona, Mirtha Graciela Díaz de Palacios, Elvio Aurelio Araújo Florentín, Martín López Agüero, Silo Guerrero Acosta, Mirta Lourdes Araújo Armoa, Antenor Dionicio González, Alfredo González Ramírez, Ide Joel González Ramírez, Lino Marín Brizuela, Bernardino Benítez González y Anselmo Benítez González.

Las resolución judicial establece que el millonario monto correspondiente a la diferencia deberá ser abonada en seis pagos semestrales de G. 130.846.000, a ser depositados en la cuenta que corresponde a las recaudaciones por caja en casa central.

“La reparación ofrecida por los cómplices beneficia solamente a ellos, la responsabilidad penal es personal, y es posterior a la consumación. Otra cuestión que tuvimos en consideración es que hay un concurso de hecho punible; él (Ortigoza) cometió 13 hechos de lesión de confianza: son 13 procesos en los que él dispuso la exclusión de la aplicación del precio vigente al momento de la venta, por lo cual la expectativa de pena es de más de 10 años”, indicó a su vez el fiscal René Fernández, al justificar el pedido de juicio oral para Ortigoza.

OTRAS DOS CAUSAS

El expresidente del Indert tiene dos procesos en trámite, uno de los cuales tiene audiencia preliminar fijada para este viernes 30, ante el juzgado penal de garantías a cargo de Rubén Riquelme.

Se trata de la compra de 5.000 hectáreas de tierra en Cordillera de la firma San Agustín, vinculada al senador oviedista Jorge Oviedo Matto, que según la Fiscalía causó un perjuicio de G. 47.000 millones. Además de Ortigoza, también están acusados el diputado Pedro Milciades Duré Argüello y el administrador de la estancia, Arnaldo Jara Alvarenga.

Esta, a pesar de ser la primera causa abierta contra el extitular del Indert Ignacio Luis Ortigoza, estuvo paralizada hace más de un año, debido a recursos que impedían la realización de la preliminar.

El otro proceso, a cargo del juez Hugo Sosa, tiene relación con la adjudicación a un ciudadano árabe de un lote de 10 hectáreas que correspondía al aeropuerto de Capitán Bado. Ali Hatem pagó apenas el monto de G. 5.119.323 por el mismo.

Venta de lotes causó millonario perjuicio

La acusación presentada por los fiscales René Fernández y Silvia Cabrera detalla las acciones realizadas por el expresidente del Indert Ignacio Ortigoza para concretar la venta de las tierras ubicadas en colonia Mayor Pablo Lagerenza, distrito de Bahía Negra, Alto Paraguay, a un precio muy inferior al de mercado.

“El acusado Ignacio Luis Ortigoza Samudio ha realizado actos de disposición lesivos al patrimonio del Indert, vinculados con la adjudicación y venta de inmuebles que formaban parte del patrimonio de la entidad”, refiere la acusación.

Sigue manifestando que “el acto de disposición realizado por el acusado Ignacio Luis Ortigoza Samudio consistió en la autorización, vía resoluciones presidenciales, de la percepción de sumas de dinero inferiores a los precios vigentes al momento de la realización de los trámites de adjudicación y titulación de inmuebles”, a favor de las trece personas, ahora beneficiadas con la suspensión condicional del procedimiento.

“El abogado Ignacio Luis Ortigoza Samudio, en su carácter de presidente del Indert en los meses de noviembre y diciembre del año 2012, por resoluciones de presidencia resolvió la exclusión de 13 lotes solicitados en expedientes administrativos, ubicados en la Colonia Mayor Pablo Lagerenza, distrito de Mayor Pablo Lagerenza del departamento de Alto Paraguay, de los alcances de las Resoluciones P. N° 2218/09 y 3186/09, que fija los nuevos precios por hectárea quedando establecido que el precio a ser aplicado a los 13 lotes, es el anterior a dichas normativas, es decir, a G. 30.000 por hectárea”, agrega la acusación.

“Vendetta”

En declaraciones a la prensa, Ortigoza se limitó a decir que está tranquilo y que demostrará en juicio su inocencia con pruebas. Asimismo, dijo que la Fiscalía se “ensañó” con él al insistir en su prisión preventiva.

En una ocasión anterior, el expresidente del Indert dijo que era víctima de una “vendetta” por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos, en referencia a los cuatro procesos que soporta, pero se excusó de ahondar en detalles sobre los supuestos motivos.

“Es una cuestión administrativa, la misma de siempre. Hay una vendetta contra mí de la unidad (Anticorrupción y de Delitos Económicos), pero ya vamos a ir hablando de eso. Yo tengo todos los documentos y los voy a presentar.

El abogado Carlos Battaglia, defensor de Ortigoza, se excusó de realizar declaraciones sobre el caso en varias ocasiones.

Audiencia pública por venta de reserva

El primer juicio oral y público para el expresidente del Indert Ignacio Luis Ortigoza está fijado para los días 5 y 6 de abril del 2016. El juzgamiento estará a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por María Luz Martínez, Daniel Ferro y Víctor Alfieri.

La acusación de la fiscala Yolanda Portillo sostiene que Ortigoza durante su gestión entre los años 2011 y 2012, como titular del Indert, vendió un poco más de 7 hectáreas de tierras de la reserva del Mbaracayú. El Ministerio Público sostiene que el supuesto perjuicio producido por la enajenación de la propiedad sería de unos G. 40.000 millones.

Además de Ortigoza, otras ocho personas han sido igualmente acusadas por el Ministerio Público en esta causa. Se trata de los beneficiarios del inmueble, Wilma Fernández Mancuello, Manuel Rouz Trinidad, David Chamorro López, Juan José Melgarejo Frutos y Luis Alberto Álvarez Giménez, y los funcionarios del Indert Feliciano Romero Rodríguez y Juan Ramón Sosa Fretes.

“Se acusó por estafa consumada con respecto a uno de los inmuebles que es el que finalmente se inscribió en el Registro y que ahora Itaipú está luchando para declarar la nulidad de este título que se perfeccionó y en el otro fue tentada, por cuatro inmuebles que no se lograron inscribirse”, indicó la fiscala Portillo.

En la audiencia preliminar, el juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor dispuso la elevación de la causa a juicio oral por estafa en calidad de coautores Feliciano Romero Rodríguez y Juan Sosa Fretes, mientras que Andrés Argüello será juzgado como cómplice de estafa.

Suspensión condicional

En aquella ocasión, fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento Wilma Marina Fernández, quien deberá abonar G. 5.000.000 a la Fundación Solidaridad; Manuel Fouz Trinidad, donará a la Fundación Lidia Barreto G. 5.000.000, Luis Alberto Álvarez, donará G. 5.000.000 a la Fundación Asoleu y David Marino Chamorro donará a la parroquia Medalla Milagrosa G. 5.000.000.

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