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González, quien se desempeña como camarista de Alto Paraná, es muy criticado por sus actuaciones en diferentes procesos. Incluso, fue auditado por la Corte Suprema ante los sugestivos fallos dictados en la Cámara junto a sus otros colegas de segunda instancia.
González y su colega Lorenzo Derlis Rodríguez habían favorecido con la reclusión domiciliaria a Felipe Ramón Duarte, imputado por la fiscalía como el cerebro de lavado de 600 millones de dólares al exterior, entre los años 2010 y 2011, a través de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental. La magistrada Miryam Meza había votado en disidencia.
“El derecho a la libertad por la subordinación de la pena mínima a los seis meses ha llegado a su término y se debe disponer la medida menos grave, arresto domiciliario”, refiere el fallo.
La Oficina de Auditoría de Gestión Judicial, a cargo de su director Mario Elizeche, recomendó a la Corte que disponga la instrucción de un sumario a los camaristas González y Rodríguez, por favorecer con el arresto domiciliario a Felipe Ramón Duarte, imputado por lavado de dinero, ya que se puso en “riesgo” el proceso.
Por otro lado, el Consejo de la Magistratura se vio obligado por ley a incluir a González en la terna para hacer el rekutu en su cargo.
“De la misma manera un miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal - Departamento de Alto Paraná, tuvimos que incluir al titular, el abogado Isidro González Sánchez, que tiene varias denuncias”, es la observación que hicieron los miembros del Consejo en la nota que remitieron a la Corte Suprema de Justicia, en donde González contaría con varios padrinos.
El cuestionado camarista había convocado a todos los jueces de Alto Paraná para una reunión que se hizo el 26 de abril pasado, para “tratar sobre temas de interés”.
Sin embargo, la convocatoria se hizo llamativamente después de la imputación que la fiscalía presentó contra el ministro de la Corte Sindulfo Blanco, uno de los superintendentes de la circunscripción judicial de Alto Paraná; o sea el “jefe” directo de los magistrados que ahora lo defienden y que desconocen el delito de prevaricato que está previsto y penado en el Código Penal, para sancionar a los jueces que se apartan del derecho a fin de favorecer a una de las partes.
Asociación de Jueces
La Asociación de Jueces del Paraguay, cuya directiva incluso apareció en una foto con el ministro Blanco cuando le llevaron su solidaridad, está presidido por el camarista Delio Vera Navarro, quien también tiene cuestionamientos a su gestión al igual que su colega de Alto Paraná Isidro González.
Vera Navarro se vio salpicado en un supuesto esquema para favorecer a procesados por tráfico de droga. El caso también afectó a algunos ministros de la Corte, entre ellos Blanco, que supuestamente tiene precio para blanquear o reducir la pena a involucrados en narcotráfico.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz, había ordenado investigar el esquema judicial para favorecer a narcotraficantes, quienes habrían pagado US$ 630.000, para ser beneficiados con fallos judiciales. El fiscal René Fernández fue designado para indagar la supuesta comisión de los hechos punibles de prevaricato, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias.
La causa se abrió a raíz del hallazgo de documentos en una computadora que estaba en el despacho de Vera Navarro, que era usada por su relator Javier Martínez. Este funcionario fue condenado por supuestamente estar implicado en la libertad del “rey de la marihuana”, Damián Delvalle, mediante una resolución falsificada de los miembros de la Cámara de Apelaciones.
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