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A finales del año pasado se manejaba la información de la ampliación de imputación por coacción sexual y abuso sexual en personas indefensas, contra cuatro adolescentes. Sin embargo, sigue habiendo un solo procesado, un adolescente de 15 años que soporta un arresto domiciliario y permiso para asistir al colegio.
Si bien la falta de declaración de la víctima, que hasta ahora es sometida a terapia psicológica, impide la identificación de más agresores, se tiene especial expectativa en el trabajo técnico de búsqueda de mensajes de texto, fotografías y videos en los chips de celulares, notebook y hasta juegos electrónicos (PlayStation) incautados de chicos de dos colegios que tendrían directa participación en el hecho, o sabrían lo que aconteció el 10 de noviembre del año pasado.
La dilación en la entrega de los soportes magnéticos donde se bajaron los archivos de los objetos incautados genera temor porque solo tras prórrogas los peritos acercaron sus trabajos a la jueza Edith Coronel Alen.
Hay fuertes versiones de que intencionalmente no se copiaron los documentos comprometedores, y fuentes policiales inclusive hablan de que a cambio hubo una fuerte suma de dinero que oscilaría los G. 90 millones.
Sin embargo, esto fue desmentido categóricamente por la fiscala Teresa Martínez, quien además asegura que todas las evidencias incautadas tienen copia de seguridad y están resguardadas en el Laboratorio Forense del Ministerio Público. A su vez, la investigadora dijo que desconfía que esa versión en realidad sea para encaminar otra cosa, e intentar anular las pruebas que hasta ahora pudo colectar.
Otro punto objetado es que después de cuatro meses, la jueza Coronel tuvo que intimar a catorce propietarios de teléfonos celulares “Blackberry” (todos menores) a que nuevamente entreguen los aparatos en un plazo de 24 horas.
Fue a pedido de la fiscalía, que argumentó que de los chips de los 54 aparatos celulares incautados, 14 son Blackberry, cuyo sistema requiere que el análisis sea realizado con los equipos de origen, debido a que cuentan con código específico.
Cámara no registra imágenes
Tal vez una prueba fehaciente de manipulación de evidencias tiene que ver con que la cámara del circuito cerrado del club Centenario, entre el 10 y 11 de noviembre, posee “lagunas” y no registra imágenes a la hora en que habría ocurrido el hecho.
Tiene que ver con la cámara que está sobre la avenida Mariscal López, que no registra imagen alguna a partir de las 1:00 y las 02:30, y esto fue advertido y comunicado por el perito Gustavo Ariel Gómez Rambado, experto en acústica e imágenes del Ministerio Público.
El 15 de febrero pasado, el perito presentó por escrito el informe técnico sobre la extracción de datos de la grabación de las cámaras de seguridad del referido club social, 36 en total.
Gómez Rambado, en su presentación, dejó constancia de que la cámara 14, que se encuentra sobre la avenida Mariscal López, solo tiene grabación hasta las 1:00, motivo por el cual se solicita que se haga las 02:30. Siempre se manejó el dato de que el hecho habría ocurrido a las 1:30, y por eso resulta más sospechoso esto último.
“El perito explicó que en la cámara que está en la entrada principal del club, cuando se llega a la una de la mañana del 11, en vez de contener las imágenes a partir del referido momento, repite la imagen que empieza a las 21:00 y va hasta la 01:00. El perito dice que como se repartió en carpetas, cree que se duplicó por error y él mismo recomienda que se pida al club el archivo que falta”, explicó la abogada Cecilia Pérez Rivas, representante legal de la familia de la víctima.
El club Centenario siempre se mostró con puertas abiertas, pero fue el que proporcionó a la fiscalía los CD de filmación del 10 y 11 de noviembre, y a esta altura ya no tendría el original porque se renueva cada 30 días.
griselda@abc.com.py