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Si bien Cecilia fue secuestrada el 21 de setiembre de 2004, las pruebas presentadas en los tres juicios realizados a los acusados por el secuestro y crimen de Cecilia revelaron la macabra trama urdida un año antes de su ejecución, con asistencia de referentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En el primer juicio fueron juzgados activistas y simpatizantes del partido de izquierda Patria Libre, por su responsabilidad en la planificación y distintas etapas de la ejecución del plagio.
Testigos y pruebas tales como el registro de llamadas y de correos electrónicos permitieron determinar que la planificación del crimen se inició en el 2003 y el seguimiento a la víctima, un mes antes de su captura.
Entre estos datos están los emails intercambiados entre Rodrigo Granda, canciller de las FARC, y Reyes y los informes enviados por el entonces líder del partido de izquierda Patria Libre Osmar Martínez a Reyes y otros referentes de la guerrilla colombiana, en los que se observan referencias directas e indirectas al secuestro de la hija del expresidente Raúl Cubas Grau, antes durante y después del secuestro.
El correo utilizado por Martínez era musguero@hotmail.com, creado el 9 de mayo de 2003. El de Granda era trotador505@hotmail.com, habilitado el 7 de mayo en Ecuador. Un informe de Microsoft reveló en forma contundente la conexión. Para demostrar que el usuario de musguero@hotmail.com era Osmar Martínez, la fiscalía consideró un correo enviado por “musguero” que tenía como remitente el nombre Osmar, y en el cual se consignó el número de celular 0971-416997, línea y dirección que posteriormente se confirmó pertenecían a Martínez. En el cateo de la casa del citado, en Caaguazú, fue hallada una tarjeta en la que figuraba la dirección de correo “trotador505@hotmail.com”, lo cual originó la investigación de dicho email.
Otros acusados tuvieron participación en la captura de la víctima, así como el alquiler de las distintas casas utilizadas por el grupo, entre ellas la casa donde se halló el cuerpo sin vida de Cecilia, el 16 de febrero del 2005 en Ñemby.
Esta vivienda fue comprada por Roberto Otazú Bustos con la cédula de identidad de un indígena, que la había dejado a modo de garantía a cambio de víveres en una despensa de San Pedro, propiedad de Hilarión Osorio. Otazú y Osorio, activistas de PPL, fueron condenados a 25 años y 9 meses y a 24 años y 9 meses, respectivamente, en el primer juicio.
La autopsia reveló que Cecilia Cubas fue enterrada viva y murió por asfixia. Medicamentos hallados en la casa del horror hacen suponer que la mantuvieron dopada durante su cautiverio.
El segundo juicio se realizó con relación a Casildo Acosta, y dejó al descubierto las maniobras utilizadas para ocultar de la justicia a Osorio.
El tercer juicio tuvo como protagonistas a un integrante del brazo armado y a seis que habrían participado en la reunión de “punto final”, donde se decidió la ejecución de la víctima.
Pena máxima y medidas de seguridad
El 1 de diciembre del 2006 concluyó el primer juicio oral realizado por el caso Cecilia Cubas y que tuvo como protagonistas a 15 activistas del Partido Patria Libre. El Tribunal presidido por Elsa García condenó a 12 acusados y absolvió a tres, que recuperaron su libertad al término de la audiencia.
Este fallo ha sido parcialmente ratificado en instancias superiores. El único punto modificado fue la absolución de Asael Salas, José Martínez y José Martínez Durán, para los que se dispuso la realización de un nuevo juicio oral, actualmente pendiente de realización.
En ese juicio, el exsecretario general Osmar Martínez y Anastacio Mieres recibieron las penas más elevadas, de 35 años de reclusión, de los cuales 25 corresponden a la pena máxima y 10 a medidas de seguridad. La exreligiosa Francisca Andino fue condenada a 30 años de reclusión (22 años de prisión y 8 años de medidas de seguridad).
Los demás condenados son: Roberto Otazú a 25 años y 9 meses (18 años y 9 meses de prisión y 7 años de medidas); Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, Manuel Portillo, Sebastián Osorio y José Hidalgo a 24 años y 9 meses (18 años y 9 meses de prisión y 6 años de medidas); Aldo Meza a 15 años de cárcel; Lidia Samudio y Rosalba Jara a 5 años de prisión.
Un segundo juicio concluyó el 31 de mayo del 2007, con la condena de Casildo Acosta a 7 años y 6 meses por asociación criminal, reducción y frustración de la persecución penal. El Tribunal presidido por María Esther Fleitas concluyó que Acosta incurrió en los delitos citados anteriormente al intentar ocultar a Sebastián Osorio (sentenciado a 24 años de cárcel en el primer juicio).
El 15 de julio del 2012 concluyó el tercer juicio por el secuestro y crimen de Cecilia Cubas. El Tribunal de Sentencia presidido por Letizia De Gásperi sentenció a 35 años de reclusión (25 de prisión y 10 de medidas de seguridad) a Aristides Vera Silguero, Basiliano Cardozo Giménez, Simeón Bordón Salinas, Gustavo Lezcano Espínola, Agustín Acosta González y Roque Rodríguez Torales.
Estas personas declaradas coautores de secuestro, homicidio y asociación criminal. El Tribunal concluyó que Espínola integraba el brazo armado y los demás el comité político y que participaron en la reunión de “punto final”, donde se decidió la ejecución de la víctima.
Absoluciones nulas obligan a un nuevo juicio
Asael Salas, José Martínez y José Martínez Durán, todos activistas del Partido Patria Libre, deben afrontar un segundo juicio oral y público por el secuestro y crimen de Cecilia Cubas. Estas personas fueron absueltas en el primer juicio, pero en agosto de 2007 la Cámara de Apelación, 3ª sala, anuló dicha decisión y ordenó la realización de un nuevo juicio con relación a ellos, el cual aún está pendiente de realización.
En aquella ocasión, en un encendido discurso, Salas acusó de bastardos y de mierda a la fiscalía (expresiones que motivaron un llamado de atención por parte del tribunal) y advirtió que seguiría en su lucha desde la cárcel porque “el pueblo se está preparando para grandes batallas”. Tras recuperar su libertad, ya nada se supo de él.
Prófugos y abatidos
Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, Magna Meza, Isax Burgos, Alsides Mereles, Lorenzo González, Óscar Benítez, Blas Franco y Ángel Acosta integran la nómina de prófugos de este causa.
También contaban con orden de captura en esta causa Severiano Martínez, Nimio Cardozo Cáceres y Gabriel Zárate Cardozo, abatidos por la Policía en distintos operativos.
Asimismo, son requeridos por la justicia paraguaya los colombianos Rodrigo Granda Escobar y Orley Jurado Palomino o Mauro Valverde, ambos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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