Al igual que otras autoridades, Acosta Zúñiga participó del Seminario Internacional de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), que se desarrolló la semana pasada en el hotel Crowne Plaza de Asunción.
La contralora costarricense explicó los alcances de la labor fiscalizadora en el país del Caribe. A diferencia de Paraguay, donde la mayoría de las entidades son auditadas por el Tribunal de Cuentas y no por la Contraloría General, allí se imponen sanciones administrativas y civiles. La última instancia es recurrir a lo contencioso-administrativo.
“Por ejemplo, dentro de nuestra competencia está la fiscalización del Poder Judicial como administración activa y la Contraloría tiene acceso a toda la información y documentación. Es un deber del Poder Judicial como tal, atender los requerimientos de la Contraloría General”, refirió.
Agregó: “Tenemos la competencia para hacerlo y el Poder Judicial se somete. De hecho hemos realizado ya este año algunos estudios, relacionados a algunos préstamos y al sistema de pensiones, y les hemos llamado la atención sobre los manejos de esos fondos. Hacemos un informe y le remitimos disposiciones que son vinculantes y tienen que cumplirlas”.
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Sobre el punto, ahondó: “En Costa Rica, por Constitución y por la ley orgánica nuestra, nuestros dictámenes son vinculantes. Es decir, nosotros hacemos un estudio, lo presentamos, lo discutimos, porque también la idea es que las disposiciones nuestras sean prácticas y aplicables y una vez que salga el informe firme, tienen que acatar y la Contraloría le da plazos”.
Respecto al hecho de que eventualmente las instituciones no cumplan con las recomendaciones del ente de control, Acosta Zúñiga aseguró que la entidad a su cargo, por ley orgánica, tiene algunos recursos para hacer que se sea efectiva la decisión.
“Además, también tenemos los recursos en sede judicial, contencioso-administrativo y allá se lleva para que se ordene lo que se tiene que ordenar. Pero los dictámenes sí son vinculantes, están los recursos para que las instituciones, incluido el Poder Judicial, objete y la Contraloría finalmente decide, luego de una revisión. Si persiste el desacuerdo, se puede llevar a un juicio contencioso-administrativo”.
Con relación a este último punto, la contralora explicó que hay exfuncionarios públicos que interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte contra un dictamen de la Contraloría.
“Nunca una institución ha cuestionado nuestra potestad sancionatoria, aunque sí un dictamen específico. Ya tenemos fallo a favor de la Contraloría en un caso, y otros pendientes”, refirió.
Información, la clave
Otro punto que resaltó Martha Acosta Zúñiga es que en la lucha contra la corrupción, la información es la clave para que la ciudadanía persista en pedir que se esclarezcan los manejos de fondos públicos.
“En tanto existan ciudadanos informados, ellos también van a poder hacer denuncias informadas que se basen en la realidad”, explicó.
Acotó: “Una forma de luchar contra la corrupción es generar bastante información a la ciudadanía de lo que hacemos a través de la prensa, y también información con relación a los grandes y pequeños contratos del Estado, además del presupuesto otorgado a las instituciones públicas, y que la ciudadanía sepa en qué están gastando el dinero y en qué no, qué licitación pública se repite y los montos otorgados cada vez, entre otros”.
A su vez, la contralora refirió que los casos que ameriten una investigación por un hecho punible, son remitidos al Ministerio Público, para la correspondiente pesquisa penal.