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Los fiscales Silvia Cabrera y René Fernández prestaron su acuerdo para que el juez Hugo Sosa Pasmor decrete la suspensión condicional del procedimiento en beneficio de trece acusados, quienes se comprometieron a devolver más del perjuicio ocasionado al Indert.
Durante la gestión de Luis Ortigoza, las tierras fueron vendidas por precios menores, ya que se utilizaron tasaciones derogadas y con ello se causó un perjuicio de G. 15.378.240.000.
Sin embargo, el Ministerio Público solo aceptó la reparación del daño por el valor actual del mercado y es por ello que finalmente los acusados se comprometieron a pagar G. 24.700.000.000 (cerca de 5 millones de dólares).
Las personas beneficiadas con la suspensión condicional del procedimiento (por un plazo de 3 años) son Enriqueta Guerreros de González, Hermes Barrios Gaona, Mirtha Graciela Díaz de Palacios, Elvio Aurelio Araújo Florentín, Martín López Agüero, Silo Guerrero Acosta, Mirta Lourdes Araújo Armoa, Antenor Dionicio González, Alfredo González Ramírez, Ide Joel González Ramírez, Lino Marín Brizuela, Bernardino Benítez González y Anselmo Benítez González.
Las resolución de Sosa Pasmor establece que el millonario monto correspondiente a la diferencia deberá ser abonada en seis pagos semestrales de G. 130.846.000, a ser depositados en la cuenta que corresponde a las recaudaciones por caja en casa central.
De acuerdo a los antecedentes, los procesados habían sido adjudicados con las 13 parcelas de 4.000 hectáreas cada una de ellas por la suma de G. 130.000.000 que corresponde al 10% del valor del precio vigente al momento de la operación.
Como propuesta inicial, las defensas plantearon reparar el daño integral, con la finalidad de acogerse a la suspensión condicional del procedimiento. Sin embargo, los fiscales de Delitos Económicos requirieron el pago, más la diferencia del precio por hectárea vigente al momento de la realización de la preliminar, lo cual género que además del pago de los casi G. 15.000.000.000 se adhiriera unos G. 9.000.000.
Fernández, tras esta reparación, indicó: “Para nosotros este hecho es un logro importante en el marco de la ejecución penal pública. Esto, teniendo en cuenta que la institución no solo busca la sanción penal para los funcionarios públicos sino también la reparación del daño al Estado paraguayo”.
Cabrera, por su parte, señaló: “Si bien el perjuicio descripto en la acusación es de más de G. 15.000 millones, con el monto que está solicitando el representante del Indert serían G. 24.700 millones lo que estaría recuperando el Estado, G. 9.000 millones más de lo que se había acusado inicialmente”.
Luis Ortigoza sí será juzgado
El fiscal René Fernández indicó que pese a que el perjuicio ocasionado al Indert fue reparado, su extitular Ignacio Luis Ortigoza Samudio sí será juzgado en juicio oral y público.
“En este caso y a pesar de que el juicio oral y público para el extitular del Indert está pendiente, ya podemos hablar en esta instancia de lo significativo que es recuperar de manera efectiva la suma a favor de las arcas estatales, a través del Indert que es el organismo encargado de la aplicación de políticas agrarias, por lo que estos recursos van a poder ser aplicados para el cumplimiento de los fines de esa institución”, refirió el investigador.
El juez Hugo Sosa Pasmor resolvió que Ortigoza afronte juicio por lesión de confianza, porque supuestamente realizó actos de disposición lesivos al patrimonio del Indert, referente a tierras ubicadas en la Colonia Pablo Lagerenza, en el distrito de Bahía Negra, en el departamento de Alto Paraguay (Chaco). “La responsabilidad es personal. En ese sentido, el Ministerio Público consideró que no era viable la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento para él (Ortigoza)”, indicó la fiscala Silvia Cabrera.
Según la acusación, la conducta reprochable de Ortigoza “consistió en la autorización, vía resoluciones presidenciales, de la percepción de sumas de dinero inferiores a los precios vigentes al momento de la realización de los trámites de adjudicación y titulación de inmuebles”.
“En su carácter de presidente del Indert en los meses de noviembre y diciembre del año 2012, por resoluciones de presidencia resolvió la exclusión de 13 lotes solicitados en expedientes administrativos, ubicados en la Colonia Mayor Pablo Lagerenza, distrito de Mayor Pablo Lagerenza del departamento de Alto Paraguay, de los alcances de las Resoluciones P. N° 2218/09 y 3186/09, que fija los nuevos precios por hectárea quedando establecido que el precio a ser aplicado a los 13 lotes, es el anterior a dichas normativas, es decir, a G. 30.000 por hectárea”, se desprende del escrito de acusación penal.
griselda@abc.com.py