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El abogado de empresas Fernando Beconi, exasesor del entonces presidente del Banco Central, Jorge Corvalán (2012 y 2013), afirmó que “sigue viva” la deuda del Paraguay por el caso Gramont Berres de aproximadamente 95 millones dólares. Señaló que las deudas de Estado no prescriben, a diferencia de las personas físicas o jurídicas.
En una entrevista con nuestro diario, Beconi, excandidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia, asesor de entidades financieras, industrias, importadoras, exportadoras y profesor de Derecho Mercantil y Derecho Empresarial en la Facultad de Derecho (UNA), opinó sobre el controvertido caso Gustavo Gramont Berres (cuyo nombre verdadero es Benjamín Levy Avzarradel), quien residiría actualmente en España.. Beconi recordó que asesoró en el caso Gramont al que era presidente del Banco Central, Jorge Corvalán (2012 y 2013).
Aludiendo al juicio que ganó Paraguay en tribunales de Nueva York en marzo del 2017 por el caso Gramont, refirió que el juez hizo lugar a la defensa del Estado paraguayo en cuanto a la inmunidad de jurisdicción del Paraguay.
Señaló que rechazó la ejecución iniciada por la aseguradora italiana SACE ante un tribunal de los Estados Unidos de América.
Consultado si se puso fin a la deuda, Beconi respondió: “Lastimosamente no. Ganamos en Estados Unidos, pero la deuda sigue viva. Las deudas de Estado no prescriben, a diferencia de las personas físicas o jurídicas.”
El profesional del Derecho explicó que Estados Unidos ya no condenará al Paraguay porque tiene “inmunidad de jurisdicción”.
Sin embargo, aseveró que el país está expuesto a una demanda “en cualquier otro país donde Paraguay tenga bienes”. “Eventualmente si el juez considera que está expedita la vía para proceder a un embargo de activos del Estado, podría hacerlo”, expresó.
Requerido sobre cuál es su recomendación, Beconi contestó: “Para terminar con el pleito algunos recomiendan pagar, plantear una quita o pagar en cuotas. ¿Qué ocurre? Nuestras reservas en gran medida estaban en el Banco Internacional de Pagos de Basilea, en donde ni siquiera cobrábamos y hasta teníamos tasa negativa como país ahorrista. Entonces, con lo que rinden las reservas paraguayas ya hubiéramos pagado varias cuotas de la deuda de Gramont”.
Beconi sugirió que el Estado paraguayo demande a Suiza ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya (Holanda) por denegación de justicia. Por otra parte, agregó que lastimosamente “no tenemos extinguida la deuda”. Afirmó que Paraguay sigue “exactamente en el mismo escenario”. “En derecho, muchas veces, se dice que no todo lo legal es justo y no todo lo legal es legítimo. En el caso Gramont tenemos una sentencia ilegal, injusta, arbitraria, que violentó principios del derecho internacional pero existe, sobrevive”, manifestó.
Antecedentes
A inicios de agosto de 2015, el entonces gobierno de Horacio Cartes fue notificado de una demanda de la aseguradora italiana SACE contra el Paraguay, en reclamo de una deuda de US$ 80 millones, ante la Corte distrital de Columbia, Washington DC. Era para el reconocimiento y ejecución de dos fallos de la justicia suiza contra el Paraguay en el caso Gramont Berres.
El Paraguay rechaza esta condena desde que se conoció en el 2005, por tratarse de una cuenta ilegítima originada en un fraude cometido por Gramont Berres con falsas garantías de la dictadura de Stroessner (ya fallecido).
La SACE fue la que emitió la póliza de seguro del préstamo otorgado en 1986 por el banco Overland Trust de Ginebra (Suiza) a Gramont Berres, declarado embajador itinerante por el dictador Alfredo Stroessner (1954-89). Con base en eso, pidió la ejecución de los fallos de la justicia suiza luego de haber negociado y pagado 24.900.000 euros a los 10 bancos suizos que en principio habían demandado al Paraguay por el crédito.
El proceso judicial se tramitó casi por dos años y, finalmente, la jueza de Washington que atendió el caso, Ketanji Brown Jackson, emitió el 21 de marzo de 2017 un fallo histórico por el cual rechazó la referida demanda y, además, estableció que el Paraguay, como Estado soberano, tiene inmunidad y, por tanto, no puede ser sujeto de proceso.
El Gobierno del entonces presidente Horacio Cartes consideró que Paraguay se liberó de la ilegítima deuda de US$ 95 millones por el caso Gramont Berres. El exprocurador general de la República, Roberto Moreno, aseguró en su momento que la sentencia quedó firme y que SACE ya no tiene otra instancia judicial para recurrir.
Destacó que una de las consecuencias positivas del triunfo legal, además de evitar al país el pago de 95 millones de dólares, es que las reservas monetarias depositadas en un banco suizo podrán ser llevadas a otras entidades financieras que reditúan mucho más en intereses.
Silencio en la Procuraduría
Intentamos obtener la opinión del actual procurador general, Sergio Coscia, pero no atendió nuestro requerimiento. Por ahora, el gobierno de Mario Abdo Benítez se mantiene en silencio sobre el polémico caso Gramont Berres, en el sentido de si la deuda del Estado sigue vigente.
El ministro de Hacienda, Benigno López, señaló hace unos días que el Paraguay puede disponer ahora sin restricciones de sus reservas internacionales porque está finiquitado el juicio en Estados Unidos. Hoy el nivel de las Reservas Internacionales ronda los US$ 8.391 millones, y desde el año pasado el BCP recibe asesoramiento del Banco Mundial para la inversión de la Reserva Internacional Neta (RIN) del país, actividad que tenía restringida desde el 2005 a causa de la demanda contra el Estado por el caso Gramont.