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En tal carácter, uno de los roles que asumió la acusada, fue la representación de la empresa denominada STRONG SA, así como el manejo de otras empresas del grupo criminal, entre ellas M.H. Electrónica SA, y a través de ellas realizó varias acciones ante entidades públicas y privadas para disimular el origen de grandes cantidades de dinero que provenían de la comercialización de piratería, narcotráfico, contrabando y otros delitos, y así insertar esas sumas al sistema financiero, para que luego de varias operaciones desaparezcan.
Tales acciones se dieron en un primer momento, mediante la manifestación y presentación de documentaciones con información que no se corresponde con la realidad comercial de la empresa que representaba, para reflejar que el estado patrimonial de la empresa Strong SA, era elevado y que su movimiento comercial era muy rentable, cuando en realidad se trataba de una empresa que operaba por años a pérdida.
Luego, una vez que las sumas de dinero ingresaron a las cuentas, sobrepasando los controles de prevención y detección de Lavado de Dinero, la acusada en ocasiones realizaba las transacciones de remesas al exterior y en otras (la mayoría) realizaba todos los trámites para la transacción, autorizando la operación de transferencia, pero entregando el dinero y la documentación a terceros que se presentaban a los bancos a realizar las citadas transferencias con una supuesta justificación en concepto de pago de proveedores de mercaderías en el extranjero.
Con los documentos emitidos supuestamente por esos proveedores, pero que en la realidad falsos, logró que salga del país la suma de US$ 292.299.287.
Para obrar de la forma precedentemente descripta, la acusada el 18 de enero de 2010, mediante acta asamblearia de la firma STRONG SA, la acusada Sady Caríssimo Báez, asumió la dirección de la empresa, juntamente con Óscar Vicente Céspedes Fernández, mismo periodo en el que el contador era el señor Felipe Ramón Duarte.
A lo largo del año 2010, la acusada desde el espacio asignado en la consultora Manager, ubicada en Enrique Giménez y Édgar Marecos del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, en coordinación con los demás integrantes del grupo, se encargó de reunir las sumas de dinero provenientes de las actividades ilícitas ya mencionadas.
En estas condiciones, se presentó ante las entidades bancarias (Sudameris SA, 27 de julio de 2010; Regional, el 25 de agosto de 2010 y BBVA, el 17 de marzo de 2011) y solicitó la habilitación de cuentas corrientes en dólares, oportunidad en que adjuntó varios documentos entre ellos balances comerciales, declaraciones juradas, contratos con terceros, listado de clientes, despachos de importación, para demostrar que la empresa por ella presidida manejaba millones de guaraníes en forma mensual y anual, según esos documentos provenientes de la compra, venta e importación de mercaderías con comerciantes de Ciudad del Este, logrando con ello insertarse al sistema bancario como cuenta correntista de empresas supuestamente altamente rentables y con un flujo de movimiento comercial muy alto, cuando la realidad contable económica de las mismas era totalmente otra y los documentos eran apócrifos, los que fueron presentados al solo efecto de poder operar con la finalidad de que no sean rechazadas o informadas sus operaciones a la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).
Con todo el esquema ya estructurado, empezó a operar formalmente y directamente desde el 27 de agosto de 2010, para lo cual depositó altas sumas de dinero en la cuenta bancaria del Banco Regional SAECA, y para justificar las millonarias transacciones, presentó declaraciones juradas de impuestos adulteradas con montos aumentados a fin de justificar el movimiento de esas sumas en la cuenta.
Así señala una parte de la acusación del Ministerio Público con respecto a la conducta desplegada por Sady Caríssimo, en el esquema que se montó para lavar US$ 600 millones a través de los bancos de Ciudad del Este.