Cargando...
–¿Qué opina del proceso que se está viviendo con relación a la reforma judicial?
–Desde el Centro de Estudios Judiciales venimos trabajando hace bastante tiempo lo que nosotros denominamos la reforma estructural del Poder Judicial, que abarca no solo la depuración de jueces sino también los cambios de modelos, estructura de funcionamiento y adecuación del sistema a los nuevos conflictos sociales, el acceso a justicia y la inclusión de sectores vulnerables en el reconocimientos de sus derechos.
–¿Qué piensa de los cambios que se pretende hacer en la Corte?
–Esta Corte Suprema de Justicia se encuentra deslegitimada por la falta de confianza de la ciudadanía. Es necesario restaurar esa confianza ciudadana hacia su justicia, y eso significa depurar sus cuadros, desde la Corte Suprema hasta jueces de Primera Instancia; cambiar su estructura de funcionamiento, lograr que los jueces puedan decidir conforme a sus propias actitudes, valores y conceptos.
–¿Qué puede decir sobre los nombres que se manejan para el juicio político?
–La figura de algunos ministros se encuentra muy desgastada y deben dar un paso al costado. Desde el CEJ, en pronunciamientos que venimos realizando desde al año 2009, hablamos del juicio político escalonado como una herramienta constitucional que debe ser utilizado en forma razonable, no podemos cometer el mismo error del año 2008, cuando cambiamos a 6 ministros de la Corte de una sola vez. La democracia exige el respeto a las instituciones y la prudencia de nuestras autoridades.
–¿Cómo ve el cambio de cinco o más ministros de la máxima instancia judicial?
–El proceso de reforma judicial de un país debe ser serio, prudente y razonable. No podemos enjuiciar a ministros de la Corte en masa. Además, debemos equilibrar las fuerzas en el alto tribunal. No es conveniente cambiar tantos ministros en un periodo de gobierno presidencial, pues la balanza tiende a volcarse hacia un sector. Hay que recordar que el control político sobre los jueces se ejerce a través de los mecanismos de nombramiento, ascenso y destitución. Desde el Centro de Estudios Judiciales, siempre hemos hablado de juicio político escalonado.
–¿Cuáles son los principales problemas que se deberían solucionar?
–En primer lugar las excesivas funciones de la Corte y la estructura verticalista que no les permite a los jueces tener independencia externa ni interna. La palabra “superintendencia” debe ser extirpada del sistema legal. Superintendencia es dependencia. Es sinónimo de ejercicio jerárquico del poder de administrar, sea por la Corte Suprema u otros órganos integrados por ministros de la Corte. Además este modelo se ha pervertido en nuestro país, pues se entiende que las circunscripciones, donde cada ministro ejerce un control directo sobre los jueces, son funciones administrativas que no han contribuido en el mejoramiento de la justicia. Por el contrario, han mantenido sus esquemas de poder e influencias. La Corte debe ser un lugar donde se expanden derechos y cooperen en la transformación del país.
Debemos avanzar en una carrera judicial que incorpore estabilidad y seguridad a los jueces, y seguimos insistiendo que resulta insostenible el modelo celular de juzgados que tenemos, hay que incorporar tecnología, transparencia, procesos de trabajo en la tramitación de las causas.
–¿Que diría a la clase política?
–Que hay una ciudadanía expectante y que es una brillante oportunidad para avanzar en un proceso de reforma judicial, la más seria e importante que podamos lograr desde la caída de la dictadura. Hay una coincidencia entre actores políticos de la necesidad de la reforma, solo falta la voluntad política para desprenderse de privilegios que por años ha mantenido un Poder Judicial bajo el arbitrio de los partidos políticos.
Observación: El Centro de Estudios Judiciales es una organización de la sociedad civil que viene haciendo publicaciones, observaciones, investigaciones y propuestas sobre el funcionamiento del Poder Judicial, desde el año 2007.
CENTRO HABLA DE UN “PACTO SOCIAL”
El Centro de Estudios Judiciales (CEJ) propone temas prioritarios en la agenda pública para iniciar el debate de la reforma judicial en el país, sobre la base de un abordaje estratégico basado en la institucionalidad.
Este “Pacto Social para la reforma del Poder Judicial” requiere del concurso de los distintos sectores de la sociedad paraguaya, para llevar adelante la renovación de la composición y funcionamiento de la Corte.
En este contexto, el CEJ recuerda los diez temas urgentes para una reforma judicial profunda, que deben incluir en la agenda pública para dejar atrás la estructura, vieja, obsoleta e ineficiente del Poder Judicial. “Estos temas tienen como ejes la redefinición de la Corte Suprema de Justicia, la redefinición del gobierno judicial, el reordenamiento de competencias, la consolidación de la modernización de tribunales, la creación de la carrera judicial y la participación ciudadana y acceso a la justicia”, dice el centro dirigido por la abogada María Victoria Rivas.
La propuesta de reforma judicial del CEJ tiene como primer punto la renovación de la composición y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, que contemple el juicio político escalonado a los ministros, como un mecanismo constitucional y democrático donde las responsabilidades individuales confirmen o remuevan a los miembros de la máxima instancia judicial.
“La crisis generada en el ámbito político es una oportunidad para avanzar hacia el genuino interés de transformar el sistema judicial, acogiendo el interés ciudadano y no solo se limite a intereses sectarios”, dice el Centro de Estudios Judiciales, que siempre trabajó sobre la administración judicial.
El enjuiciamiento de los ministros
El Partido Colorado impulsa el juicio político a los ministros de la Corte Víctor Núñez, César Garay Zuccolillo, Óscar Bajac y Sindulfo Blanco. Igualmente quieren destituir a Alberto Ramírez Zambonini, ministro liberal de la Justicia Electoral. La inclusión de este último en la lista es lo que pone en duda el “pacto azulgrana” para renovar parcialmente el alto tribunal, ya que el PLRA no acompaña la salida de Ramírez.
La semana pasada, la Junta de Gobierno ratificó por amplia mayoría el juicio político a los ministros colorados Núñez y Garay y a los liberales Blanco y Bajac y Ramírez Zambonini en la Justicia Electoral.
Los posibles cambios en la máxima instancia judicial enfrentan a los propios colorados, ya que hay varios legisladores que se oponen al juicio político y hablan de que con el simple cambio de hombres no se va a dar una reforma profunda de la administración de justicia.
El eventual juicio político desató una verdadera puja entre los parlamentarios, que como siempre buscan ubicar en la Corte a magistrados que se puedan someter a sus intereses.
La abogada María Victoria Rivas, directora del Centro de Estudios Judiciales, afirmó en una parte de la entrevista que no es aconsejable que durante un periodo de gobierno se cambie a varios ministros, ya que la balanza se puede inclinar hacia los intereses de los gobernantes de turno. Es por ello, como dice la conocedora de la administración de justicia, que se tiene que actuar con prudencia.
Tampoco se puede desconocer la necesidad de depurar el alto tribunal de la República, ante la falta de credibilidad de la ciudadanía hacia los ministros y la administración de justicia en general.
La Corte actualmente está integrada por los colorados Raúl Torres Kirmser, Víctor Núñez, Antonio Fretes, Alicia Pucheta, César Garay y Luis María Benítez Riera. Por otro lado, la conforman los liberales Gladys Bareiro de Módica, Óscar Bajac y Sindulfo Blanco.
cbenitez@abc.com.py