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La sede judicial de J. Augusto Saldívar está en un lugar a todas luces inadecuado, a la altura del Km 26 de la Ruta 1, en un predio en el que comparten espacio con locales comerciales.
En la dirección indicada, una herrería y un comedor ocupan la fachada del inmueble en el cual, en su parte trasera, se encuentra una casa alquilada que sirve de sede para los juzgados penal de garantías y civil y comercial. Por falta de espacio queda en el patio un armario utilizado para ubicar las notificaciones a la vista de los profesionales.
Como en el inmueble también hay una vivienda particular, los animales de esta casa –perros, gallinas y cabras– se pasean por el juzgado y en más de una oportunidad las cabras han destruido las notificaciones.
“Yo estoy funcionando con cinco contratados. Al día siguiente de la fecha que se inauguró este juzgado, fue trasladado mi dactilógrafo; hace once años que no tengo dactilógrafo, hace cuatro años que mi ujier hace de secretario, van cinco meses ya que la Superintendencia de San Lorenzo pidió que se nombre secretario, no puede un juzgado funcionar sin secretario. Hagamos en forma las cosas o de lo contrario cerramos”, expresó el juez penal Leonardo Ledesma, tras destacar que el local no está a la altura de un poder del Estado.
A escasos metros de allí, una casa de empeño y una despensa con carnicería sirven de referencia, pues el juzgado de la niñez y el juzgado penal de la adolescencia ocupan el piso superior del edificio, conjuntamente con oficinas del departamento administrativo, estadísticas y tasas judiciales. Un curso de computación utiliza las oficinas correspondientes al segundo piso.
Muebles en desuso, cajones de cebolla y mercaderías varias de la despensa dan la “bienvenida” al justiciable, en la estrecha escalera de acceso al juzgado.
En el juzgado, desde la pintura hasta los dos acondicionadores de aire, pasando por las computadoras e impresoras, absolutamente todo ha sido adquirido por el juez Osvaldo Cáceres Troche quien, ante la falta de respuesta a los pedidos realizados a la Corte Suprema de Justicia, decidió él mismo acondicionar el juzgado a su cargo.
De hecho, esta es una realidad en numerosos juzgados, donde los jueces deben llevar sus propias computadoras e impresoras o bien cargar con los costos de los mismos, para que los funcionarios puedan trabajar. “Estamos trabajando dentro de nuestras limitaciones. A pesar de todo, estamos con el despacho al día”, explicó el magistrado.
Hacinamiento, una realidad en Lambaré
En el edificio de departamentos ubicado en la avenida Cacique Lambaré, donde funcionan los juzgados penal de garantía y civil y comercial, el hacinamiento sigue siendo una realidad. Los expedientes abarrotan todos los ambientes del local, incluso los que corresponden a las cocinas y área de servicio.
Así las cosas, los funcionarios deben elaborar resoluciones y tomar audiencias entre piletas y mesadas. En este escenario, las alacenas terminaron sobrecargadas de expedientes, al igual que los placares de los dormitorios convertidos en improvisadas salas de audiencias.
Esta situación anómala ya había sido denunciada por nuestro diario, fue corroborada “in situ” por representantes del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay.
rferre@abc.com.py