Entre otras, el alto tribunal de la República compró 2.500 municiones calibre 5.56 x 45 mm a G. 6.900 cada una, que totalizó la suma de G. 17.250.000.
Para la importación de Estados Unidos de las armas y municiones de guerra la firma adjudicada consiguió la autorización de Dimabel. Una vez obtenido ese visto bueno realizó las compras y se hicieron los despachos de importación.
Luego las mercaderías fueron introducidas al país para ser entregadas, en este caso específico, a la Corte Suprema.
Sin embargo, sugestivamente varias cajas de las municiones 5.56 se estaban vendiendo sin problema en algunas casas que se dedican a la venta de armas. Esta situación fue denunciada el año pasado al entonces presidente de la Corte, Víctor Núñez.
El escrito fue presentado por Rubén Orlando González Peralta, socio de Comtecpar SA junto con Carlos Federico León Ocampos, en febrero del año pasado.
González Peralta, quien mantiene una disputa judicial con su socio comercial León Ocampos (quien está al frente de Comtecpar), apuntó que pudo comprar de un comercio capitalino las municiones que fueron importadas a nombre del máximo tribunal de la República.
Núñez remitió los antecedentes a la Fiscalía General del Estado, en donde el titular, Javier Díaz Verón, conformó un equipo de investigación que estuvo integrado por los fiscales Federico Delfino, Francisco Ayala y Sandra Quiñónez. Los dos primeros, en enero pasado solicitaron la desestimación de la denuncia a la jueza Griselda Caballero, quien hizo lugar al pedido. Luego, la Cámara de Apelación anuló totalmente la decisión de primera instancia.
Ahora, el Ministerio Público tiene que seguir con la investigación.