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El proceso por la supuesta fabricación de bombas molotov en la sede del Partido Liberal radical Auténtico, entre el 31 de marzo y 1 de abril de este año, se basa principalmente en los videos y las tomas fotográficas donde los imputados aparecen con botellas de plástico que en su interior tendría kerosén.
También, el Ministerio Público dice que se visualiza cuando los imputados cortaban en trozos una tela blanca, que utilizaban posteriormente como mechas.
Las defensas de los imputados, por su parte, aducen que en realidad se trata de botellas de agua con vinagre y que se utilizaba para secar los ojos y aplacar los efectos de los gases lacrimógenos.
Además, reclaman que la Fiscalía ni siquiera levantó muestras en el lugar y las sometió a un análisis.
A las fotografías y los vídeos, ahora el Ministerio Público sumó el testimonio del suboficial segundo Gustavo Florentín, imputado y preso en la Agrupación Especializada por la muerte del joven dirigente liberal de La Colmena, Rodrigo Quintana.
Florentín fue convocado al igual que su colega Arnaldo Andrés Báez, imputado por coacción, por el fiscal Aldo Cantero. El último no se presentó a la citación y fue librada su captura.
La declaración de Florentín generó polémica, porque el uniformado ratifica la tesis de la Fiscalía, pero aduce que es “parte interesada” al estar sindicado como autor del homicidio de Quintana.
El suboficial declaró que en la madrugada del 1 de abril fueron atacados con bombas molotov en la sede del PLRA. Dijo a medios de prensa que cuando él ingresó al local partidario recibió el impacto de una botella en el brazo, y que tenía olor a querosén y una mecha.
“El primer botellazo me impacta en el brazo derecho; en ese momento pasó muy rápido todo, pero después el olor se quedó por todo mi cuerpo”, relató.
Añadió que vio varias botellas sobre una mesa y que inclusive cerca del cuerpo de Rodrigo Quintana había una botella que aparece en las tomas fotográficas de medios y en el circuito cerrado del PLRA.
“Justificar barbaridad” El abogado Guillermo Ferreiro, defensor de Stiben Patrón, criticó las declaraciones de Gustavo Florentín. “Está todo filmado. Se ve que ingresa, y no se le ve si se le tira algo, ningún objeto”, dijo.
Agregó: “Florentín es un imputado, está exonerado de decir verdad. Lo que diga debe ser corroborado por otros medios”, sentenció. Especificó que se trata de un uniformado que ingresó a una propiedad privada sin orden judicial y sin ninguna causa, y que por esta razón necesita justificar “semejante barbaridad”.
Ferreiro también criticó al Ministerio Público por impedirle realizar una pericia científica con un perito explosivista, para comprobar que los objetos que registraron las cámaras no son bombas caseras (molotov).
Quienes dieron la orden, sin proceso
El Ministerio Público sigue sin procesar a los responsables de la orden de atraco ilegal a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en la madrugada del 1 de abril.
Pese a que la querella adhesiva planteada por los padres del joven asesinado Rodrigo Quintana insiste con pericias e informes de cruces de llamadas, la pesquisa apunta solo a dejar pegado en el proceso al suboficial Gustavo Florentín, pero a ignorar a quienes dieron la orden de atraco.
En ese sentido, sigue pendiente de realización la pericia de los teléfonos celulares del empresario tabacalero José Ortiz y del abogado de Yacyretá, Luis Canillas. El primero se comunicó 16 veces con el entonces comandante de la Policía, Crio. Críspulo Sotelo y el segundo, en unas 24 ocasiones entre el 31 de marzo y 1 de abril. Horacio Cartes, en efecto, habló con Sotelo en 10 oportunidades. Todas las llamadas se hicieron desde Mburuvicha Róga.
Cámara rechazó dividir causas por el ataque
La Cámara de Apelaciones, Segunda sala, descartó la división de la causa abierta por el atraco a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el crimen del joven dirigente liberal de La Colmena, Rodrigo Quintana, en la madrugada del 1 de abril.
Los camaristas Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez ratificaron la decisión del juez penal de garantías Humberto Otazú, quien descartó dividir el proceso en tres: uno por el crimen de Quintana, otro por el atraco al PLRA y el tercero por la ataque en el sanitario del sector del estacionamiento del PLRA.
“Entendemos que las imputaciones obrantes en el marco de la respectiva causa (N° 2431/2017), los procesados presentan relaciones fácticas similares, circunstancias que han acaecido en un mismo escenario, que da la certeza de vinculación entre las mismas, en sentido contrario al criterio fiscal. Indudablemente esta deben tramitarse en el proceso iniciado con el N° 2431, lo cual asegurará una visión completa del proceso, recayendo en decisiones justas y evitar conflictos de fallos”, indica en su fallo el Tribunal de Apelación.
Se agrega: “No detectamos las circunstancias expuestas por el agravio en la providencia recurrida y que en sentido amplio comprendería el informe actuarial, que en esencia no contemplan perjuicios que impide revocar o modificar la providencia dictada, y este es un requisito indispensable para impugnar una resolución, tal como lo establece el artículo 449 del Código Procesal Penal, el cual dispone: Reglas Generales. Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos, siempre que causen agravio al recurrente. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado. Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, el recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de ellas”.
El abogado querellante, Guillermo Duarte Cacavelos, criticó duramente el “desglose ilegal” que realizó la Fiscalía General del Estado, de forma administrativa. El juez Humberto Otazú informó que era imposible introducir la división al sistema informático Judisoft, porque no está previsto la separación con relación a imputados, ya agregados a un solo número de causa.
El Ministerio Público, de esta forma, intentó que el suboficial Gustavo Florentín soporte su proceso por la muerte de Quintana; que el comisario Tomás Paredes Palma y el oficial Guido Amarilla, afronten otro por el atraco al sanitario del PLRA, y el suboficial Arnaldo Andrés Báez, quedó solo en su caso de coacción por el ingreso al local partidario.
griselda@abc.com.py