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La lista de magistrados sobre quienes el Consejo ha realizado observaciones y sobre los cuales la Corte pide explicaciones incluye al juez de Lambaré, Isidoro Olazar; al de Ciudad del Este, Efrén Giménez; y al juez de Paz de Bahía Negra, Nelson Zaracho Coronel.
La lista sigue con la jueza penal de Hernandarias, Carmen Barrios Martínez; el juez de Paz de Gral. Elizardo Aquino, Ramón Ríos Cristaldo; el magistrado en lo civil de Presidente Franco, Sergio Rodríguez Chávez; y culmina con Juan Carlos Pane Chelli. También están en la misma línea la fiscala penal Patricia Filippi.
“El secretario general de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Gonzalo Sosa Nicoli, se dirige a usted con el objeto de comunicarle cuanto sigue: Que la Corte Suprema de Justicia en su sesión plenaria de fecha 7 de junio de 2016, y estando dentro del plazo previsto por el artículo 2° de la ley N° 5208/14 ‘Que establece plazos para la designación, nombramiento o prestación de acuerdos para el ejercicio de cargos públicos’, resolvió devolver al Consejo de la Magistratura las siguientes ternas, hasta que se aclare suficientemente el estado de los integrantes de las mismas que cuentan con procesos pendientes de resolución por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, dice parte del escrito enviado por el máximo tribunal al Consejo.
En el listado remitido por la Corte no aparecen los camaristas en lo Penal del Alto Paraná Isidro González Sánchez; el magistrado penal de Asunción, Roberto Martínez; el de Concepción Óscar Cantero y el de la jueza de Paz de Choré, Clara Orué.
Los tres también habían sido cuestionados por el Consejo, que igualmente se limitó a informar que los incluían en terna por imperio de la ley.
La Ley 5336/2015 obliga al Consejo a incluir en ternas a los jueces que postulan por ser ratificados en sus respectivos cargos.
Esta fue la explicación que brindó en su momento, sin profundizar, el entonces presidente del Consejo, Enrique Riera.
“A nosotros la ley nos obliga a integrar la terna con el titular, es por eso que trataremos esta situación que ya tiene una larga data y es una lucha que siempre tuvimos con un sector de la clase política, quienes han cambiado la Ley 1634/2000 por la Ley 5336/2015, mediante la cual se dice imperativamente que –deberá– integrar la terna el titular”, explicó Riera.
El mismo Enrique Riera, en su carácter de presidente del Consejo, admitió esta situación en el caso del juez de Coronel Oviedo, Juan Carlos Pane Chelli, quien recientemente, en primera instancia, fue condenado a 1 año de cárcel por cobro indebido de honorarios. Luego la Corte lo suspendió.
Los ocho magistrados sobre los cuales la Corte Suprema pidió informes afrontan procesos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El Consejo está actualmente presidido por Osvaldo González, representante de Derecho UNA y tiene como vicepresidente a Juan Ramón Bueno Jara del gremio de los abogados.
Uno de los integrantes del Consejo es el ministro de la Corte Suprema Antonio Fretes.
También integran el Consejo el senador Enzo Cardozo, el diputado Éber Ovelar, el representante del Poder Ejecutivo Carlos Cabrera, el de Derecho UC Cristian Kriskovich y el del gremio de los abogados Adrián Salas.
El Consejo además tiene como representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a Kriskovich y a Salas. Este último inclusive es presidente de ese órgano.
Los que defienden la ley que es cuestionada por el Consejo señalan que el Jurado es el que debe determinar si un magistrado está incurriendo en mal desempeño de sus funciones.
Sostienen que con referencia al trabajo en el ámbito judicial es la Corte Suprema la que debe evaluar la labor del magistrado.
En todos los casos sostienen que el Consejo no puede dejar fuera de terna a un magistrado.
El Consejo había presentado una acción de inconstitucionalidad contra esta ley.
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