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Existen fuertes críticas a la sentencia de las juezas Peña, Battilana y Montanía, quienes absolvieron a Candia, tras declarar la extinción del proceso mediante la reparación del daño de 473.000 euros a Copaco.
El fallo es cuestionado, porque no lo hizo Candia sino la empresa alemana T-Systems luego de perder un laudo arbitral, que había sido iniciado por la Procuraduría General de la República.
Según las constancias del expediente, que fueron ignoradas por las magistradas, en ningún momento Candia tuvo la intención de reparar el daño, sino todo lo contrario, ya que en todo el momento dilató el proceso mediante la recusación de jueces y fiscales.
El objetivo de las chicanas fue precisamente lograr la extinción del caso por el transcurso del tiempo.
Sin embargo, pese a esto el extitular de Copaco y actual concejal de Mariano Roque Alonso por el Partido Colorado, fue beneficiado por Peña, Battilana y Montanía con la absolución.
Además de que no fue Candia el que reparó el daño, las juezas no habrían tenido en cuenta otra disposición legal que las obliga a escuchar la postura de la víctima, en este caso Copaco. En el juicio oral, incluso el abogado defensor solicitó que se realice esta diligencia.
Sin embargo, las magistradas consideraron que la misma no era necesaria. Alegaron que ya se agregó un informe de Copaco. Empero, en este documento solo se señaló la reparación del daño por parte de T-Systems y en ningún momento se mencionó el acuerdo para absolver a Candia, mediante la figura de “reparación de daño”.
Por otro lado, Battilana (presidenta del tribunal) y Lourdes Peña, el 23 de diciembre del año pasado, integraron un tribunal con su colega Manuel Aguirre, que condenó a 3 años de cárcel a José María Ruiz Díaz Benítez, exdirector general de Gestión de Insumos Estratégicos, y al abogado Federico Fabián Gill Ramírez, exdirector administrativo del Ministerio de Salud Pública, por compra innecesaria de medicamentos oncológicos que luego vencieron.
En aquella ocasión, las magistrados dictaron la condena pese a que las empresas farmacéuticas repararon el daño al Ministerio de Salud.
Es decir, también se podría hablar de una contradicción por parte de Battilana y Peña.
Igualmente, la jurisprudencia de los tribunales es que el procesado tiene que reparar el daño y tiene que existir consentimiento por parte de la víctima y del Ministerio Público.
Se puede traer a colación el proceso al extitular del Indi Rubén Darío Quesnel que fue condenado a seis años de cárcel por la venta irregular de 25.000 hectáreas en el Chaco.
La compradora, Julia Vargas, no solo devolvió el inmueble al Indi, sino además dejó como donación la suma de G. 1.250 millones que había pagado por las tierras.
Quesnel quiso beneficiarse con esta reparación, pero el tribunal rechazó la pretensión del encausado. También se contó con la oposición de los fiscales Alba Delvalle y José Dos Santos, que intervinieron en el juicio oral.
Fiscal se opuso
El fiscal Martín Cabrera, en su momento se opuso a la extinción de la causa por lesión de confianza a Candia, quien fue acusado por no ejecutar una garantía bancaria que ocasionó un perjuicio de 473.484,13 euros a Copaco, debido a que fue la empresa proveedora T Systems la que resarció el daño, luego de un laudo arbitral impulsado por la Copaco y la Procuraduría General.
El agente del Ministerio Público había contestado por escrito el traslado que le corrió la presidenta del tribunal de sentencia, Liza Battilana.
Cabrera indicó que el acusado no devolvió el monto señalado más arriba.
Cabrera, el viernes pasado apeló el fallo por el cual las juezas blanquearon a Candia.
Auditor
El abogado Mario Elizeche, titular de la Dirección de Auditoría de la Corte, manifestó a nuestro diario que ya comenzó la fotocopia del expediente que guarda relación con el caso al extitular de Copaco.
Agregó que posteriormente los profesionales de la referida dependencia comenzarán con el análisis de los documentos, para luego elevar una conclusión con respecto a la actuación de las juezas Peña, Battilana y Montanía.
En cuanto al proceso en el que fue beneficiado el exintendente Gustavo Alfonzo, explicó que esta semana funcionarios de Auditoría se trasladarán hasta el juzgado de Caacupé para hacer una fotocopia del expediente. En este caso están en la mira las juezas Blanca Báez y Magdalena Narváez de Rodríguez.
La auditoría en ambos casos fue dispuesta por el Consejo de Superintendencia de la Corte, integrada por los ministros Antonio Fretes, César Garay y Luis María Benítez.
Hasta ahora, el Jurado de Enjuiciamiento ni pidió antecedentes de las causas.
benitez@abc.com.py