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Porfiria Ocholasky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar), hizo el anuncio de la medida de fuerza y la semana pasada fueron hasta la Corte Suprema de Justicia para presentar oficialmente la nota en la que detallaban que iban al paro escalonado.
Todo esto es con el único fin de presionar a la Cámara de Diputados para que modifique la ley y que todo el dinero que se recauda en el Poder Judicial quede bajo la administración de la máxima instancia judicial. Se habla de que ese dinero es de varios millones de dólares que serían administrados por los ministros.
Actualmente la Corte Suprema de Justicia utiliza el 58,80 por ciento de esos ingresos, el 40 por ciento se reparten entre el Ministerio Público (12,27 por ciento), el Ministerio de Justicia (13,55 por ciento) y el Ministerio de la Defensa Pública, con el 0,01 por ciento y Consorcio con un 15,37 por ciento.
Lo que los sindicalistas plantean es que todo el dinero ya no sea repartido a estas instituciones y que se quede en el Poder Judicial, supuestamente para mejorar la administración de justicia y dar un mejor servicio a la ciudadanía.
A claras luces el escenario que plantean los sindicalistas tiene el aval de la Corte, que será la más beneficiada si se da la modificación de la ley y por esa razón no se movió un solo dedo para tratar de frenar este paro que afectará a la administración de justicia.
La Corte suele llamar a un diálogo con los funcionarios cuando piden aumentos salariales y amenazan con ir a una huelga, para evitar que todo el aparato judicial sufra de interrupción y ponga en peligro plazos judiciales. En este caso la máxima instancia judicial ve hasta con buenos ojos la presión que están metiendo los funcionarios a los diputados, quienes debían tratar la modificación de la Ley de Tasas Judiciales el pasado 23 de marzo, pero la pospusieron por un mes.
Presión
La jugada en este caso es meter presión a la Cámara de Diputados de parte de los funcionarios judiciales, quienes el día en que se fije el tratamiento de la modificación de la ley, de seguro irán hasta la sede parlamentaria a hacer acto de presencia, y el silencio cómplice de la Corte Suprema demuestra a las claras que existe un pacto tácito con los sindicalistas para lograr que el dinero de las recaudaciones quede todo para el poder Judicial.
Por eso es natural la sospecha de que luego sobrevendrán los aumentos de salarios para pagar la ayuda que ahora están recibiendo los ministros de la Corte Suprema.
El nexo que tiene la Corte con los funcionarios es Porfiria Ocholasky, quien es una influyente líder sindical. La misma fue objeto de muchas denuncias periodísticas, pero nunca fue sancionada. Ella es siempre la que lleva adelante las “luchas” a favor de los funcionarios y pide aumentos de sueldos.
En junio del año pasado, por ejemplo, cuando los diputados debían tratar la modificación del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia para un aumento salarial de G. 15.000 millones para funcionarios, fue Porfiria Ocholasky quien llegó hasta la Comisión de Presupuesto de Diputados para abogar por otra ampliación presupuestaria de G. 31.000 millones que no figuraba en el orden del día.
Fiel a su estilo Ocholasky presentó su pedido acompañado de una amenaza de huelga si no se aprobaba el pedido de aumento.
Porfiria Ocholasky gracias a su buena relación con los ministros de la Corte logró ubicar a varios de sus hijos dentro del Poder Judicial.
La mayor de las hijas de la sindicalista, Amaya Yannina Ocholasky Melgarejo, se desempeña como “jefa de sección” desde 2005. Su salario asciende a G. 4.775.950 y percibe, aparte de este monto, un plus por “gestión”, que es de G. 1.100.000.
También un hijo menor de edad de la sindicalista en el 2015 se desempeñaba como “auxiliar administrativo” y tenía un salario de G. 1.600.000. Mientras tanto Porfiria Ocholasky cobra un sueldo de e G. 9.809.342. Todos estos datos figuran en la nómina de funcionarios del Poder Judicial y son de contenido público.
Porfiria Ocholasky es más conocida en el ámbito judicial por ser la punta de lanza de todas las huelgas y paros que por su trabajo. Todos los años el sindicato que ella lidera hace tiempo plantea aumentos de sueldos cuando está acabando el año judicial y, claro, todo viene acompañado de la amenaza de cese de actividades en el Poder Judicial.
En este caso en particular apuntan a favorecer a la Corte Suprema, para que tenga un millonario ingreso con el cambio de la Ley de Tasas Judiciales, pero seguro que existe una buena moneda de cambio.
victor.franco@abc.com.py