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Uno de los objetivos es trabajar en forma conjunta para lograr el cumplimiento acabado de las funciones de garantizar el derecho de las personas a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.
Con el fin principal de que el Poder Judicial y los demás poderes del Estado cumplan con la función de garantizar, en el ámbito de sus competencias, el derecho de las personas a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, la Corte Suprema de Justicia firmó el referido convenio.
El acto se desarrolló en la sala de sesiones y contó con la presencia del presidente de la máxima instancia judicial, doctor Antonio Fretes; de la doctora Sheila R. Abed, enviada especial de las Naciones Unidas para la Justicia Ambiental; y del abogado Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA). Asimismo, refrendaron los ministros Sindulfo Blanco, Gladys Bareiro de Módica, Raúl Torres Kirmser, Alicia Pucheta de Correa y Víctor Núñez.
Declaración de Fretes
En la ocasión el doctor Fretes resaltó la importancia del convenio firmado y sostuvo que uno de los objetivos en este momento es lograr la aprobación del Código Procesal Ambiental.
Manifestó que existe un proyecto que hace 15 años se encuentra en el Congreso Nacional, que fue corregido en varias ocasiones para adecuarlo a las leyes actuales y con la ayuda de la enviada especial es factible lograr su aprobación. Reiteró su agradecimiento por el acuerdo firmado, teniendo en cuenta que la mencionada dependencia del organismo internacional es la primera entidad que asiste y presta su colaboración en este sentido.
Por su parte, la doctora Sheila R. Abed indicó que la obligación del organismo que representa es trabajar con las Cortes Supremas de todo el mundo y con los demás estamentos ligados a la justicia, como las fiscalías, contralorías y procuradurías, de manera a mejorar el trabajo que desempeñan.
Mediante el acuerdo también se desarrollarán capacitaciones dirigidas a magistrados y funcionarios judiciales en el ámbito del derecho ambiental, a través de cursos, talleres, seminarios y congresos científicos. Asimismo, se intercambiarán informaciones y compartirán publicaciones científicas, además de habilitar las bibliotecas para los funcionarios de las instituciones involucradas en el acuerdo.
El convenio también prevé que el Instituto de Derecho y Economía Ambiental o su institución asociada, así como el Centro de Defensa del Interés Público, intervengan, de ser necesario, en los procesos judiciales sobre cuestiones ambientales en ejercicio del derecho constitucional a la defensa de los intereses difusos, bajo cualquiera de las figuras que habilita la ley procesal o en calidad de Amicus Curiae (Acordada Nº 479/07).
Los firmantes también acordaron que los representantes de la Dirección de Derecho Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, de la Oficina de la Enviada Especial para la Justicia Ambiental de las Naciones Unidas y del Instituto de Derecho y Economía Ambiental se reúnan al menos una vez cada tres meses, para coordinar y programar acciones en conjunto.
Cabe señalar que el Artículo 7 de la Constitución Nacional establece el derecho de toda persona a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado y que en ese sentido la Corte Suprema de Justicia ya ha sostenido que “el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado es un atributo fundamental de las personas” y que de la preservación del medio ambiente depende en gran medida la vida humana.
Teniendo en cuenta estos aspectos, la Corte incluso promulgó la Acordada Número 802 del 19 de febrero de 2013 y por la que se creó la Dirección de Derecho Ambiental, dependiente del más alto tribunal de la República.