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Marcio Ariel Sánchez Giménez, alias Aguacate, se inició como un simple guardaespaldas del extinto capo mafioso pedrojuanino Jorge Rafaat Toumani. Pero tras la muerte de este, registrada en la noche del 15 de julio del 2017, en un atentado con metralleta calibre .50, Aguacate ganó notoriedad al aglutinar al resto de los pistoleros que quedaron sin trabajo tras la desaparición del turco Rafaat y de a poco se fue convirtiendo en un verdadero “contratista de la muerte”.
Todo grupo criminal o cualquier persona que precisase contratar servicios de pistolero para acabar con la vida de algún enemigo o simplemente cobrarse alguna venganza, indefectiblemente debía hablar con Aguacate para que designe al matón ideal para encargarse del “trabajo”.
“El contratista” ponía su precio y luego él se encargaba de dar una parte al que ejecutaba la operación. Por supuesto, él se quedaba con la mayor parte de la torta.
De acuerdo con nuestras fuentes, casi la totalidad de las ejecuciones registradas en la zona del Amambay, frontera con el Brasil, fueron ordenadas o por lo menos supervisadas por este personaje.
Sin embargo, el nombre de Aguacate ganó respeto y notoriedad cuando el actual capomafioso de Pedro Juan Caballero Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro o, como se hace llamar, Celso Matos Espindola, lo contrató como uno de sus jefes de seguridad, responsabilidad a raíz de la cual tiene a su cargo un ejército de pistolero con los que actualmente trata de controlar todos los negocios al margen de la ley: tráfico de drogas, armas y municiones, a más de vehículos en aquella zona del país. Pese a que contaba con varias órdenes de captura, el sospechoso operaba impunemente en la capital de Amambay, señalaron las fuentes.
Con el respaldo de Minotauro, Aguacate se volvió mucho más poderoso, hasta el punto que supuestamente fue él quien autorizó la ejecución del concejal colorado de Capitán Bado Cristóbal Machado Vera (ANR), de 32 años, registrada en marzo de este año.
Es más, el ataque fue perpetrado por el pistolero Carlos Armoa Escobar, de 27 años, quien cayó preso días después en Capitán Bado, tras lo cual admitió que había sido subcontratado por Aguacate para materializar el homicidio del político. Es más, Armoa incluso dijo que a él le tocaron 10.000 reales, el equivalente a unos 14.000.000 de guaraníes, de los 50.000 reales que percibió Aguacate por el “trabajo”.
Otro dato importante aportado por el sicario detenido fue que la muerte del concejal colorado badeño había sido ordenada porque cobró por una carga de marihuana y después ayudó o actuó de informante a los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas Senad para incautar la misma droga. El mandante del crimen sería un brasileño, según informaron.
Tras estas declaraciones, el Ministerio Público se vio obligado a ordenar una vez más la captura del jefe de sicarios, quien al verse acorralado por la autoridades policiales, finalmente, se entregó a la justicia el 18 de agosto pasado en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Desde ese momento las autoridades judiciales comenzaron a urdir todo tipo de maniobras legales y no tan legales para tratar de liberar y de paso blanquear a Aguacate, que estaba recluido en la penitenciaría regional de la capital de Amambay, señalaron las fuentes.
En la mañana del 23 de agosto último el magistrado Manuel Marcos Fernández Arce, juez de garantías de Capitán Bado, ordenó nota mediante al jefe de la comisaría de dicha ciudad para que proceda al traslado de Marcio Ariel Sánchez Giménez a dicha sede policial, donde debería guardar reclusión desde ese día.
Tras una serie de incidentes y la ausencia de algunos testigos en una comparecencia por el crimen del concejal colorado, finalmente el mismo magistrado Fernández Arce otorgó la libertad a Aguacate, quien de esa forma se liberó del proceso más pesado que tenía hasta ahora.