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En un fallo unánime, el Tribunal de Sentencia presidido por Víctor Alfieri e integrado por María Luz Martínez y Daniel Ferro condenó a los cuatro acusados con relación al caso por lesión de confianza y apropiación.
Para el Tribunal, no existe duda alguna de la responsabilidad de Quesnel como autor de ambos delitos, motivo por el cual fue sentenciado a 10 años de reclusión, prohibición de ejercer cargos públicos durante cuatro años (a computarse una vez compurgada la pena de prisión) y 50 días-multa por dilatar el proceso, lo cual derivó en la declaración de mala fe del mismo.
La exdirectora de Administración y Finanzas del Indi, Marlene Mendoza, fue condenada a 6 años de cárcel; el funcionario Ever Otazo a 3 años y 6 meses de prisión y el expresidente de la ONG Reforeast Par, Oscar Viera, a 2 años y 6 meses.
Tras informar de su decisión, el colegiado revocó las medidas alternativas a la prisión con las que contaba Mendoza, quien fue enviada al correccional de mujeres.
Este caso tiene su origen en el desvío de G. 3.127 millones que tenían que ser destinados a la compra de tierras para las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa, ocurrido en 2013.
La millonaria suma ahora desaparecida debió ser destinada a dichas comunidades en cumplimiento de dos sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los años 2005 y 2006. Ambos documentos internacionales dan por probada la violación de los derechos de los nativos, previa discusión en juicios iniciados en los años 2000 y 2001.
“Llegó a su final después de cinco años de proceso, después de veinte suspensiones del juicio oral y público y de tres meses de audiencias. Independientemente a que no se cumplieron todas las expectativas de las penas, sí en un primer momento podemos confirmar que se hizo justicia, por lo menos un poco para estas comunidades indígenas que vienen luchando hace 20 años en contra de una profunda discriminación estructural y actos deleznables como este”, dijo Maximiliano Mendieta, abogado de Tierraviva y representante de las comunidades afectadas.
Quesnel reaccionó airadamente al conocer su sentencia. Afirmó que es un “chivo expiatorio”, dijo que los indígenas ya tienen tierras y que el dinero era para apoyo y que el dinero se entregó a la ONG que trabajó con los indígenas, a los que surtió con víveres varios. “Es una injusticia total en este tema, sostengo mi inocencia”, acotó.
Albino Gómez, líder de la comunidad Yakye Axa quien acompañó el juicio, descartó que su comunidad haya sido beneficiada con la millonaria suma y recordó que viven al costado de la ruta hace 24 años, por falta de tierras.
“Donde vivimos, hay mucha miseria. Nosotros recibimos una pequeña cantidad de víveres, pero no por G. 3.000 millones como dicen”, indicó.
Defensa cuestiona pena
“A mi criterio, creo que la sanción punitiva es muy elevada, teniendo en cuenta que, como se pudo escuchar en la explicación del juez, le atribuyeron a mi representada la lesión de confianza en su tipo base, que tiene una pena máxima de 5 años y la apropiación, también en el tipo base en grado de complicidad. Esas calificaciones hacen que la pena no pueda ser superior, haciendo un conteo rápido, a 7 años y medio; sin embargo el Tribunal ha aplicado 6 años”, dijo Ronald González, defensor público que asistió a Mendoza.
rferre@abc.com.py