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El caso que enardeció los ánimos entre médicos y magistrados tiene su origen en la muerte de la paciente Mercedes Romelia Páez, el 8 de agosto del 2009, a 16 horas de su internación en el hospital de la Fundación Tesãi, de Ciudad del Este.
Las doctoras Olga Cañete y Sofía Oviedo fueron juzgadas en un juicio oral y público, que concluyó el 15 de julio del 2013 con la condena de ambas a 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad. El fallo fue el resultado unánime del Tribunal de Sentencia de Alto Paraná, integrado por las juezas Ana María Arréllaga, Graciela Flores y Carmen Barrios.
El fallo fue ratificado el 9 de abril de 2014 por la Cámara de Apelación de la referida circunscripción, 1ª sala. La defensa planteó un recurso de casación contra la sentencia, rechazado el 26 de junio pasado por la Corte Suprema de Justicia
Básicamente, la Justicia consideró como una de las pruebas más contundentes la autopsia practicada por el doctor José Gaspar Bellassai como anticipo jurisdiccional de pruebas, que, a decir del colegiado, “nos dio la contundencia de la causa del fallecimiento de la Sra. Páez y aceptar como válidas estas conclusiones, pues se basó en la exanimación del cuerpo sin contaminarse con el historial clínico, para concluir como causa de fallecimiento el shock hipovolémico secundario a lesión vascular”.
Agrega: “Este informe se halla corroborado por las declaraciones del doctor Abilio Obregón, y afirmo que la causa del fallecimiento fue efectivamente la perforación de la vena subclavia en el momento de la colocación del catéter y que nadie de los intervinientes, se dieron cuenta de este hecho, que al ser abierto el cuerpo lo primero que se pudo observar es un catéter traspasando la vena subclavia…”
Ahora, la defensa pretende que la Corte Suprema de Justicia acceda a revisar el caso, en base al dictamen elaborado por una junta médica el 28 de julio pasado, que tras señala que “no existe una correlación entre los hallazgos de la historia clínica de la paciente y los hallazgos anatomopatológicos de la necropsia, clara y contundente como concluye el fallo”.
Insisten en considerar informe descartado
El principal cuestionamiento de la Dra. Sofía Oviedo al proceso que concluyó con su condena es la decisión de las autoridades judiciales de no considerar los dictámenes de los médicos forenses del Poder Judicial, José Nicolás Lezcano y Domingo Mendoza, que le favorecían. Fue en declaraciones a la prensa en ocasión de la manifestación realizada el lunes pasado.
“Tenemos la expectativa de que se haga la revisión extraordinaria cuya solicitud presentamos y que con eso se pueda esclarecer el caso. Nos ratificamos en que somos inocentes, fuimos condenadas a 3 años y 6 meses en un juicio totalmente amañado, preparado con evidencias alteradas. No se tuvo en cuenta a los peritos del Poder Judicial que fueron a declarar y demostraron nuestra inocencia. Lo más importante es el peritaje de los Dres. Lezcano y Mendoza, sin embargo, tuvieron en cuenta un peritaje de un médico que la familia querellante contrató y trajo de la Argentina, especialmente para incriminarme a mí, con el uso del Ketorolac”, dijo Sofía Oviedo.
“Solamente pedimos justicia, queremos que los ministros de la Corte revisen el caso y se haga justicia. Hoy están todos los compañeros y las sociedades médicas apoyándonos, y eso es por algo”, expresó a su vez la Dra. Olga Cañete.
El vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud del Paraguay, Dr. Carlos Cubas, anunció una huelga general en fecha a confirmarse.
Asimismo, adelantó que solicitará la expulsión del gremio de los profesionales que elaboraron el dictamen pericial que sirvió de fundamento para la condena de sus colegas, los Dres. José Bellasai y Abilio Obregón, que concluyeron que la paciente falleció a causa de una hemorragia.
Hijo solicita respetar fallo y a la familia
Rolando Segovia, hijo de la paciente fallecida, expresó su indignación por la postura asumida por el gremio médico de defender a sus colegas en forma corporativa, sin interiorizarse del caso ni considerar que ya se ha comprobado en juicio que las ahora condenados actuaron con negligencia. En ese sentido, afirmó que las médicas afectadas manipulan la información para lograr el apoyo de sus colegas.
“Tras 6 años de juicio, se comprobó que las dos médicas actuaron con negligencia, situación que costó la vida de mi madre. Nos duele que en una actitud corporativa, los médicos busquen presionar para que la Corte Suprema de Justicia revise el caso nuevamente. Organizan protestas y debates sin conocer detalles de la situación”, expresó Rolando Segovia, hijo de la fallecida.
Segovia no se explica por qué los médicos pretenden ignorar la conclusión del Dr. José Bellasai, reconocido experto en la materia, para salir en defensa de las condenadas.
Pidió respeto al fallo y lamentó los ataques a través de las redes sociales que él y sus familiares reciben a raíz de esta situación, que deben sobrellevar a la par del dolor de la inesperada pérdida de su madre.
“Amigos de las condenadas se burlan de la muerte de nuestra madre por las redes sociales. También nos atacan constantemente y eso nos parece injusto”, manifestó.
Asimismo, descartó la versión de que la finalidad del juicio es beneficiarse con una indemnización de US$ 4 millones, tal como afirman varios galenos en defensa de sus colegas. Afirmó que si bien hay un juicio civil, el monto requerido es muy inferior al mencionado, además de estar supeditado al criterio del juzgado. Aclaró además, que en caso de fallo favorable a su petición, el monto será íntegramente donado a una institución de beneficencia.
Pide cárcel para condenadas
A su vez, el abogado Javier Martínez, representante de la familia, pidió la remisión del expediente a Ciudad del Este, a fin de dar cumplimiento al fallo ratificado en todas las instancias.
“El magistrado ya debía enviar el expediente al juez de ejecución de Ciudad del Este (donde se llevó el juicio oral) para dictar el cúmplase y que la Policía detenga y remita a la cárcel a las dos condenadas. Si era un albañil o taxista hace rato remitían el expediente para hacer cumplir la pena, pero parece ser que el ministro Benítez Riera (Luis) quiere tratar como ciudadanos de primera clase a estas médicas”, denunció el letrado a la prensa. Tras estas declaraciones, el Dr. Benítez Riera aclaró que nunca retuvo el expediente, pero ante la manifestación de falta de confianza de una de las partes, se inhibió del caso.
rferre@abc.com.py