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Para Marta Benítez, de Global Infancia, la falta de recursos y el recargo de trabajo constituyen los principales obstáculos para el efectivo funcionamiento de las Consejerías de la Niñez y la Adolescencia (Codeni).
Y entre las causas del recargo de trabajo están los reiterados pedidos de diligencias provenientes del ámbito jurisdiccional, que terminan por desnaturalizar el carácter preventivo con que originariamente se creó la Codeni.
“Vemos que las diferentes instituciones del ámbito jurisdiccional: fiscalía, defensoría, juzgado, juzgados de paz etc, no han desarrollado las herramientas suficientes para trabajar preventivamente y que cuando ocurran las situaciones de reacción puedan intervenir más efectivamente”, indicó Benítez.
En estas condiciones, las Codeni se ven obligadas a suplir las funciones que corresponden a otros auxiliares de la justicia, como trabajadores sociales, entre otros.
“En este momento, como los servicios técnicos especializados del Poder Judicial no se han conformado, entonces muchas veces el Poder Judicial le solicita a las Codeni que realizan acciones y tengan que invertir sus propios recursos en acciones de apoyo a procesos jurisdiccional, por ejemplo para hacer estudios socioambientales. Muchas veces en el interior, como es multifuero, no tienen equipo y piden a la Codeni. Entonces, le quita fuerza para hacer otras acciones que podían hacer como estuve mencionando como hacer intervención comunitaria, charlas, sensibilizar y asegurar que la gente pueda reaccionar de forma más rápida y oportuna ante situaciones que no son consideradas tan normales”, explicó.
Prevención, descuidada Benítez recordó que la Codeni fue creada con un carácter preventivo, de manera a tener una marcada presencia en la comunidad, para poder detectar situaciones de vulnerabilidad tales como falta de acceso a servicios de salud, deserción escolar, entre otras y ante situaciones anómalas, realizar las derivaciones a las instituciones que correspondan, de manera a asegurar la protección del niño, niña o adolescente en peligro.
“El trabajo que se hace es reactivo, hasta ahora hay una reacción, el trabajo preventivo está debilitado, hemos avanzado en protocolos de intervención pero no siempre se aplican los protocolos, tenemos una debilidad también en la intervención. Es una intervención que obviamente tiene que ser ante la situación de vulneración pero incluso podemos advertir que tenemos debilidades en la forma en que estamos interviniendo, porque muchas veces caemos en la revictimización, la respuesta tarda demasiado en llegar y se convierte en una nueva vulneración o provoca mayores problemas aún”, señaló.
Dificultades en la reacción Con respecto a la reacción, Benítez destacó que también se observan problemas, especialmente por la falta de articulación entre las distintas instituciones, pese a la existencia de una serie de protocolos y compromisos asumidos.
“Es un problema sistémico, es un problema de falta de articulación entre juzgado, fiscalía y defensoría y a veces la articulación que se da con el sistema administrativo, es un sistema que aplaza el sistema administrativo porque cuestiones que deberían ser resueltas por el poder jurisdiccional, se recargan otra vez al sistema administrativo, me refiero a las Codeni. Hay un esfuerzo sostenido de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA), en general de las municipalidades, obviamente en servicios del Ministerio de Salud pero no es suficiente y la brecha que tenemos para asegurar fortalecer los servicios y que los niños todavía reciban lo que les corresponde por ley es todavía enorme”, afirmó.
Todas estas falencias se multiplican cuando se trata de niños, niñas y adolescentes en situación de adicción, que causa estragos tanto en la capital como en el interior del país.
“No estamos dando abasto, no hay suficientes servicios, lo servicios disponibles muchas veces sólo son privados y tiene un alto costo para las familias. Ahí estamos luego aplazadísimos”, dijo. La mejora de la calidad educativa, de mejora del acceso a servicios culturales, mejores posibilidades de invertir su tiempo libre, espacios de deporte, espacios donde puedan aprender, la disminuir la brecha digital, son, a criterio de Benítez, las ofertas que pueden permitir trabajar en prevención de las adiciones.
Violencia contra niñas es constante desde hace años
El abuso sexual en niños es una triste realidad que se observa en el Paraguay desde hace unos diez años, destacó el doctor Pablo Lemir, director del Departamento de Pericia Legal y Forense del Ministerio Público. El galeno precisó que este tipo de agresiones generalmente se produce en un ambiente de violencia doméstica y en el que una abrumante mayoría los agresores pertenecen al contexto familiar de la víctima.
Fue en conversaciones con nuestro diario tras la autopsia realizada el martes último a una niña de 10 años que falleció en San Pedro a causa de un aneurisma. En la ocasión, el médico constató que la pequeña tenía signos de haber sufrido abuso sexual en un lapso de 3 a 7 días antes de su muerte.
“Ahora se da más a publicidad nomás; anteriormente nosotros, hace ocho o diez años hicimos un estudio con cooperación europea; un estudio estadístico que reveló una realidad terrible en nuestro país que la mayoría de casos de abuso sexual o violación, como quiera llamar, se da en menores más que en adultos. Y normalmente, dentro de ese marco, estamos hablando de un 80%, dentro del contexto familiar; significa que puede ser papá, padrastro, tío, primo, etc.”, indicó.
Niñas, las más afectadas
“Pero es un delito mayormente de género, en el sentido de que las mujeres son más frecuentemente víctimas que varones, y de edad, porque mayormente son menores más que adultas las víctimas; y en tercera instancia, dentro de un contexto de violencia doméstica, porque se da en un contexto familiar”, comentó el galeno. Luego indicó que en aquella ocasión se observó que el 75% de las víctimas eran menores de edad.
Lemir refirió que el trabajo mencionado se realizó en el año 2007 y abarcó, además del señalado año, datos correspondientes a los dos años anteriores, pero lastimosamente hasta la fecha muy poco ha cambiado esa realidad
Informes del Subsistema de Información de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social referentes a los números de nacidos vivos en todo el país, al realizar la clasificación por grupos de edad de las madres, arrojaron resultados alarmantes.
En el 2015, un total de 672 niñas con edades de 10 a 14 años dieron a luz; en el 2016, fueron 634, y en el 2015, 603 fueron las niñas madres en el referido grupo de edad. Por la edad, indefectiblemente constituye abuso sexual en niños y los médicos están especialmente obligados a denunciar, al igual que los maestros.
Violencia en los hogares
Por otro lado, informes estadísticos del Poder Judicial dan cuenta de una elevada cantidad de juicios de violencia familiar (tramitado en los juzgados penales) y de violencia doméstica (tramitado en los juzgados de paz) que muchas veces son parte de una espiral de violencia que incluye o deriva en el abuso sexual en niños.
De acuerdo con estos datos, en el 2017 se iniciaron 7.501 casos de violencia doméstica y otros 3.907 casos de violencia familiar en todo el país, lo que da en total la alarmante cantidad de 11.408 juicios por hechos de violencia en el seno familiar, donde generalmente hay niños, niñas y adolescentes, con el consecuente daño físico y psicológico para toda la familia.
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