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La operación se inició cerca de las 15:00 del 31 de mayo de 2011, luego de que funcionarios de la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (CAIA) y agentes policiales de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) establecieran un elevado perfil de riesgo sobre dos contenedores con bolsas de arroz, que debían ser embarcados hacia Mozambique, país ubicado al sureste de África. La droga caída fue traída vía aérea desde Bolivia para ser embarcada en el puerto privado Fénix SA de Mariano Roque Alonso.
El auxiliar que gestionó el despacho y que fue detenido resultó ser José Domingo Martínez, al servicio de la agencia “Sole”, que funciona supuestamente en Capiatá. El “despachante” que firmó el envío fue Ángel Tomás Aguayo Saldívar. quien se dio a la fuga, después de que su auxiliar le llamara por celular para comunicarle que se iban a inspeccionar los contenedores.
Según los datos investigativos, se trataba del segundo envío que iba a hacer Aguayo Saldívar, aunque el supuesto dueño de la mercancía ya era vigilado por los antidrogas desde que perdió otro cargamento de cocaína en España, que también había embarcado en un puerto privado de Asunción, solo que esa vez la carga iba mimetizada entre maderas de palo santo.
Una vez que los funcionarios aduaneros y agentes de la SIU detectaron los panes de cocaína entre las bolsas de arroz de uno de los contenedores, comunicaron inmediatamente el hallazgo a la Fiscalía, para que acompañara el procedimiento de apertura del otro contenedor.
La fiscala Gilda Villalba Tottil se constituyó con una comitiva en el puerto privado y se procedió a la apertura de los contenedores.
En el primer contenedor había 875,575 kilogramos, mientras que en el segundo no se encontró paquete alguno del “polvo blanco” y aparentemente fue usado como señuelo, según dijo Diego Céspedes, director del puerto privado Fénix SA. En el segundo no se encontró ningún paquete, según las fuentes.
Uno de los mayores decomisos
A partir de ese momento, el cargamento pasó a ser el mayor decomiso de cocaína en la historia de nuestro país, por encima del de la incautación de 753 kilos materializada el 27 de setiembre de 1994 en Madrejón (Alto Chaco).
Se estima que el valor de la mercancía requisada en esa ocasión se evaluaba en 6 millones de dólares americanos y que una vez llegado a destino iba a ser distribuido para su posterior embarque a los centros de consumos de Sudáfrica, Europa y Asia.
La incautación récord se mantuvo en la cúspide de los decomisos de cocaína realizados en el país hasta el 10 de noviembre de 2012, fecha en que se produjo la confiscación de 1.748 kilos de la droga durante el operativo “Águila Negra”, efectuado por agentes especiales de la Senad en la colonia Guavirá del distrito La Paloma, en el departamento de Canindeyú.
Investigación y captura de involucrados
A partir del decomiso de la cocaína, la Policía inició una investigación exhaustiva para capturar a todos los involucrados en el caso.
El primero en caer fue Ángel Tomás Aguayo Saldívar, considerado uno de los “financistas” de la droga decomisada. Luego fue detenida la auxiliar de despachante de aduanas, Dionicia Quintana López.
Posteriormente fue detenido César Aparicio Brítez Aranda, quien alguiló un depósito en la ciudad de Paraguarí, donde fueron empaquetados los 875,750 kilogramos de cocaína en pequeños panes y luego cargados en el contenedor repleto de bolsas de arroz traídas de Ciudad del Este.
El auxiliar de despachante José Domingo Martínez fue sobreseido en diciembre de 2011.
Sin embargo, aún falta la captura de Eugenio Ariel Torres Viveros, sindicado como el jefe operativo de la organización criminal y marido de Dionicia Quintana López. Fijaba domicilio en el barrio San Francisco de Presidente Franco, departamento de Alto Paraná y su captura se efectuó el 17 de diciembre de 2011, cuando fue a visitar a su esposa en la comisaría 12° de Mujeres.
El juicio oral se inició el 1 de febrero de 2013 y dos semanas después el Tribunal de Sentencia integrado con los jueces Liza Battilana, Andrés Casati y Manuel Aguirre condenó a 18 años de prisión a Dionisia Quintana y a Ángel Aguayo.
Ariel Torres Viveros recibió una pena de 10 años, en tanto que César Aparicio Brítez fue sentenciado a 9 años de encierro.