Caso Arrom-Martí

El Estado remitió el jueves último, vía diplomática, los alegatos finales en el caso “Arrom Suhurt y otros versus Paraguay”, gestionado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que tiene su sede en Costa Rica. La Procuraduría sostiene que los prófugos cayeron en varias contradicciones y rechaza la demanda.

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El 8 de marzo último se cumplió el plazo establecido por la Corte IDH, en el caso de la demanda que entablaron los prófugos de la justicia de nuestro país Juan Arrom y Anuncio Martí contra el pueblo paraguayo. El Estado y los demandantes presentaron sus alegatos finales por escrito y recién a fin de año se conocería la sentencia definitiva.

El procurador general de la República, Sergio Coscia, dijo que el documento consta de 50 a 60 páginas. “Tenemos muchas esperanzas y fe luego de ver la actuación de los jueces. Todo el país y todo el mundo vio cómo nos mentían los testigos de ellos y cómo caían en contradicciones”, expresó Coscia al referirse a la audiencia que se realizó el 7 de febrero pasado en San José de Costa Rica. En la audiencia pública asistió como oyente el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Los prófugos de la justicia Arrom y Martí elevaron considerablemente su pretensión de indemnización por parte del Estado, que en principio fue de US$ 63 millones. Ahora piden que sean US$ 123 millones. El cálculo hecho por los prófugos es este: Juan Arrom exige al Estado US$ 50 millones, igual cifra pide Anuncio Martí, y otros US$ 23 millones a ser repartidos entre sus familiares y abogados.

En la audiencia en Costa Rica, Arrom expuso sus versiones de los hechos y el primero en ser llamado al estrado fue el prófugo por el secuestro de María Edith Bordón viuda de Debernardi. A través de una videoconferencia trató de convencer a los jueces de que es un perseguido político y que por eso tuvo que pedir el refugio político en el Brasil.

Sin embargo, Arrom cayó en contradicciones y fue cuestionado por los jueces de la Corte IDH.

La Procuraduría sostiene en los alegatos que la “demanda contra el Estado se funda en supuestos hechos de violación a sus garantías judiciales, tortura y desaparición forzada por parte de agentes estatales”.

“Han declarado que la supuesta desaparición forzada y tortura se debió a cuestiones políticas ya que formaban parte de un partido denominado Patria Libre. Se aclara que dicho partido no era actor destacado en la política paraguaya. De hecho que, si Patria Libre llamó la atención de las autoridades no fue precisamente por considerarla una fuerza opositora sino por la innegable vinculación de sus principales referentes con grupos criminales y/o guerrilleros”, refiere. Agrega que “Rodrigo Granda, exguerrillero de la FARC, reconoció que mantenía contactos con Arrom”.

La Procuraduría señala que en el marco de dicha investigación, y por la gravedad de los hechos alegados por Arrom y Martí “se ha imputado a agentes policiales, que luego de una exhaustiva investigación, se ha probado que no tuvieron participación en el supuesto secuestro” de los mismos.

“De la investigación señalada, se observan varias contradicciones respecto a las declaraciones de Arrom y Martí sobre la supuesta desaparición forzada y tortura por agentes del Estado. De hecho que la víctima del secuestro (María Edith Bordón de Debernadi) ha declarado que el 19 de enero del 2002 ha visto a Martí –sindicado como partícipe del secuestro– en la casa donde la tenían en cautiverio. Ella lo reconoció como “el guardia malo”, refieren los alegatos.

Se responden a las acusaciones

En el alegato escrito que presentó el Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se mencionan, entre otros puntos, que el prófugo Juan Arrom “ha denunciado ante la Comisaría el día 19 de enero del 2002, el extravío de “su registro de conducir a las 20:00 en el trayecto Asunción-Itá”.

“Dicho documento ha sido firmado por Juan Arrom y no ha sido redargüido de falsedad. El Estado no entiende, cómo es posible que en fecha 19 de enero del 2002 haya extraviado su registro de conducir “camino a Itá”, si supuestamente en dicha fecha se encontraba secuestrado por agentes estatales”, refiere.

Agrega que las presuntas víctimas “han agregado al expediente videos y fotografías del día de su supuesto rescate”. “Del video, se desprende que los mismos no tienen rastros de haber sido secuestrados y torturados por 14 días, como lo sostienen. El aspecto físico de los mismos delata que ello es imposible. Por ejemplo, se puede observar que Arrom y Martí se encuentran perfectamente afeitados”, señala.

Respecto a las afectaciones físicas, Arrom alegó que por “los supuestos golpes en la cadera, fue internado por más de una semana e imposibilitado para caminar. Sin embargo, del video se observa que ingresó caminando al vehículo de su hermana el día de su supuesto rescate”.

Arrom, nervioso ante los jueces

Juan Arrom, procesado en Paraguay por el secuestro de María Edith Bordón viuda de Debernardi, acaecido en el 2001, se puso nervioso en la audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en Costa Rica cuando los jueces le acorralaron con preguntas. El vicepresidente de la Corte IDH, Eduardo Vio Grossi (chileno), dijo que no es nada “simbólica” la cifra. “Obviamente, pedir US$ 50 millones (...) se aleja de este concepto de simbólico”, expresó.

Los plazos

En noviembre o diciembre de este año se conocería la sentencia de la Corte IDH sobre la demanda que le entablaron a nuestro país los prófugos de la justicia Juan Arrom y Anuncio Martí.

En febrero, ambas partes fueron escuchadas por los integrantes de la Corte IDH. Este 8 de marzo último, el Estado paraguayo y los demandantes presentaron sus alegatos finales por escrito y recién a fin de año se conocería la sentencia definitiva. Arrom y Martí tienen refugio en el Brasil desde finales del 2003. El Gobierno de Mario Abdo solicitó la cancelación. 

martin.riveros@abc.com.py

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