Cámara se presta a maniobra para blanquear lavado

Los camaristas Isidro González, Miriam Meza y Miguel López Cabral allanaron el camino para “cocinar” el proceso abierto por el lavado de US$ 370 millones, que salpica a empresas ficticias, cuatro bancos y los terceros que usaron las firmas de portafolio para enviar el dinero sucio al exterior. Los magistrados, mediante una sospechosa resolución, ordenaron el arresto domiciliario de la imputada Sady Caríssimo, presidenta de Strong, que es la que más dinero envió afuera, para el pago por supuestas mercaderías importadas. Se espera que la Corte y el Jurado adopten medidas.

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La semana pasada, González, Meza y López Cabral sorprendieron con el auto interlocutorio, a través del cual dispusieron el arresto domiciliario de Caríssimo, privada de su libertad por la comisión de los hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.

Es sospechosa la benevolencia de los magistrados con la imputada Caríssimo, que es presidenta de la firma ficticia Strong, que fue la empresa que más dólares remesó afuera.

Según una denuncia de Seprelad, en el 2010 y 2011, a través del banco Sudameris, Strong transfirió US$ 185.409.977 y G. 803.484.976.496. Por medio del BBVA, en los mismos años, US$ 23.494.713 y G. 93.693.788.725 y a través del Banco Regional US$ 58.448.003 y G. 243.180.772.141.

La firma ficticia envió al exterior en dos años US$ 267.352.694, a través de los tres bancos citados más arriba y declaró, según el sistema Sofía US$ 942.401. “Hay una diferencia de US$ 266.410.293, lo cual se considera incongruencia con relación a su actividad comercial. Los montos transferidos deberían estar acordes con los despachos realizados por importación de mercaderías recibidas del exterior”, enfatizó la denuncia de Seprelad.

Sin embargo, los camaristas ignoraron la gravedad de los hechos y revocaron la resolución del juez Raúl Insaurralde, que en dos ocasiones denegó la libertad a la citada imputada.

Los miembros del Tribunal tampoco consideraron la postura del Ministerio Público, que ratificó que la encausada siga en prisión.

El juez Insaurralde para rechazar por segunda vez la libertad de Sady tuvo en cuenta el concurso de hechos punibles para ratificar la prisión a Caríssimo –presa desde enero–, quien está procesada por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.

Como en mayo pasado, la defensa solicitó la revocatoria de prisión alegando falta de “legitimidad” el hecho de que una medida cautelar supere el mínimo previsto para el tipo de delito.

La fiscala Juliana Giménez pidió el rechazo de la excarcelación y argumentó que la finalidad de la prisión preventiva es la sujeción de la imputada al proceso penal, y no una pena anticipada.

El magistrado, finalmente, hizo prevalecer la concurrencia de hechos y marcos penales.

“La supuesta conducta imputada a Sady Elizabeth Caríssimo Báez se encuentra subsumida en varios tipos penales, la legislación de fondo prevé la medición de las penas en virtud a lo establecido en el artículo 70, mediante el cual el nuevo Código Penal Paraguayo no establece ninguna diferencia entre el concurso real, concurso ideal y delitos continuados, ya que el sistema adoptado consiste en la utilización conjunta de los principios de combinación y de aspiración. Es decir, se construye un nuevo y único marco penal, para lo cual se debe realizar una operación simple”, se desprende del fallo de Insaurralde.

El juez hizo, a su vez, hincapié en que el sistema de medidas cautelares debe descansar sobre los principios de “excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad”.

Los abogados Derlis Martínez y Mirna Kuchenmeister, en defensa de Caríssimo Báez, habían solicitado en dos ocasiones que el juez Insaurralde otorgara medidas menos graves a la encausada, pero el magistrado denegó el pedido en ambas oportunidades y recurrieron ante la Cámara de Apelaciones.

Caríssimo es una pieza “clave” dentro del esquema de lavado que funciona en Ciudad del Este. La mujer está estrechamente vinculada a Felipe Ramón Duarte, imputado por el mismo caso y prófugo de la justicia.

Duarte está sindicado por la fiscalía como el creador de las empresas ficticias, que en connivencia con empleados de los bancos Sudameris, Regional, Continental y BBVA, enviaron solo en 2011, US$ 370 millones de dólares al exterior.

Nilsa Romero de Duarte es otra detenida en el caso y fue aprehendida en Yguazú, Argentina, desde donde será extraditada. La mujer es la esposa de Felipe Ramón Duarte.

Zulma Catalina Duarte, hermana de Felipe, también sigue prófuga al igual que otro ocho imputado, entre ellos Tai Wu Tung, quien era el gerente de Forex, sucursal Ciudad del Este, que habría sido utilizada como sucursal de los bancos y desde donde operaban las empresas ficticias.

La resolución de la Cámara deja un mal precedente y allana el camino para “cocinar” uno de los casos más grandes de lavado de dinero investigado en nuestro país. Ahora, se pueden presentar los demás prófugos para quedar unos meses en prisión y luego salir libres.

Se dice que la Cámara cedió ante el poder económico, que está detrás del blanqueo del caso.

Se espera que la Corte y el Jurado tomen una determinación respecto a los camaristas.

LOS CAMARISTAS ISIDRO GONZÁLEZ Y MIRIAM MEZA TIENEN UN PÉSIMO ANTECEDENTE. HABÍAN SIDO CRITICADOS POR LA FISCALÍA POR LIBERAR A PROCESADOS POR TRÁFICO

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