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La libertad condicional de Paiva tuvo una arista polémica, desde el mismo momento en que se realizó el requerimiento ante la justicia.
En junio pasado, el abogado Luis Escobar Faella pidió la libertad condicional de Paiva al juzgado de Paraguarí, hasta donde llegó el expediente por inhibición de los magistrados.
La magistrada para evitar cualquier polémica relacionada a la fecha de la tragedia (1 de agosto y precisamente se cumplen diez años del hecho) fijó la audiencia para el 23 de setiembre.
Pero la diligencia no se realizó ese día debido a la llegada tardía de Paiva.
Tras considerar que con el nombramiento de la jueza Sandra Silveira en reemplazo del juez Isacio Cuevas había desaparecido la causal que motivó el envío del expediente a Paraguarí, Villamayor remitió de vuelta el documento judicial a la capital.
Sin embargo, la jueza Silveira también se apartó por amistad con el abogado querellante Alejandro Nissen y posteriormente hicieron lo mismo los jueces de ejecución de sentencia Ana María Llanes, Lourdes Scura, Víctor Medina, la jueza de Fernando de la Mora Silvana Luraghi, los de garantías Rubén Ayala Brun, José Agustín Delmás, Patricia González, Gustavo Santander y Arnaldo Fleitas por distintos motivos.
El juez penal de sentencia Carlos Hermosilla, a diferencia de sus colegas, se declaró competente para el caso y tras una agitada audiencia del pasado 19 de diciembre, dictó la libertad de Paiva el 23 del mismo mes.
El magistrado justificó la medida, argumentado que el condenado a 12 años de prisión, el empresario Paiva, cumplió con lo que exige el Art. 51 del Código Penal.
Los informes sicológicos y psiquiátricos le fueron favorables, cumplió las dos tercera partes de su condena y solo se espera que el condenado no vuelva a reincidir en la comisión de un hecho punible, había explicado el magistrado.
Las víctimas reclamaron que a Paiva no se le podía liberar debido a la gravedad del hecho.
Hermosilla respondió señalando que la audiencia de libertad condicional no es la instancia para volver a analizar los hechos por los cuales Paiva fue condenado.
“Ya no es un nuevo juicio oral, sino la audiencia donde se analizan situaciones diferentes como la mencionada”, afirmó.
El juez reconoció que la causa toca profundamente el sentimiento de muchas víctimas del siniestro, y recordó que su trabajo es analizar jurídicamente la situación.
Como condición para permanecer en libertad condicional, Hermosilla impuso a Paiva la obligación de realizarse un tratamiento psicoterapéutico en el Instituto de Salud Mental por el plazo de 6 meses, donar G. 5.000.000 de forma mensual al Hogar de Ancianos El Oasis y la prohibición de salir del país sin autorización del juzgado.
De igual manera, Paiva debe comparecer entre el 1 y e 5 de cada mes para la firma del libro respectivo, la prohibición de portar armas, así como la obligación de realizar una publicación de disculpas o pedido de perdón a las víctimas, por un día, en un medio de prensa escrito de gran circulación, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la resolución de libertad condicional.
El incumplimiento de cualquiera de las reglas impuestas por el juzgado hará que se anule la libertad condicional y Paiva deberá volver a la penitenciaría de Tacumbú.
A los defensores Luis Emilio Escobar Faella y Raúl Netto Parodi se les impuso fianza personal de G. 500.000.000, cada uno.
La publicación del pedido de disculpas se realizó en el diario Última Hora, el pasado 2 de enero.
“Aceptando plenamente la condena que se me impusiera como consecuencia de ese trágico suceso, reitero una vez más y en forma pública mi pedido de perdón a tantas personas que se vieron afectadas por tan trágico suceso”, decía parte de su pedido de disculpa que públicamente no fue aceptada por familiares de las víctimas.
Ocho años y medio en prisión
Paiva estuvo 8 años y medio en prisión por la tragedia del supermercado Ycuá Bolaños.
La sentencia la cumplió en la Penitenciaría Nacional hasta obtener la libertad condicional.
Los demás condenados, su hijo Víctor Daniel Paiva, el guardia Daniel Areco y el accionista Humberto Casaccia, sentenciados a 10, 5 años y 2 años y 6 meses de pena privativa de libertad, respectivamente, ya están libres.
El incendio del supermercado Ycuá Bolaños V ocurrió el 1 de agosto de 2004, se inició minutos antes del mediodía y dejó un saldo de casi 400 muertos y unos 500 heridos.
El caso llegó a la Cámara de Apelaciones y es casi seguro que vaya luego a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia donde se deberá un corte final al tema.
Paiva es identificado por las víctimas como el accionista más importante y por ende, como el propietario del supermercado que hasta el 1 de agosto de 2004 funcionaba en Artigas y Santísima Trinidad.
Junto a la elección de un nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, el intento de juicio político a tres miembros del máximo tribunal, la posibilidad de que senadores y diputados afronten juicio oral por corrupción, el caso Ycuá aparece en la agenda judicial como uno de los más importantes a ser definido en los próximos días.
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