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Mediante la Acordada N° 1000 del 15 de setiembre pasado, la Corte dispuso que las sentencias en contra de funcionarios públicos y particulares en las causas penales en las que se han juzgado la comisión de hechos punibles contra el patrimonio del Estado, los juzgadores penales competentes de todo el territorio nacional deberán remitir a la Procuraduría General una copia del fallo pertinente.
Según los antecedentes, la Procuraduría General de la República había iniciado una mesa de dialogo con la Corte Suprema de Justicia, a fin de alcanzar una mayor y mejor coordinación en la defensa de los intereses patrimoniales de la República, en los casos que investigan hechos punibles contra el patrimonio del Estado, teniendo en cuenta que la PGR no contaba hasta la fecha con la comunicación oficial de las sentencias de condena dictadas en contra de funcionarios públicos y particulares que han sido condenados como autores o partícipes de delitos que han afectado intereses públicos estatales.
“Es importante señalar que a través de esta decisión (Acordada) se fortalece el Estado de Derecho, logrando con un histórico avance en las acciones del Estado paraguayo tendientes a reparar los daños y perjuicios ocasionados a su patrimonio mediante la comisión de hechos punibles”, dice un informe oficial de la Procuraduría General de la República.
En la Acordada, la Corte dispuso que una vez dictada sentencia condenatoria en contra de funcionarios públicos o particulares, en las causas penales que han juzgado la comisión de hechos punibles en contra del patrimonio del Estado, los juzgados penales competentes de todo el territorio nacional deberán remitir a la Procuraduría General de la República una acopia autenticada del fallo judicial pertinente.
Además, establece que la disposición deberá ser cumplida por los Tribunales Penales de Sentencia en el marco de un juicio oral y público, como también por los Juzgados Penales de Garantía en los casos en que corresponda la aplicación de un procedimiento abreviado.
“Cabe destacar, que esta decisión de la Corte Suprema de Justicia es un logro de la Procuraduría General, como también una muestra del patriotismo y predisposición del máximo órgano judicial en procura de resultados eficaces a nivel país mediante acciones conjuntas y coordinadas. La Acordada de referencia es absolutamente beneficiosa para el Estado paraguayo, teniendo en cuenta que es de competencia de la Procuraduría General la interposición de la acción civil de reparación del daño en el proceso penal cuando un hecho punible ha causado un perjuicio al patrimonio público, y ante la falta de notificación a esta institución del Estado de las sentencias condenatorias dictadas en contra de un funcionario público o particular participante del hecho punible comprobado, resulta difícil realizar el correspondiente seguimiento y control de las mismas”, señala la PGR.
Para el cumplimiento de la Acordada, es necesario que la sentencia sea debidamente comunicada a la Procuraduría General, y una vez firme con efecto de cosa juzgada, que el órgano analice eventualmente interponer las acciones civiles para la reparación de los daños y adoptar todas las medidas legales que sean pertinentes en defensa del patrimonio público, conforme lo establece el artículo 246, numeral 1) de la Constitución Nacional, en sus artículos 27 y 28 respectivamente.
Esta disposición de la Corte tendrá efecto en todo el territorio nacional, debiendo ser cumplida por los Tribunales Penales de Sentencia en el marco de un juicio oral y público, como también por los Juzgados Penales de Garantías en los casos en que corresponda la aplicación de un procedimiento abreviado, así como Tribunales de Apelación y Juzgados de Ejecución.
“La misma será de gran ayuda a la gestión patriótica de recuperación de bienes por parte del Estado paraguayo”, dice la Procuraduría.
La Corte resaltó que la acción civil de reparación del daño es una competencia de la Procuraduría General, que actualmente está dirigida por el abogado Roberto Moreno Rodríguez, que en dicho carácter deberá impulsar las acciones ante el Poder Judicial.
cbenitez@abc.com.py