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En mayo de 2000 se registró una intentona de golpe de Estado contra el gobierno del presidente Luis Ángel González Macchi, de la que participó un grupo de policías.
Se dio una “cacería” para tratar de dar con los cabecillas; varios uniformados fueron sometidos a apremios físicos, entre ellos el comisario Alfredo Cáceres y el oficial Jorge López, quienes fueron los dos únicos que al final se decidieron a denunciar a sus torturadores e iniciar una batalla judicial, que ni en el peor de sus cálculos estaba previsto que iba a durar 18 años, que ahora llega a la etapa de juicio oral y público.
Cáceres y López, a lo largo de este proceso declararon y se ratificaron en que fueron privados de su libertad. Mientras López quedó detenido en la Comisaria 11ª Metropolitana y Cáceres guardó prisión en la base de la Infantería de Marina.
En la noche del 21 de mayo, en la sede de la Armada, fue torturados por los comisarios Basilio Pavón (ya fallecido), Merardo Palacios y el oficial Osvaldo Vera, todo esto bajo las órdenes del entonces ministro del Interior Walter Bower, según la acusación.
Varios jueces tuvieron este caso y muchos fueron recusados hasta que el expediente recayó en el magistrado Amarilla, quien luego de sortear muchos incidentes logró llegar a hacer la audiencia preliminar y elevar el caso , el jueves pasado, a juicio oral y público.
La denuncia
En su exposición durante la audiencia preliminar, el fiscal Fabián Centurión señaló: “Los apremios físicos consistieron en vendaje con cinta de embalaje y diario en los ojos, las manos esposadas hacia atrás y tirados o puestos boca para abajo recibiendo los golpes en las plantas de los pies con las cachiporras de gomas, estuvieron en la comisaria ese 19 de mayo para luego ser trasladados a la Agrupación de la Policía Nacional y luego después al Comando de la Infantería de Marina y es allí donde las hoy querellantes sufren o padecen una serie de maltratos en el caso del señor Alfredo Cáceres esta vez con el control o supervisión y tolerancia en el entonces ministro del interior Walter Bower...”.
En su momento, las defensas de los tres acusados presentaron una serie de incidentes como ser nulidad de la acusación, sobreseimiento definitivo por atipicidad y nulidad de la audiencia preliminar, todos ellos fueron rechazados por el juez. Así también el pedido de prisión que planteó la fiscalía para los acusados fue rechazado.
El juez argumentó sobre este último punto, que durante los 18 años de proceso, Merardo Palacios y Osvaldo Vera, se presentaron a los requerimientos de la justicia y gozaban de medidas alternativas y no existe actualmente méritos, para revocar las mismas.
En el caso de Bower, el Ministerio Público puntualizó que la única forma en que se someta al proceso era ordenando su prisión y además alegaron que contaba con mucho poder adquisitivo y podría comprarse un avión y huir.
Para el magistrado, este punto no tenía razón de ser ya que el fiscal Fabián Centurión a lo largo del proceso nunca solicitó medidas alternativas para Bower y se opuso a su prisión, por lo que es incomprensible que a esta altura del proceso recién solicite la detención.
Por esa razón rechazó, el pedido de Centurión, pero en contrapartida dispuso la aplicación de medidas alternativas para el exministro del Interior, a quien le impuso prohibición de salida del país, comparecencia de una vez al mes al juzgado y además una fianza real de mil millones de guaraníes.
Otro hecho que marcó la audiencia preliminar fue cuando la defensa de Merardo Palacios, ejercida por la abogada María Isabel Candia, denunció que el libro de novedades de la Marina, no estaba en el expediente y pidió que esa prueba sea excluida del presente proceso.
El fiscal Fabián Centurión confesó que efectivamente ese documento, al igual que muchos otros, estaba extraviado. En consecuencia el abogado Rolando Alum, querellante en representación del comisario Alfredo Cáceres, ofreció una copia autenticada de una página del libro de novedades. El juez aceptó esa evidencia y la introdujo en el expediente.
De esta manera, se trató de salvar que esa prueba madre no se pierda, pero el magistrado dejó constancia que gran parte de las pruebas se perdieron del poder del fiscal Centurión a quien incluso acusó de ser negligente al presentar tomos de los expedientes con un noventa por ciento de copias simples y no autenticadas.
Pero el juez señaló que se tienen testimonios y algunas pruebas que si están agregadas al expediente y que en base a eso se pudo llegar a esta instancia de proceso. Con todo esto, el juez Gustavo Amarilla, declaró la apertura del juicio oral y público, para Walter Bower, Merardo Palacios y Osvaldo Vera, tras 18 años de litigio judicial.
El Tribunal de Sentencia que salga sorteado para entender en el proceso deberá recibir las evidencias y pruebas que se tienen y que ahora no pudieron ser introducidas al expediente por no estar en el momento jurídico.
Arresto pendiente
Walter Bower paralelamente a este caso, también tiene pendiente una sanción de dos días de arresto disciplinario que dispuso el juez Gustavo Amarilla, en su contra por litigante de mala fe y que se encuentra a la espera de resolución.
Libro de novedades
En el libro de novedades de la Marina, figura que el 21 de mayo de 2000, la referida víctima (Alfredo Cáceres) se encontraba detenido en la Infantería de Marina, como comprueba con el Libro de Novedades del Oficial Superior de Guardia.
La otra víctima
En el mismo libro de novedades se hace constar que ese día 21 de mayo de 2000 el oficial Jorge López, fue llevado a la unidad militar para un interrogatorio junto al comisario Alfredo Cáceres, quien ya estaba detenido en el sitio.
Los procesados
A las 21:40 de ese 21 de mayo de 2000 también se anota en el libro que ingresan a la mencionada unidad militar los comisarios Juan Basilio Pavón, Merardo Palacios y el oficial Osvaldo Vera, en compañía de otras personas.
Fiscal Centurión realizó una negligente labor, según juez
Una total falta de interés que raya con la negligencia puede ser el resumen de 18 años de trabajo que realizó el fiscal Fabián Centurión en este caso que investiga las torturas que sufrieron dos agentes de policías de parte de Walter Bower, Merardo Palacios y Osvaldo Vera.
El fiscal extravió cuanta prueba y evidencia se agregaron a la carpeta fiscal. Eso quedó plenamente demostrado en la audiencia preliminar, cuando la abogada María Isabel Candia, defensora de Merardo Palacios, hizo notar al juez Gustavo Amarilla que varias evidencias que el fiscal Centurión citó como pruebas, no se encontraban agregadas a la carpeta fiscal.
Ante esto el magistrado le preguntó al fiscal si era verdad lo referido por la defensa y el agente confesó que efectivamente estaba extraviado el libro de novedades de la Marina, donde figuraba que las víctimas fueron llevadas hasta ese lugar para ser torturadas por los hoy acusados, cuyos datos también estaban consignados en el documento.
Esa prueba era clave, para la investigación, ya que fue la cabeza del proceso y el fiscal Centurión mintió por casi dos décadas diciendo que la tenía cuando en verdad no era así. Luego para encubrir su inoperancia dijo que su excolega Amílcar Ayala, fue quien extravío la prueba.
Ayala, se presentó en la sede del Ministerio Público y entregó copia autenticada del libro de novedades y explicó que en el año 2003 fue recusado por una de las defensas y entonces le entregó todas las evidencias a su colega Centurión, entre ellas el libro de novedades de la Marina. Esta entrega se hizo bajo acta, entonces la segunda mentira del agente Fabián Centurión se cayó por su propio peso con esta noticia.
Pero no solo el libro de la Marina se le perdió al fiscal, tampoco en el expediente fueron agregados los certificados médicos que demostraban que las víctimas fueron torturadas.
Casi el 90% de las evidencias las extravío Centurión a lo largo de los años. En casi dos décadas de proceso el juzgado solo tiene en su poder dos tomos de la carpeta fiscal que en su gran mayoría solo contienen copias simples de actuaciones, cuando es sabido que todas las copias tienen que ser autenticadas.
Este caso fue elevado a juicio oral y público solamente debido a que el magistrado Gustavo Amarilla realizó una buena tarea para armar el rompecabezas cuyas piezas se encargó de perder el fiscal del caso.
Tanta fue la desidia de Centurión que nunca solicitó la exclusión de Basilio Pavón del caso, por fallecimiento.
En su resolución el magistrado Amarilla, tuvo que pedir el sobreseimiento definitivo de Pavón debido a que ya estaba muerto desde hace más de diez años.
El juez Gustavo Amarilla remitió un oficio a la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez, en el que le detalló todo lo ocurrido durante la audiencia preliminar y en la cual el fiscal Fabián Centurión reconoció que no tenía la mayoría de las pruebas del presente caso y admitió que las mismas se extraviaron de las gavetas del Ministerio Público.
Todos estos puntos bien detallados se envía a Quiñónez, para que ella tome las medidas que crea que correspondan tomar con relación a la negligente labor de su subordinado.
victor.franco@abc.com.py