Cargando...
Todo el proceso se inició a mediados del año pasado cuando un grupo de socios activos y vitalicios del club Deportivo Sajonia presentó una nota a la comisión directiva para que llame a una asamblea extraordinaria, alegando que había sospechas de malos manejos en la parte administrativa.
Los estatutos del club señalan que este tipo de pedidos deben tener por lo menos 100 firmantes para ser estudiados y en este caso se presentaron 581 socios firmando la misiva.
El club contrató a los influyentes abogados José Domingo Almada y Carmelo Caballero, quienes tomaron cartas en el asunto y llamaron a un perito para que revise todas las firmas que aparecían en el escrito.
Finalmente el experto encontró que supuestamente 32 firmas eran falsificadas. Por esa razón los abogados Caballero y Almada, en representación del club social, presentaron una denuncia penal en la Fiscalía contra estas personas por producción de documentos no auténticos.
El caso fue a parar al despacho de la fiscala María Estefanía González, quien inició la investigación a estos socios tal como se solicitó en la denuncia.
Desde ese momento comenzaron las presiones de parte de los abogados Caballero y Almada para lograr procesar a los denunciados.
Al enterarse los afectados de la denuncia penal todos se presentaron ante la fiscala González, para señalar que se estaba manipulando la administración de justicia en contra de ellos y que las firmas que aparecen en la nota sí les pertenece.
Los denunciados pidieron ser llamados a declarar, para dejar en claro que ellos son los firmantes, contrariamente a las pericias que presentaron los abogados.
“Nos presentamos todos los denunciados para aclarar que esas firmas que aparecían en el pedido de asamblea extraordinaria sí eran nuestras de puño y letra. Dejamos incluso plasmado eso en un acta, para demostrar que el perito que contrató la contraparte hizo un trabajo direccionado, pero extrañamente pasó mucho tiempo para darnos la razón en un caso en el que siempre fuimos todos inocentes”, explicó Gaspar Rodríguez
“Las pericias fueron hechas en forma unilateral por los abogados del club. No se les dio participación a mis clientes y tampoco a la fiscalía. El trabajo que hicieron ellos y que estaba errado se presentó como una prueba del presunto delito, solo para perjudicar a los 32 socios que firmaron la nota”, explicó la abogada de los denunciados Hermes Cristaldo.
Desestimación
Con la declaración de los denunciados y ante la prueba fehaciente de que la firma que aparecía en la nota era de ellos, la agente fiscal María Estefanía González pidió al juez penal de Garantías Hugo Sosa Pasmor la desestimación de la denuncia, sin embargo, el magistrado pidió trámite de oposición y envió nuevamente el expediente a la Fiscalía General.
El 5 de diciembre pasado la fiscala Alba Rocío Cantero rectificó el pedido de desestimación solicitado por la fiscala González, alegando que faltaban realizarse unas cuantas diligencias y la declaración de tres personas más y por eso no se podía desestimar la presente investigación.
El camino para una desestimación cada día se complicaba más, hasta que a mediados de diciembre salieron a luz una serie de audios filtrados por ABC Cardinal que demostraba cómo desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) se manipulaban los procesos y detrás de casi todos los casos estaba el abogado Carmelo Caballero, quien mantenía comunicación directa con el secretario del Jurado Raúl Fernández Lippmann, encargado de hacerle llegar a su jefe, el presidente del JEM Óscar González Daher, los pedidos de los “amigos”.
Una vez destapado tremendo escándalo, con la intervención del Ministerio Público y la imputación que se dio sobre todos los que aparecen en los audios traficando influencias, el caso de estas 32 personas comenzó a destrabarse.
En enero la fiscala María Estefanía González volvió a presentar el pedido de desestimación de la denuncia, el pasado 21 de marzo el juez Hugo Sosa Pasmor resolvió aceptar el pedido y cerró la investigación.
“Gracias a que salieron a luz los audios donde se demostraba cómo Carmelo Caballero manejaba a fiscales y jueces a través del secretario del Jurado Raúl Fernández Lippmann, es que mis clientes no fueron procesados y hoy están libres. No me quiero imaginar si esos audios no aparecían qué iba a ser de ellos, capaz que iban a ir a parar a la cárcel”, señaló la abogada Cristaldo, durante una visita a la redacción.
Este es solo un caso de los tantos en que gente que ni tenía que estar investigada era sometida a un proceso judicial por los “aprietes” que se daban desde el JEM a los fiscales y jueces para que fallen según la convenencia de Carmelo Caballero, a quien se lo oye, en los audios, manejar a su antojo los procesos.
“Nosotros fuimos perjudicados debido a que nuestra intención era pedir una asamblea extraordinaria en el club del que somos socios, pero tuvimos que estar más atentos a un eventual proceso penal y nos desviamos de nuestro objetivo principal. Ahora que estamos libres de esta nefasta e injusta causa vamos a volver a tratar el tema del club”, señaló Gaspar Rodríguez, uno de los afectados.
victor.franco@abc.com.py