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Del congreso participaron 100 agentes fiscales que llegaron a la conclusión de que deben realizarse cambios a nivel constitucional y legal para lograr que el sistema de justicia funcione en el Paraguay y que los mismos se deben centrar en brindar garantías a los fiscales, jueces y defensores que son honestos y capaces.
En el discurso inaugural del evento el Presidente de la Asociación de Fiscales, Ariel Martínez, manifestó que los objetivos principales del organismo son el tratar de afianzar la independencia de todo el sistema judicial, lograr la autonomía verdadera del Ministerio Público y brindar garantías a los fiscales que hacen bien su trabajo. Recordó que la Fiscalía, históricamente, surgió como una institución que lucha por la libertad de los ciudadanos y exhortó a sus asociados a no olvidar la siguiente premisa: “Día a día en nuestro accionar como fiscales debemos demostrar que estamos del lado de la ciudadanía”.
Al referirse a la independencia indicó que si bien muchos sostienen que eso depende de cada uno de los operadores de justicia, la realidad es otra, más aún cuando tenemos un sistema que no da garantías a los honestos y capaces. “En un sistema como el nuestro que busca que el hacer bien sea la anormalidad, quien se anima se convierte en héroe o mártir y ello es intolerable. Una República debe buscar que el hacer bien sea la normalidad y no una situación excepcional que se pague muy caro, la independencia es la única garantía de lograr que el hacer justicia sea lo habitual”.
Lamentó que en pleno siglo XXI se tenga que seguir discutiendo si el sistema judicial debe ser independiente o no, cuando en otros países esto es una realidad desde hace más de tres siglos. “Lamentablemente tenemos que seguir librando batallas casi sanguinarias por lograr la tan soñada independencia y, en esas batallas, la Asociación de Fiscales ha ejercido el liderazgo, lo que debe llenarnos de orgullo”, dijo.
Enfatizó que la independencia no debe ser entendida sólo como la del poder político, sino también de todos los poderes fácticos existentes en la sociedad.
Abogó por reformas legales y constitucionales para lograr la autonomía verdadera del Ministerio Público, pues dicha institución hoy no tiene representantes ni el Consejo de la Magistratura, ni el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En lo que hace a modificación de leyes, abogó por la urgente sanción de una ley de carrera fiscal que tenga estos efes: (a) Reconocimiento de un sistema de méritos como criterio de selección, nombramiento y promoción a los cargos de la carrera fiscal y administrativa; (b) Estabilidad y posibilidad de permanecer en el cargo mientras dure la buena conducta del funcionario y el desempeño eficiente en sus funciones; (c) Igualdad en la remuneración por igual trabajo, antigüedad en el cargo y nivel de responsabilidad; (d) Exigencia de un alto nivel académico y profesional de los funcionarios fiscales, mediante una permanente y óptima capacitación; (e) Respeto a la especialización de los funcionarios fiscales; (f) Reconocimiento de los derechos jubilatorios y de seguridad social de los funcionarios fiscales y administrativos; (g) Fortalecimiento del rol social de los funcionarios fiscales como representantes de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado; (h) Respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad y culpabilidad en los procedimientos disciplinarios u otros que afecten la permanencia en el cargo de los funcionarios fiscales y administrativos; y (i) Responsabilidad personal de los funcionarios fiscales.
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