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La fiscala Torres indica en su escrito de acusación, que técnicos del Ministerio Público y de la Contraloría General detectaron que en el manejo de los residuos de los hidrocarburos no se cumplieron las normas del medio ambiente, según el plan de gestión que el propio extitular de Petropar había presentado a la Secretaría del Medio Ambiente para obtener la licencia ambiental. A continuación, el relato de los hechos:
“En fecha 31 de octubre del 2011, la Secretaría del Ambiente (Seam) emitió Licencia Ambiental (Resolución N° 2787/2011) a favor de Petróleos Paraguayos (Petropar) en relación con la Planta Industrial de Villa Elisa de dicha institución. En virtud a la misma, se aprobaba el Plan de Gestión Ambiental, cronograma de obras y de mitigación del daño ambiental de la actividad desarrollada en dicha planta –recepción, tratamiento y procesamiento de derivados de petróleos, expendio de combustibles, entre otros–, que había sido presentado por el presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), señor Sergio Escobar Amarilla. Dicha licencia tenía una duración de un año, condicionando al cumplimiento de dichas medidas mitigatorias, entre las que se encontraban las expresamente propuestas en el Plan de Gestión de Sustancias Químicas y Cronograma de obras y Actividades, presentada por el presidente de Petropar, Sergio Escobar Amarilla.
Desde esa fecha –31 de octubre del 2011–, Sergio Escobar Amarilla, en su carácter de presidente de Petróleos Paraguayos, tenía la obligación de dar estricto cumplimiento a lo preceptuado en la Licencia Ambiental, así como el Plan de Gestión Ambiental, Plan de Gestión de Sustancias Químicas, Cronograma de Obras y Actividades, todas presentadas por el mismo.
Sin embargo, en fecha 21 de mayo del 2012, siendo las 11:30 (fs. 128 de la carpeta de investigación fiscal) el Ministerio Público constató el incumplimiento de las mismas, al verificar que en un sector del terreno se encontraban los desechos sólidos generados allí, e igualmente, en zona contigua, el lugar donde eran depositados los residuos de hidrocarburos.
Se constató que el procedimiento de Landfarming –aprobado por la Seam– no era el que se estaba realizando en el lugar, ya que no contaba con los requerimientos técnicos al respecto (falta de impermeabilización de la base del pozo, aireación del proceso). Igualmente, se verificó que los tambores que aún contenían la borra de combustible se encontraban esparcidos en el suelo, sin cobertura, lo cual contravenía expresamente lo dispuesto en el Plan de Gestión de Sustancias Químicas, en cuanto a que dichos tambores debían estar cubiertos y en lugares sin contacto directo con el suelo”.
También la Contraloría
La fiscala Sarah Torres hace mención también al estudio realizado por la Contraloría General:
“En el mismo sentido, la CGR por resolución N° 119 de fecha 5 de marzo del 2012, resolvió un examen especial a la entidad, motivo por el cual se constituyeron fiscalizadores en la Planta de Villa Elisa, quienes constataron que los desechos de hidrocarburos, limpieza y mantenimiento de tanques, envases vacíos de sustancias químicas, metales de hierro en desuso, residuos de laboratorio y otros residuos sólidos, estaban almacenados en un vertedero creado en el predio de la institución, mezclados con desechos comunes, sin ningún tipo de manejo y clasificación de residuos. Todo ello fue denunciado por el señor contralor general de la República, Óscar Rubén Velázquez, en fecha 21 de diciembre del 2012.
El ciudadano Sergio Escobar Amarilla, en su carácter de presidente de la entidad, asumió una responsabilidad de dar cumplimiento a las normas de carácter ambiental que estaban impuestas en la normativa legal y principalmente, en una norma de carácter administrativo, que para él mismo era ley, que fue propuesta a su iniciativa a la autoridad administrativa (Seam).
Sin embargo, una vez obtenido el permiso legal de explotación con efectos ambientales para la planta de Villa Elisa, y con condicionamiento al respecto, Sergio Escobar Amarilla, presidente de Petropar, no dio cumplimiento a dicho mandato, ya sea, ordenando la contratación de órganos técnicos especializados para limpieza de tanques y retiro de tambores con restos de combustibles; siguiendo estrictamente el cronograma de obras y actividades propuesto por el mismo y aprobado por la Secretaria del Ambiente (Seam); al permitir que los residuos de derivados de petróleos, sustancias químicas y desechos de oficina se encontraran en lugares contiguos sin requerimientos ambientales algunos, con lo cual se producía, un riesgo de contaminación de suelo y agua con graves consecuencias, debido al incumplimiento de las propias medidas propuestas por él y aprobadas por Seam.
En otras palabras, había asumido una obligación en nombre y representación de Petropar, en su carácter de presidente de la misma, obligación que no honró debidamente, con los efectos ambientales que ello supone”, se desprende del escrito de acusación penal de la agente especializada en delitos ambientales.
griselda@abc.com.py