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Se pudo constatar que desde inicios del año 2010, Felipe Ramón Duarte y Tai Wu Tung –ambos contadores– diseñaron un esquema para que grandes cantidades de dinero provenientes de actividades relacionadas con la comercialización de productos falsificados (piratería), narcotráfico, contrabando, entre otros ilícitos, sean depositadas en bancos de plaza en violación del sistema de prevención y detección de lavado de dinero, y consecuentemente remesadas al extranjero con apariencia de legal.
Para dicho fin, estructuraron un sistema con otras personas, entre ellas los imputados en la presente causa y la hoy acusada, Sady Caríssimo Báez, sistema mediante el cual se vincularon a empresas con poca actividad comercial previa, entre las cuales fueron identificadas: STRONG SA, M.H. ELECTRONICA SA, BRAEX SA, MANHATTAN SA, MUÑE SA, AMERICAN SRL, SAN JOSSUE SA, NIFAPLUS PARAGUAY SA, MART GON SA, y MEGA TECH SA, las que después de la intervención del grupo criminal, iban modificando la estructura societaria y registrando mismos domicilios, socios, directivos, números de teléfono, correos electrónicos, contadores y síndicos ante varias entidades financieras; y luego, en forma repentina movilizaron capitales simulando diferentes tipos de actividades comerciales que en realidad nunca existieron.
A estos efectos utilizaron entidades bancarias de Ciudad del Este, tales como Banco Regional SAECA, Banco Atlas SA, BBVA Paraguay SA, Banco Continental SA, Sudameris Bank SA, Banco Amambay, Banco Itaú y Financiera Finexpar SA, mediante cuentas corrientes habilitadas a nombre de las citadas empresas y en todos los casos justificaron que esas sumas de dinero provenían de actividades comerciales de compra, venta e importación de mercaderías llevadas a cabo cotidianamente por cada una de las empresas y que supuestamente estaban reflejadas en los estados contables (balances comerciales), declaraciones juradas de impuestos (f. 120 IVA y f. 101. RENTA), despachos de importación y listado de clientes locales presentados por el grupo criminal ante el sistema bancario, cuando en realidad la mayoría de los datos no eran coincidentes con la realidad.
Dólares y cheques
En ese contexto, las sumas de dinero ingresaron bajo modalidades diferentes: depósitos en cuenta de dinero en efectivo, dólares, cheques de terceros, y acreditación en cuenta por operaciones de cambio (reales-guaraníes-dólares), operaciones de arbitraje (reales-dólares).
Asimismo, entre las actividades realizadas por el grupo criminal, se identificaron las siguientes: búsqueda de clientes “interesados” en mover o remesar sumas de dinero en el anonimato a cambio de un porcentaje por el servicio, coordinación para recaudar el dinero físicamente, sea en cheques, sea en efectivo y preparar las documentaciones, comprobantes de depósitos, solicitudes de transferencia al exterior y otras autorizaciones para mover los fondos a la cuenta.
Dichas operaciones primeramente las realizaban en las oficinas de Manager consultoría, año 2010 (bajo la dirección de Felipe Ramón Duarte) y posteriormente también en el predio de la sucursal de la casa de Cambio Forex Paraguay SA, en el Shopping Internacional, año 2011 (bajo la dirección de Felipe Duarte y Tai Wu Tung) y para todas y cada una de las etapas siempre existían funciones bien específicas para cada uno de los imputados.
Países de alto riesgo
Siguiendo el paso de las diferentes operaciones, una vez que las sumas de dinero se hallaban disponibles en las cuentas corrientes, se ordenaba sean remesadas casi en su totalidad a países extranjeros, tales como Afganistán, Estados Unidos de América, Panamá, Chile, Pakistán, Irán, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, República Popular de China, Corea del Norte, India y otros.
Algunos de estos países en el periodo de tiempo de las transferencias eran considerados como jurisdicciones de alto riesgo y no cooperantes o jurisdicciones con deficiencias estratégicas, de acuerdo al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional encargado de establecer las políticas de prevención, detección y persecución de lavado de dinero.
Al tiempo de ordenar las remesas, el modus operandi consistía en expresar que ellas se destinaban para pago por mercaderías enviadas de proveedores de esos países a la República del Paraguay, para ello al presentar las solicitudes bancarias, se adjuntaba facturas proforma –proform invoice– o facturas –invoice–, supuestamente emitidas por esos proveedores.
Sin embargo, la Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay no registró ingreso de mercaderías para las empresas supuestamente importadoras e incluso en la mayoría de los casos las empresas proveedoras tampoco figuraban como proveedores de mercaderías al Paraguay y las pocas empresas que sí eran proveedoras, no realizaron transacción alguna con las investigadas, por lo cual se puede colegir que todas las remesas eran con la finalidad precitada.
Así, la existencia del elevado movimiento de capital se diseñó sobre la base de reactivación de empresas constituidas legalmente pero con actividad comercial poco relevante, con una vinculación directa de alguno de los miembros de la organización criminal, sea en la representación legal, sea en la masa accionaria de las mismas y una vez lograda esa fase, la inserción de estos capitales en el sistema bancario, a través de aperturas y utilización de cuentas corrientes de bancos, previa justificación a través de documentos falsos de sus ingresos; y la puesta en circulación de las sumas de dinero a través de transferencias al exterior, logrando insertar al sistema financiero más de US$ 600.000.000 (dólares americanos seiscientos millones) durante los años 2010 y 2011, para que luego tales sumas de dinero desaparezcan en miles de transacciones a varios países.
En dicho contexto, con relación directa a la acusada se encuentra la firma Strong SA, que si bien fue creada con anterioridad a los hechos investigados, durante esta etapa no movió sumas de dinero relevantes, hasta la inserción del esquema criminal, lo cual vino acompañado de transacciones que totalizaron US$ 292.299.287, dice parte de la acusación que presentó el Ministerio Público contra la imputada Sady Caríssimo.
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