Acceso a la información pública

Vemos claramente que la memoria no es posible desarrollarla en el desorden y para ello basta echar una mirada a la condición en que se encuentran nuestros archivos públicos nacionales. La mayoría de ellos sin recursos económicos ni profesionales para realizar la tarea de ordenar, clasificar y facilitar el acceso a la información por parte del ciudadano. Se esgrimen argumentos como los altos costos de dicha tarea que ahora inclusive con los adelantos tecnológicos a mano siguen siendo elementos centrales a la hora de no realizar la tarea de organización que requieren los documentos que se producen diariamente en todos los estamentos públicos. Una muestra de cómo la evolución técnica no sirvió de mucho para realizar la tarea es el hecho que Paraguay tenga la mayor cantidad de computadoras por funcionarios públicos en la región, pero este ordenador funciona con la voluntad de una persona que la sepa utilizar correctamente y con una formulación de política pública que haga que el mismo sea de uso obligatorio, sistemática y en una proforma fácil y accesible.

La experiencia mexicana que ha reconvertido su antigua cárcel de Lecumberri en Ciudad de México en Archivo Nacional es una prueba elocuente de que ante la ausencia de una ley de archivos por un lado y falta de voluntad del Estado de organizarse, todo ese cúmulo de información que se genera pasa a formar parte de un repositorio inerme, donde gran parte de la memoria de ese país no logra organizarse ni servir para propósitos que logren mejorar la eficacia del Estado en su relación interna y externa. De ahí que una ley de acceso a la información pública en el Paraguay fuerza al Estado a organizarse y promueve la memoria como parte de un legado que una administración entrega a la otra que ingresa sin que tenga que repetirse en los mismos errores sino aprovechando en forma positiva las experiencias que en esa dirección se hayan dado. Es lamentable observar que la ineficacia del Estado ante el ciudadano sea uno de los aspectos más criticados de nuestras democracias. La mala calidad del servicio público por un lado, la falta de una sistematización en la recepción, organización y archivo de los miles de documentos públicos que son generados diariamente nos muestra de manera elocuente cómo los estados latinoamericanos siguen repitiendo sus errores y promoviendo la figura trágico de Sísifo quien levantaba una roca de día que se desplazada desde la altura de noche... una y otra vez como prueba elocuente de la ausencia de una política administrativa del Estado que lleve a ordenar la casa en beneficio de su propia supervivencia y de la de los ciudadanos a quienes servir.

Muchas veces no es solo la ausencia de voluntad para no hacer cumplir lo que manda el artículo 28 de la Constitución Nacional sino el desorden con que los documentos se encuentran dispersos en las oficinas y anaqueles públicos. Con cierta frecuencia la prensa suele informar de papeles que fueron consumidos por las ratas, otras víctimas del fuego o la inundación deliberada en un séptimo piso, pero en todas lo que claramente se visualiza es la ausencia de una política de preservación de la memoria que resulta tan trascendente como la prolongación efectiva de la gestión del Estado.

No será posible incluso con una ley de acceso a la información pública acceder a documentos que sean solicitados por los ciudadanos si no pasamos al mismo tiempo una ley de archivo que fuerce de manera mandatoria la organización del Estado en todas y cada una de sus reparticiones. Lo que tenemos en la actualidad es un “desorden organizado” de tal manera que no se pueda jamás acceder a documentos valiosos que puedan permitir tomar decisiones correctas en campos específicos como aquellos relacionados al reclamo ciudadano más básico. El 16 de julio de 2008 el tribunal de apelación en lo civil y comercial, quinta sala de Asunción integrado por los magistrados Linneo Ynsfrán, Fremiort Ortiz Pierpaoli y Carmelo Castiglioni rechazaron la petición de un ciudadano del municipio de San Lorenzo Daniel Vargas T. que requería conocer la nómina de los funcionarios nombrados y contratados con sus salarios respectivos, argumentado la sala que esos informes eran privados y por lo tanto no deberían ser dados a conocer por la municipalidad respectiva. Este fallo aberrante que cubre de ignominia a la justicia paraguaya es signo claro de que si esos mismos magistrados hubieran accedido de manera fácil y ordenada al fallo de la jueza Buongermini en un caso similar pero que afectaba a un ciudadano de Lambaré, la institución judicial hubiera echado mano a la jurisprudencia para dictar un fallo no solo acorde al mandato del artículo 28 sino al sentido común que guía fundamentalmente las acciones de cualquier órgano del Estado. Este es un caso de desorden, desconocimiento, chapucería, desmemoria o falta de coordinación que afectó directamente al ciudadano José Daniel Vargas Telles que no pudo ejercer su rol de contribuyente y el mandante de los empleados de su municipio accediendo a una información que por su carácter de público debiera estar en una página web para conocimiento de todos como lo hace cualquier repartición pública que se defina como democrática. Afortunadamente la Corte Suprema de Justicia luego de 7 años el pasado octubre de 2013 resolvió favorablemente al pedido del ciudadano sentando jurisprudencia y desatando un tsunami informativo que concluyó con la sanción de la nueva ley de Acceso a la Información pública y transparencia el pasado mes de agosto.

DEMOCRACIA LEJANA

El nivel de secrecía con que aun el Estado pretende manejar la relación con sus mandantes no solo irrita sino que desacredita a la democracia. La falta de entusiasmo en ella de parte de muchos es sencillamente porque carecen de información que les permita participar de la discusión pública de manera más profunda y argumentada. Pareciera que el Estado disfrutara que la prensa y la opinión pública deliberaran sobre cuestiones baladíes ante la ausencia de mecanismos que permitan tanto a la prensa como al ciudadano de hurgar en informaciones y datos que permitan que la toma de conciencia sobre un tópico determinado sirva finalmente para que el Estado se perfeccione en su actuar y sirva al ciudadano como es su deber y función. No sería por lo tanto descartable pensar que exista una verdadera actitud hacia el desorden administrativo de forma de tener a mano una coartada simple y efectiva para no responder a los reclamos que se hagan en torno a temas o personas que hacen parte de la tarea administrativa del Estado. Si no es posible acceder por cuestiones de “preservar la intimidad de las personas” en el caso de sus salarios y puestos, ¿Cómo sería la actitud de los administradores sobre cuestiones tan puntuales que hacen al gasto de los fondos públicos en cuestiones específicas? La respuesta es obvia, si lo sencillo no quiere darse, lo complejo tendrá siempre la excusa que los papeles se han extraviado o que no están disponibles por falta de recursos que permitan clasificarlos y ordenarlos.

Una ley de archivos con una ley de acceso a la información pública servirá para profesionalizar la labor del Estado en su relación con las personas a las que sirven. Se evitarán burocracias costosas, ineficientes y corruptas que solo crean dificultades para vender facilidades y podrá el ciudadano desde la comodidad de su casa con un ordenador enfrente acceder a la información requerida para que su participación en el debate ciudadano sea sobre la base de notas y apuntes oficiales y no oficiosos y basados en chismes o rumores que muchas veces la prensa publica ante la dificultad de acceder a información cierta, precisa y de fácil acceso que pudiera elevar la calidad de la nota periodística y consiguientemente dar una mayor densidad al debate público que en democracia permite corregir errores y evitar la reiteración de los mismos. Pensar en estos dos aspectos resulta por lo tanto urgente y necesario, es preciso ordenar la casa común, el Estado, un ente administrador que tiene desafíos complejos y demandas urgentes que no puede responder por incapacidad o por falta de datos que les permita tomar decisiones correctas. Si a esto sumamos el costo que tiene la ineficacia del Estado y el nivel de crispación y desaliento que genera un Estado desorganizado y cruel en muchos de los casos, la conclusión lógica es que la sociedad en su conjunto ha permitido que la nación jurídicamente organizada no pase de ser una declamación en los papeles pero muy distante en la práctica.

ORGANIZAR EL ESTADO

La suma de demandas que hoy tiene la administración pública y la rapidez con que se demanda de ella respuestas efectivas debe imponer necesariamente la organización de archivos fáciles de acceder y con ello responder a las demandas que la sociedad reclame de ella. La tendencia es que cada vez mayor cantidad de ciudadanos educados podrán acceder a métodos electrónicos, que los mismos tienden a crecer exponencialmente en el mundo y que los estados organizados con aquellos que promueven en su comportamiento ciudadanos iguales que articulan eficientemente desde el pago de sus impuestos hasta el reclamo de información o documentos sin tener que exponerse a largos y tortuosos caminos que exasperan a los que pretenden vivir en la formalidad y en el orden. Un Estado democrático por su propia supervivencia necesita ser transparente y eficaz y ello no será posible sino organizamos la labor de los distintos ámbitos del quehacer público. Un Estado ordenado promueve la previsibilidad en su accionar y desalienta la corrupción a su paso. Si el Paraguay pretende ingresar en una época donde la democracia sea un sistema que se perfeccione con la participación de todos, es imperioso que primero organice sus archivos y luego promueva sin temores el acceso de los ciudadanos a toda información pública que el ciudadano requiera para tomar decisiones correctas o simplemente para participar con argumentos del debate sobre tópicos particulares de su interés. Ante la ausencia de estos elementos tenemos una democracia que se recrea en hechos intrascendentes, en peleas sobre nombres o actitudes pero no sobre hechos o argumentos que permitan conocer claramente por qué el Estado no ha sido capaz de enfrentar con éxito la corrupción, la pobreza o la inseguridad. No es lo mismo que le fijen a uno la agenda sobre la que discutir estas cuestiones que cada uno pueda acceder a toda información que le permita desde cerrar un negocio privado con alguien en particular hasta escoger a personas que no tengan cuentas pendientes con la justicia para el ejercicio de un cargo determinado.

Organizar el Estado es otro aspecto poco enfocado por quienes promueven leyes de acceso a la información pública en el mundo, pero subyace como un valor intrínseco que requiere una mirada no solo jurídica sino de mentalidad desde y hacia la propia estructura del Estado. No es casualidad en el mundo que naciones organizadas y transparentes como las escandinavas marchen adelante en desarrollo y prosperidad y que naciones desorganizadas y caóticas además de opacas y secretas sean aquellas donde el subdesarrollo se haya afincado de manera profunda en su vida cotidiana y en su relación interpersonal. El impacto de un Estado que se organiza llegará todos los estadios ciudadanos, impactará sobre organizaciones cívicas y gremiales y repercutirá en una actitud más abierta y transparente en toda relación interpersonal e incluso comercial. En este caos en que se debate la estructura estatal es poco probable incluso que con una ley de acceso a la información pública pueda responderse la requisitoria del ciudadano. Esta actitud desde el Estado también mostrará el grado de compromiso que tienen los funcionarios del Estado de mejorar su relación con sus mandantes y el valor que asignan a la memoria como factor que permite corregir errores, aprender de experiencias exitosas profundizándolas o descartar aquellas que han perjudicado al país en su conjunto.

Un factor por lo tanto valioso que contribuye el acceso a la información pública es pensar en la necesaria y urgente tarea de organizar el Estado con una ley de archivos que debería ser anterior a la norma o concomitante con ella. Muchas veces los pretextos y resistencias a una norma que garantice el acceso a la información pública se dan por graves desarreglos al interior de las instituciones públicas que promueven con ese comportamiento el ambiente propicio para que la corrupción prospere y se desarrolle.

HACER QUE CON LAS COSAS PASEN ALGO

No es casual en nuestro continente leer noticias donde las controlarías públicas que investigan con dos años de atraso las instituciones del Estado, resalten los robos y hechos de corrupción en el día a día de la gestión del Estado. Si tuviéramos transparencia y orden la ciudadanía podría convertirse en contralora cotidiana de esa gestión evitando tener que asombrarse de manera diaria sobre hechos sobre los cuales lo único que queda es la acción judicial larga y farragosa de sanción y de recuperación de lo malversado. Y eso constituye un fracaso del sistema democrático. Un programa de organización del Estado de sus reparticiones con una ley de archivos clara y fácil de implementarse puede significar un gran cambio en el concepto de secrecía y opacidad que rodea a los estados latinoamericanos.

El impacto como afirmamos no será solo sentido en la relación con el ciudadano sino permitirá en países como los nuestros, centralizados y construidos sobre la imagen de los gobiernos, tener una percepción más clara sobre el orden y la administración celosa de los recursos del Estado. Por lo tanto un hecho importante en el acceso a la información es la necesidad de organizar la administración pública permitiendo con ello proyectar un nuevo compromiso moderno y profesional en la relación de los órganos estatales con el ciudadano.

*Profesor universitario