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La denuncia que sirvió de cabeza para el proceso judicial señala que el entonces ministro del Interior Walter Bower ordenó que Cáceres y López sean llevados primero a la Comisaría 11ª metropolitana donde fueron torturados por los comisarios Merardo Palacios, Basilio Pavón (ya fallecido) y Osvaldo Vera.
Luego los detenidos fueron llevados a la base de la Marina donde siguieron siendo sometidos a apremios físicos para que confiesen quiénes más estuvieron involucrados en el presunto levantamiento contra el gobierno.
Cuando Alfredo Cáceres y Jorge López fueron liberados denunciaron el caso, que llegó a la justicia donde querellaron a sus victimarios. Corría el mes de mayo del año 2000, pero ni en el peor escenario los accionantes hubiesen pensado que iban a pasar 18 años sin que se tenga una resolución.
En principio se negó que los dos policías fueron arrestados y llevados a la base militar, sin embargo pasados varios meses apareció el libro de novedades de la Marina y quedó demostrado de forma fehaciente que el comisario Cáceres y el oficial López fueron llevados a esa unidad militar.
Los querellados se pasaron presentando chicanas para evitar ser sometidos a la justicia. Jueces, camaristas y hasta ministros de la Corte ayudaron a que este caso se dilate y cumpla la “mayoría de edad” en los tribunales.
Ningún juez se animó a aplicarles una sanción a los imputados que fueron turnándose para presentar chicanas que una tras otra fueron rechazadas, pero fueron ganando días, meses...., 18 años.
Audiencia preliminar
Actualmente los procesados están acorralados y sin opciones por evitar que el caso llegue a la audiencia preliminar. La misma se está haciendo tras 18 años, pero una vez más el “rey de las chicanas” –Walter Bower– presentó una excepción de inconstitucionalidad y pide que se cambie la calificación del delito de tortura; el exministro del Interior ahora quiere ser juzgado solamente por lesión.
La intención de la defensa de Bower es que se cambie la calificación de tortura, que es un delito que no prescribe, por la de lesión que –de darse–, el hecho ya prescribió hace tiempo y de esa manera evitar una condena.
A la sombra de esta chicana, los otros dos procesados también plantearon que la audiencia preliminar no se podía hacer ya que existe ese incidente planteado por Bower, pero el juez Gustavo Amarilla decidió darle tramite al planteamiento realizado por el exministro y mientras se resuelve eso se hace la audiencia preliminar.
Diligencia que la semana pasada fue incidentada por Osvaldo Vera, quien planteó la nulidad de la acusación, la nulidad de la audiencia preliminar, alegando que está pendiente la inconstitucionalidad planteada por Bower y también solicitó la extinción de la acción penal.
Mientras todo esto se plantea en el juzgado, el pedido de cambio de calificación está en la Corte. Recordemos que esta instancia judicial es la que más perjudicó al esclarecimiento de este caso, ya que cada vez que los procesados presentan incidentes y van a parar a la máxima instancia judicial es este órgano el que más tiempo cajonea el expediente y retrasa las diligencias.
No sería raro que en esta ocasión también la inconstitucionalidad duerma por largo tiempo en la Corte Suprema de Justicia, como ya se dio con casos similares.
Es sabido que los delitos de lesa humanidad no prescriben y en este caso dejaría un grave precedente si la Corte llegara a cambiar la calificación del delito, 18 años después.
Doble discurso
Existe un doble discurso de parte de Walter Bower, quien es el principal acusado en este proceso, ya que en marzo pasado presentó a su nuevo abogado Jorge Vasconsellos, en una conferencia de prensa en la que aseguró que se iba a someter a la justicia, pero ni bien afirmó esto ya comenzaron con el bombardeo de chicanas.
Por esa razón fue que el juez Gustavo Amarilla ordenó el arresto disciplinario de 48 horas de Bower. Pero esa medida, como era de esperarse, también fue apelada y actualmente no se puede hacer efectiva la resolución del magistrado.
Desde hace 18 años Walter Bower se está riendo descaradamente de la justicia y con su habitual prepotencia elude el proceso y ahora también sanciones.
Eso quedó demostrado con la respuesta a la notificación que le hizo el juzgado de su arresto disciplinario y en la cual escribió de puño y letra; “Me presentaré en el plazo establecido, a cobrar el premio que me concede S. E. por haber salvado a la patria”.
Eso escribió en la notificación que le hizo el juez Gustavo Amarilla, dejando en claro que no tiene respeto alguno a las autoridades y como en su época de ministro del Interior, cree estar por encima de las leyes.
¿De qué intención de someterse a la justicia habla Bower, quien tiene este tipo de actitudes?
Lo único que demuestra es que no respeta a la administración de justicia y seguirá haciendo lo que se le antoje para eludir una pena por un delito que no prescribe.
victor.franco@abc.com.py