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Los condenados son los extécnicos del Indert Juan Ramón Sosa Fretes (51) y Feliciano Romero Rodríguez (51), ambos a tres años de prisión; y el exsecretario general de la institución, Andrés Francisco Argüello Román (44), sentenciado a dos años de pena privativa de libertad.
El tribunal de sentencia, presidido por María Luz Martínez, e integrado por Blas Imas y Elio Rubén Ovelar, resolvió beneficiar a Argüello Román con la suspensión de la ejecución de la pena; y mantuvo las medidas alternativas a la prisión impuestas anteriormente por un juzgado de garantías a Sosa Fretes y Romero Rodríguez. Es decir, ninguno de los tres exfuncionarios del Indert cumplirá la condena en una prisión.
Intentaron vender las tierras
En el juicio se demostró que Luis Ortigoza, durante su gestión al frente del Indert entre los años 2011 y 2012, intentó vender un poco más de 7 hectáreas de tierras de la reserva del Mbaracayú, distribuidas en 5 terrenos, a personas que no eran beneficiarias de la reforma agraria.
Si se concretaba el negociado, el perjuicio que iba sufrir la Itaipú Binacional, como propietaria de la reserva, ascendería a G. 40.000 millones por la enajenación de la propiedad. Sin embargo, solo vendieron uno de los cinco inmuebles y el adjudicado pagó G. 1.800.000 en concepto de primera cuota para poder habitar el terreno.
Romero Rodríguez y Sosa Fretes fueron los que firmaron los informes técnicos de varios expedientes del Indert, con aseveraciones que no correspondían a la verdad, ya que los cinco terrenos que ambos verificaron se encuentran dentro de la reserva Mbaracayú y no pertenecen al Estado paraguayo, tal como ellos afirmaron.
Por su parte, Argüello Román fue condenado por colaborar para la tramitación de todos los expedientes que posibilitaron la expedición de los títulos de propiedad de los terrenos.
Luis Ortigoza sigue prófugo
El extitular del Indert Luis Ortigoza, acusado en esta causa por presunta estafa, no se presentó para el inicio del juicio oral (en el mes de febrero) y justificó su ausencia con un reposo médico que no estaba visado por el Ministerio de Salud.
El Tribunal de Sentencia lo declaró en rebeldía y ordenó su captura, pero hasta la fecha el exfuncionario permanece prófugo. Una vez que sea capturado y se ponga a disposición de la justicia, tendrá que enfrentar juicio oral.
Tribunal remitió a Fiscalía declaraciones de testigos
El Tribunal de Sentencia remitió al Ministerio Público los antecedentes del Dr. Juan Carlos Ramírez Montalbetti, también extitular del Indert, y de Luis Alberto Reguera, excompañero de los tres condenados, por inconsistencias en sus declaraciones como testigos en el juicio oral.
La sentencia detalla que en su declaración ante el tribunal, Ramírez Montalbetti dijo que él no firmó los títulos de las propiedades que intentaron vender ilegalmente y que eran expedientes reconstruidos. Sin embargo, los documentos fueron firmados por él.
Declaró también que su gente de confianza no revisó los expedientes, que a criterio suyo “todo estaba bien”, pues eran excedentes de 7 hectáreas de tierra, pero luego se enteró que Itaipú se adjudicó la titularidad de los inmuebles.
Por su parte, Reguera dijo ante los jueces del tribunal que fue el entonces gerente de área Sergio Ortega quien le entregó los expedientes, en los cuales se solicitaba resolución y procesamiento de títulos, y que procedió en consecuencia al recibir esos documentos.
Afirmó además que Central de Trámites y mesa de entrada son las encargadas de filtrar el ingreso de expedientes y que están a cargo de la Secretaría General del Indert.
Los jueces analizaron estas declaraciones y al encontrar inconsistencias, resolvieron remitir los antecedentes a la Fiscalía para su análisis.
Ortigoza enfrenta varias causas por negociados
Además del proceso por el intento de venta de tierras en la reserva del Mbaracayú, Luis Ortigoza enfrenta otras causas por irregularidades que se detectaron en su gestión al frente del Indert.
Uno de los procesos es por la venta de lotes en el Alto Paraguay. Según la Fiscalía, que acusó a Ortigoza de supuesta lesión de confianza, se produjo una pérdida de más de G. 15.000 millones.
Este caso se refiere a la adjudicación y venta de tierras fiscales al ganadero Arnaldo Luis Arévalos, por un monto siete veces menor al de su valor real. De acuerdo a la Contraloría, hay otros tres supuestos hechos similares que fueron descubiertos por una auditoría en el ente agrario.
Caso San Agustín
Luis Ortigoza también está acusado por la Fiscalía por supuestas compras irregulares de tierras. Uno de los casos se refiere a la adquisición de 5.723 hectáreas de la empresa San Agustín, propiedad del padre del exsenador del Unace Jorge Oviedo Matto, en el departamento de Cordillera.
Asimismo, el extitular del Indert es investigado por una aparente venta irregular de tierras del aeropuerto de Capitán Bado, en Amambay.
Orden de captura
La orden de captura contra Ortigoza fue emitida el 3 de febrero de este año, por el tribunal del caso Mbaracayú.