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Poco es lo que puede hacer el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Juan Carlos Zárate e integrado por sus miembros Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, ante la actitud obstruccionista que tienen los acusados y algunos de sus abogados, quienes se pasan presentando una chicana tras otra.
Recusaciones
Los miembros del Tribunal ya fueron recusados cuatro veces por Soares, Guachiré y sus abogados, pero en todas las ocasiones la Cámara de Apelación confirmó a los magistrados al alegar que los argumentos expuestos por los incidentistas no se ajustan a derecho, sino más bien a chismes de pasillos. Soares y Guachiré por ejemplo refirieron que ya no confían en los jueces debido a que una persona (a quien no identificaron) se les acercó y les pidió plata para el Tribunal. También hablan de personas que ya les comentaron que serán condenados, pero los camaristas José Agustín Fernández, Delio Vera Navarro y Gustavo Auadre expusieron que ninguna de estas cuestiones tienen fundamentos jurídicos y por lo tanto confirmaron en todas la ocasiones al Tribunal de Sentencia.
Denuncia ante la Fiscalía
Al no prosperar las recusaciones entonces los acusados Soares y Guachiré presentaron una denuncia en la Fiscalía contra el Tribunal de Sentencia al alegar que violaron las medidas sanitarias dispuestas por la emergencia del covid-19. La fiscala Marta Carolina Romero está abocada a esta investigación y ya comprobó que la sala de juicios orales donde se lleva a cabo las incidencias del caso “coquitos de oro” está adaptada para evitar la aglomeración de personas, también se inspeccionó a los jueces para saber su estado de salud y que todos están sanos, por lo que ahora se encuentra en la etapa de evaluación de los elementos para determinar si rechaza o no la denuncia.
Esta maniobra de los dos acusados es simplemente dilatoria y probando a ver si el Ministerio Público se presta a sus maniobras para buscar un Tribunal de Sentencia a su medida y que puedan manejar con chicanas así como lo vienen haciendo desde hace diez años cuando se inició este caso donde se investiga la compra sobrefacturada de alimentos para la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en el 2009 cuando se declaró emergencia en varios departamentos del país.
Camilo Soares era el titular de la SEN y Alfredo Guachiré el director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) y a decir de la acusación fiscal, juntos maniobraron para causar un perjuicio patrimonial al Estado paraguayo por más de mil millones de guaraníes en la compra de alimentos.
Sin embargo ambos vienen chicaneando el proceso en busca de impunidad y así ya recusaron fiscales, jueces, camaristas y ministros de la Corte, para alargar el proceso.
Pero todo esto se da gracias a la tibia mirada de la Corte Suprema de Justicia que viendo perfectamente que los miembros del Tribunal de Sentencia no pueden sancionar a los chicaneros porque son constantemente recusados, no toman una medida urgente de ellos mismos aplicar la acordada N° 961/15 que regula el sistema disciplinario del Poder Judicial. El artículo cuarto de esta acordada es claro en qué casos se debe sancionar a los litigantes de mala fe o se detecte un ejercicio abusivo del derecho. Señala que los jueces tienen que comunicar de estos casos a la Secretaría General de la Corte, cuestión que los camaristas ya realizaron, pero hasta el momento no hay determinación de parte de la máxima instancia.
Este miércoles 1 de abril a las 8:30 debe proseguir el juicio oral, pero es casi seguro que los litigantes intentarán una vez más truncar la prosecución del mismo, como lo vienen haciendo desde el 12 de marzo pasado.
Mientras que no se sancione a los abogados y procesados chicaneros, los mismos seguirán en su postura obstruccionista, como lo vienen haciendo desde abril de 2010 cuando se presentó la imputación contra los mismos.
El 12 de marzo de 2014 el entonces juez Pedro Mayor Martínez ya había castigado a Camilo Soares con una multa al señalar que hubo ejercicio abusivo del derecho de parte del procesado debido a que presentó entonces una serie de chicanas para obstruir el caso. Sin embargo pese a ello hasta hoy sigue con su actitud obstruccionista impunemente.
La Sala Constitucional tiene que resolver las excepciones de inconstitucionalidad que presentaron Camilo Soares y Alfredo Guachiré, en la que piden que se declare la prescripción de la acción penal y de esa forma quede impune la lesión que sufrió el Estado paraguayo por más de mil millones de guaraníes en el año 2009.
Hasta el momento en lo poco que se pudo desarrollar el juicio oral debido a las chicanas declararon unos siete testigos y la mayoría de ellos dejó en evidencia que hubo una compra sobrefacturada de alimentos entre el 17 y 24 de diciembre de 2009, a través de la compra de alimentos de la SEN y al notar esto las defensas comenzaron a obstruir el caso.