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Un Tribunal de Apelación revocó la ampliación de plazo que la jueza penal de garantías Alicia Pedrozo había otorgado al Ministerio Público para presentar las evidencias contra los acusados de la causa conocida como “Berilo”, en la que están procesados el diputado Ulises Quintana y el presunto narcotraficante Reinaldo Cabaña.
El tribunal integrado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander admitió la apelación que presentó una de las defensas y revocó la prórroga que la magistrada concedió al fiscal Ysaac Ferreira para presentar la carpeta de evidencias de la causa.
El agente del Ministerio Público presentó acusación contra los veinticuatro procesados en la causa el pasado 13 de septiembre. Luego, pidió a la jueza una prórroga para remitir las pruebas.
Critica a la Fiscalía
El camarista Pedro Mayor Martínez, uno de los integrantes del tribunal que revocó la resolución, sostuvo que fue un error de la jueza Alicia Pedrozo otorgar una ampliación de tiempo a la Fiscalía a presentar pruebas que sustenten la acusación contra los imputados del caso Berilo. Afirmó que la magistrada actuó correctamente en la primera oportunidad, al intimar al Ministerio Público a que incorpore en un plazo de 48 horas pruebas que sustenten la acusación. “Lo que no advierte la jueza es qué sucedería en caso de incumplimiento”, señaló Mayor.
“Sin el apercibimiento correspondiente, se solicita una ampliación de plazo, lo que la jueza considera viable debido a la complejidad de la causa, pero como no establece un plazo, la Fiscalía podría tomarse una semana o un mes. Esto es lo que consideramos incorrecto”, dijo.
Martínez enfatizó que en consideración de la fecha, independientemente de la complejidad del caso, la Fiscalía tuvo que anticiparse y prever el talento humano y los recursos necesarios para que en el día señalado se dé cumplimiento acabado a la presentación de los elementos probatorios.
Puntualizó que la Fiscalía General del Estado debe subsanar el error y en el caso de que no lo hiciera, se deberá liberar a todos los acusados en el caso, entre ellos Reinaldo “Cucho” Cabaña y el legislador de la Cámara Baja, Ulises Quintana.
Cumplen prisión preventiva
“Cucho” está procesado por tráfico de drogas, provisión de medios de transporte para tráfico de drogas, asociación criminal, comercialización de estupefacientes y lavado de dinero. En diciembre de 2018 fue trasladado desde la Agrupación Especializada de la Policía hasta el penal de Tacumbú, tras denunciar amenazas de muerte.
Por su parte, el diputado Ulises Quintana está acusado por supuesta asociación criminal y lavado de dinero. El legislador estuvo preso en la cárcel de Viñas Cue, desde setiembre del año pasado hasta el 8 de junio pasado, fecha en que fue beneficiado con la libertad ambulatoria por la jueza Magdalena Narváez.
El pasado 1 de diciembre, Quintana volvió a prisión, por disposición de la jueza penal de garantías Alicia Pedrozo, quien en la audiencia de revisión de medidas argumentó que persiste el peligro de fuga y obstrucción al proceso penal, por lo que revocó la libertad ambulatoria.
En condiciones para acusación
La fiscal Lorena Ledesma, quien realizó todas las investigaciones del caso pero no pudo presentar la acusación porque estaba recusada por la defensa, aseguró que el Ministerio Público “está en condiciones” de poner a disposición del Juzgado Penal de Garantías todas las evidencias que fueron reunidas durante las pesquisas que encabezó tras el operativo denominado Berilo.
Puntualizó que se ofrecieron todos los medios probatorios de la acusación y se indicó el lugar donde están las pruebas y que eso fue controlado por la defensa del propio Reinaldo “Cucho” Cabaña, presunto narcotraficante procesado y que actualmente guarda reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Jueza fue confirmada en la causa
Un tribunal de apelaciones rechazó el viernes último la recusación del diputado Ulises Quintana contra la jueza Alicia Pedrozo, estrategia fallida con la que trató de dilatar la audiencia que finalmente se hizo y en que la magistrada en cuestión resolvió decretar de vuelta su prisión. El mismo diputado confirmó que se trataba de una chicana, ya que al ser enviado una vez más a Viñas Cue simplemente desistió de la acción.
El Tribunal de Apelaciones conformado por los jueces Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos rechazó por inoficioso el planteamiento del diputado colorado, ya que el mismo Ulises Quintana desistió de la recusación que había planteado contra la magistrada.
Cuando el expediente del caso que afecta al legislador baje de la Cámara de Apelación, la magistrada tendrá que intimar al Ministerio Público a que en un plazo de diez días hábiles presente la acusación y todas las pruebas contra los procesados del caso caratulado como “Berilo”.
En caso de que la Fiscalía General del Estado no presente en tiempo y forma la acusación, la causa se extinguirá y todos los procesados deberán ser liberados, entre ellos el diputado por Colorado Añetete Ulises Quintana y el presunto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña.
Actualmente ambos están con prisión preventiva, el legislador en la cárcel de Viñas Cue y Cucho en Tacumbú, tras denunciar amenazas de muerte en la Agrupación Especializada.
Fiscal detenido en el Operativo Berilo
Luego de cinco meses de investigación, el jueves 6 de septiembre de 2018 se inició un megaoperativo en Ciudad del Este, encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas y la Fiscalía. El supuesto líder narco Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho (33), fue el principal objetivo.
Se realizaron más de 40 allanamientos, uno de ellos en la sede fiscal de la Unidad Penal Ordinaria Nº 3 de Ciudad del Este, a cargo de Gustavo Ramón Yegros, quien fue procesado por supuestamente haber recibido una coima de 20.000 dólares americanos.
Según el acta de imputación, el fiscal habría generado una orden de allanamiento por un supuesto robo agravado. El procedimiento contó con apoyo de personal policial.
La comitiva ingresó a una vivienda de la ciudad de Presidente Franco, donde extorsionaron al dueño y le exigieron la suma de US$ 30.000 para dejar sin efecto la denuncia. De esa suma –según el documento– Yegros habría cobrado US$ 20.000 para abandonar el domicilio.
Sin embargo, la persona extorsionada era cercana a Reinaldo Javier Cabaña, por lo que este último le remitió parte del dinero abonado, US$ 12.000, para completar el pago solicitado.
Senabico administra bienes comisados
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) maneja los bienes de todos los procesados en la causa. La mayoría pertenece al presunto traficante de drogas Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña.
Defensa de Cucho pedirá revisión
El abogado Pedro Wilson Marinoni, defensor legal de Reinaldo Javier Cabaña, anunció que esta semana pedirá la revisión de medidas y que se le otorgue la prisión domiciliaria a su cliente.
Puntualizó que ofrecerá una fianza real de G. 5000 millones y una fianza personal similar al monto para que el juzgado revea la prisión preventiva del supuesto narcotraficante.
Marinoni ratificó que el agente fiscal del caso fue negligente por haber presentado la acusación, pero no las pruebas. “Tenemos datos de que la fiscal en complicidad con la jueza están recibiendo calladas algunos tomos de manera irregular”, afirmó.
Al respecto, aseguró que la jueza Alicia Pedrozo es cómplice de la fiscala Lorena Ledesma, por lo que pidió que se aparte de la causa, ya que según remarcó, perdió objetividad y solo trata de cubrir la negligencia del Ministerio Público.
Denuncia ante el JEM
El 7 de noviembre pasado, el profesional del derecho presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra Alicia Pedrozo, por supuesto mal desempeño de funciones. Marinoni argumentó falta de capacidad, idoneidad y desconocimiento de la Ley por parte de la magistrada, por no respetar los plazos para la presentación de evidencias.
Fiscala culpa al Poder Judicial
La fiscala Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico, dijo que el Ministerio Público estaba ofreciendo las documentaciones que justifican la acusación contra Reinaldo “Cucho” Cabaña, pero que por una cuestión operativa del Poder Judicial no fue posible entregar todas las evidencias de la acusación.
Detalló que la carpeta consta de 91 tomos y apuntó a la falta de recursos del Poder Judicial para recepcionar los documentos, ya que ella quiere entregar todas las evidencias, pero no puede, porque el Juzgado asigna a una sola persona para hacer la recepción.
Responsabiliza a la Cámara
La agente fiscal culpa a la Cámara de Apelaciones si el caso llega a extinguirse “por la excesiva rigurosidad que plantean” y por tomar una decisión aislada, sin evaluar la complejidad de la causa.
Ledesma se pronunció en contra del fallo del Tribunal que revocó el plazo otorgado por la jueza Pedrozo al fiscal Ysaac Ferreira para presentar todas las evidencias que sustentan la acusación contra los procesados en la causa. “Me parece que tiene un rigor extremo ante obstáculos reales como problema de infraestructura”, resaltó.