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El 27 de setiembre pasado, un Juzgado penal de Montevideo, a cargo de la jueza Blanca Rieiro, hizo lugar al pedido de refugio de los requeridos por la Justicia paraguaya por secuestro Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, con lo que denegó su extradición y dispuso su inmediata libertad.
La resolución fue notificada el lunes 7 de octubre al laboralista Enrique Falco, uno de los dos abogados uruguayos contratados por nuestra Embajada en Montevideo para ocuparse del caso a un costo de solo 3.000 dólares cada uno.
Los requeridos por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi no perdieron el tiempo y viajaron a Helsinki, vía Madrid, a las 13:20 del martes 8. Inexplicablemente, el abogado Falco informó de la disposición judicial al embajador paraguayo Rogelio Benítez recién a las 20:00 de ese día, cuando los prófugos estaban en pleno vuelo con destino final Finlandia.
El procurador general Sergio Coscia señaló que es probable que ya desde la cárcel montevideana los prófugos paraguayos estuvieron en tratativas con el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur) y con el Gobierno finlandés. Conforme al desenlace, estos organismos confiaron en que la Justicia uruguaya ampararía a sus interlocutores, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había rechazado en junio la pretensión de Arrom y Martí de que el Estado paraguayo los indemnice con 123 millones de dólares porque habrían sido torturados y a que poco después la brasileña Comisión Nacional de Refugiados (Conare) les había privado del estatus de refugiados obtenido en 2003, decisión confirmada en julio pasado.
Del Brasil huyeron al Uruguay, donde tales antecedentes no sirvieron para que sean juzgados en nuestro país y se aprobase el pedido de extradición.
El presidente Mario Abdo Benítez afirmó que la fuga a Finlandia de los presuntos secuestradores es una derrota que nos duele a todos, por la indignante impunidad que conlleva. Puede añadirse que también es una derrota de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen, dado que los dos primeros viajaron con documentos expedidos por el Acnur y el tercero con una cédula de identidad emitida por el citado país europeo.
El aporte de la sede central de Interpol fue bloquear ya en julio pasado, a pedido de los interesados, los respectivos códigos rojos, que avisan a la policía del mundo entero sobre los fugitivos con orden de captura.
Esta serie de eventos condujeron a una estrepitosa derrota del Gobierno y de la Fiscalía. La extradición de los tres paraguayos está cada vez más lejos.
Culpan a Cancillería
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, deslindó de responsabilidades al Ministerio Público y declaró que deben responder por el error los responsables del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
En cuanto al embajador de Paraguay en Uruguay, Rogelio Benítez, la fiscala general expresó que “él tiene a quién responder”, sobre por qué no se avisó de la situación de los tres, que desde la semana pasada ya estaban con el estatus de refugiado.
Sin embargo, desde la fiscalía señalan que no queda más que trabajar en coordinación con esas mismas instituciones para intentar llegar a una solución debido a que el caso está bastante difícil, pues Paraguay no podrá exigir la extradición de Arrom, Martí y Colmán, ya que no tiene embajada residente en Finlandia.
En cuanto a la función de los agentes fiscales que llevaban el proceso, Manuel Doldán y Federico Delfino, Quiñónez manifestó: “Ellos tenían una función específica, que era elaborar y solicitar la extradición y que un juez la autorice”. Añadió: “Nuestra función terminó cuando solicitamos la extradición de Arrom, Martí y Colmán”.
El polémico fallo
La jueza uruguaya Blanca Rieiro, quien otorgó el estatus de refugiados a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán el pasado 27 de setiembre, ignoró el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, que resolvió en mayo pasado que los buscados por la Justicia paraguaya “no son perseguidos políticos ni víctimas de abusos o violaciones de derechos humanos por parte del Estado Paraguayo”.
La jueza Rieiro aludió en su fallo la campaña ciudadana “ni un dólar a los secuestradores”, los informes de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington DC (EE.UU.), y el Comité contra la tortura sobre la corrupción judicial, “la práctica constante de la tortura y el maltrato por parte de policías y penitenciarios”.
Según la magistrada, “es fundado el temor de persecución política”.
En el fallo de la jueza se resalta que el 22 de agosto, en reunión ordinaria del CORE, el Acnur presentó las consideraciones del caso, e informó que sin perjuicio de la decisión de cesación del estatuto de refugiado tomada por la Conare de Brasil y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “persisten elementos que dan cuenta de las necesidades de protección internacional de los solicitantes de refugio en Uruguay”.
La jueza, incluso, insinuó que la extradición de los paraguayos formaba parte de las negociaciones sobre Itaipú entre los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de Brasil, Jair Bolsonaro.