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Hace una semana, el presidente de la Corte, Eugenio Jiménez, sorprendía en la sesión del pleno al anunciar la investigación que ordenó sobre la presencia de planilleros en la institución.
Explicó que en las imágenes de seguridad se ve a los funcionarios cuando llegan a marcar y luego se retiran, para luego regresar a marcar a la hora de salida. Y cito como ejemplo un caso, el de un funcionario que en fecha 12 de agosto, a las 11:45 fue captado por las cámaras de seguridad del Poder Judicial cuando descendía de un vehículo para luego dirigirse hacia la entrada del acceso norte. Un minuto más tarde, esta persona procede a marcar su entrada en la planta baja del Poder Judicial. Una vez que marcó sale del Palacio de Justicia, a las 11:47 y se dirige al mismo vehículo del cual había descendido.
“A las 21:15 del mismo día 12 de agosto, la misma persona entra al Palacio de Justicia por la guardia policial, en las imágenes se ve cómo ingresa al Palacio de Justicia y no hay ninguna persona cerca. A las 21:16 procede a marcar su salida, seguidamente se dirige de nuevo a la entrada de la guardia policial, acto seguido se ve transponiendo la guardia policial, no hay nadie”, relató Jiménez.
Añadió: “Hice que se averigüe con los jefes inmediatos de las dependencias en las que estas personas dicen prestar servicio y los informes han sido en la mayoría de los casos que estas personas son desconocidas en dichas dependencias de manera que este es un tema que la Corte no puede tolerar” .
En medio de críticas y dudas sobre una posible “limpieza” realizada a la lista, el jueves 19 de septiembre el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer las resoluciones N° 215, 216 y 217, en las que se dispone la apertura del sumario administrativo a un total de 58 funcionarios. También los suspende preventivamente en sus funciones hasta tanto finalice la investigación. Se designó como juez instructor al superintendente general de Justicia Rafael Monzón Sosa. En caso de comprobarse la comisión de algún hecho punible, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público. Más de G. 100 millones, supuestamente, cobraron de manera irregular en los meses de julio y agosto 32 de estos funcionarios. Doce de ellos aparecen en la lista que se encuentra en el portal del Poder Judicial y 14 no cobraron su salario en esos dos meses.
Investigación en el 2016
En el año 2016 tras una investigación del diario ABC Color a los hijos del ahora exministro de la Corte Raúl Torres Kirmser. las fiscalas Nadine Portillo y Josefina Aghemo abrieron una averiguación. Las personas indagadas fueron María José Torres Ferreira, Valeria Eliana Torres Espínola, José Miguel Torres Espínola, Fanny Ramona López de Machuca, Hugo Ramón Quiñónez y Emilio Daniel Álvarez. Los tres primeros son hijos del exministro.
El caso fue denunciado ante la fiscalía por la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Indicaron que Fanny Ramona López, Hugo Ramón Quiñónez y Emilio Daniel Álvarez eran funcionarios del Poder Judicial que incumplían sus horarios laborales para realizar distintas tareas para el entonces ministro y su entorno.
Valeria Torres Espínola había renunciado luego de las publicaciones. La investigación fiscal no prosperó debido a que tenían exoneración de marcar entrada y salida. María José Torres Ferreira sigue actualmente en el Poder Judicial como asesora, con un sueldo de 11.500.000 según la página del Poder Judicial. Lo mismo que José Miguel Torres Espínola, quien también tiene un cargo de asesor con un salario igualmente de 11.500.000 guaraníes. Los que en su momento fueron sindicados como de “confianza” del entonces ministro, Hugo, Fanny y Emilio también continúan en el Poder Judicial, el primero con un sueldo de G. 5.446.745, la segunda como relatora con un sueldo de G. 10.800.000 y el último como técnico administrativo con G. 6.277.735 de remuneración mensual.