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Al iniciar el juicio, la defensa del senador liberal Enrique Salyn Buzarquis logró la prescripción del delito de usurpación de funciones públicas. La fiscala Victoria Acuña se allanó al pedido “dejando en claro que siempre hemos impulsado, al inicio del proceso, que la causa estaba habilitada y que el transcurso del tiempo no es responsabilidad del Ministerio Público. En el 2015 nosotros habíamos acusado y recién en el 2018 se pudo llevar a cabo la audiencia preliminar”, explicó Acuña, tras recordar que Buzarquis incluso llegó a tener rebeldía y otro proceso por un certificado médico dudoso para justificar inasistencia.
Tras la prescripción del referido delito, el juicio oral continuó con relación al de lesión de confianza y el primero en prestar declaración ante los jueces fue el senador liberal efrainista.
Buzarquis mencionó que el exministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez fue mal asesorado y que se apuró en presentar la denuncia en su contra ya que no se realizó ningún pago a la compañía italiana ANAS.
Sostuvo que no se endeudó al Estado paraguayo ya que nunca se pagó nada, ni se intentó pagar. “Si queríamos pagar necesitábamos un dictamen del departamento de vialidad, asesoría jurídica, viceministerio de obras, de administración y finanzas, pero no existe, ni siquiera trámite de pago”.
Por su parte, la abogada Cecilia Pérez, quien ejerce la defensa del legislador, refirió que “no existe perjuicio patrimonial ni activo ni omisivo. Tampoco hay deuda ni obligación pendiente del Estado, porque hay una contradicción entre la postura o interpretación inicial que haya tenido el MOPC de la administración anterior con la de hoy. No existe ningún documento que avale la postura que asumieron en su momento”.
La acusación de la fiscala Acuña indica que según Decreto Nº 9143 de fecha 25 de junio de 2012, el 24 de setiembre de 2012 se celebró un Convenio marco de Cooperación entre las dos entidades: MOPC y la empresa Italiana ANAS SPA (Anas Internacional Enterprise SPA), representada por el presidente de la misma, Pietro Ciucci, además de celebrar dos Convenios Específicos”.
“De esa manera el acusado obligó al Estado Paraguayo (MOPC) por la suma de US$ 500.000 para la realización de trabajos en el Chaco, contraprestación a cargo del MOPC, y US$ 100.000 en el Departamento de Ñeembucú, contraprestación a cargo de la Entidad Binacional Yacyretá, a pesar de que dichos estudios ya fueron realizados con anterioridad conforme al informe del Departamento de Viabilidad del MOPC. El acusado estaba obligado no solo a administrar sino a proteger el patrimonio del MOPC”, sostuvo.
Testigos de la defensa
Declararon en el marco del juicio como testigos propuestos por la defensa, Fabio Riveros, director de Vialidad; Federico Franco, expresidente de la República; Braulio Ferreira, exviceministro de Administración; y Juan Max Rejalaga, exviceministro de Obras Públicas.
Tenía otro proceso
El fiscal Francisco Torres había imputado y posteriormente acusado al senador Salyn Buzarquis por uso de certificado médico de contenido falso. El mismo había presentado un reposo médico como justificativo para suspender una preliminar.
Beneficiado con salida procesal
Ante el planteamiento de su defensa, el entonces juez Paublino Escobar le otorgó la suspensión condicional del procedimiento tras admitir Buzarquis el hecho y aceptar la reparación social del daño ocasionado. El magistrado le aplicó algunas reglas de conducta por un año.
Expresidente defendió a su exministro de Obras
Entre los testigos que prestaron declaración ante el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, Cynthia Lovera y Juan Carlos Zárate se encuentra el expresidente de la República Luis Federico Franco. Salyn Buzarquis fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en su administración.
Franco dijo que en el 2012 autorizó el viaje del entonces ministro de Obras Públicas de su Gobierno a Italia.
Dijo que contaba con un decreto presidencial para que pueda firmar un acuerdo con la empresa italiana ANAS International Enterprise, y se realice un trabajo de mejoramiento de suelos en las Rutas IV y IX. “El convenio se firmó en setiembre, pudo haber terminado esto en noviembre o diciembre; en enero y febrero vinieron las vacaciones y prácticamente nos quedó un mes o un mes y medio de gobierno”.
Sin embargo, cuando asumió el gobierno de Horacio Cartes (15 de agosto de 2013), cortaron todos los proyectos que eran llevados a nivel país. Alegó que esto (por el proceso que afronta Salyn) es más bien “una cuestión política”, con intenciones de perjudicar, y se basó en el hecho de que la denuncia vino del propio Jiménez Gaona, exministro de Obras del gobierno de Horacio Cartes. El exmandatario añadió que no hubo erogación de dinero, por lo tanto, no hay perjuicio al Estado.
perla.silguero@abc.com.py