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Ante la emergencia desatada por las sangrientas revueltas que sacudieron distintas cárceles de nuestro país, las autoridades de las distintas instituciones se dispusieron a integrar un equipo de trabajo para establecer las medidas a corto, mediano y largo plazos para desactivar la “bomba”.
Con excepción de la modificación de los artículos del Código Procesal Penal que tienen directa relación con la aplicación de medidas alternativas y sustitutivas de prisión (243, 244, 245 y 420) y las pulseras electrónicas, las demás medidas planteadas no presentan una propuesta precisamente nueva, sino que en su mayoría apuntan a tratar de llevar a la práctica garantías que están vigentes, pero que por distintos motivos no se aplican.
Un informe elaborado por la comisión de depuración de causas del Ministerio de la Defensa Pública, bajo la coordinación del defensor adjunto Paublino Escobar, revela por ejemplo que existen 881 personas en condiciones de recuperar su libertad por compurgamiento de la pena mínima.
Si bien esta es tan solo una de las salidas posibles, en este escenario de hacinamiento penitenciario, el abuso de la prisión preventiva es una realidad innegable. A modo de ejemplo, saltan a diario casos de personas presas sin suficientes evidencias, en ocasiones por delitos bagatelarios como robo de botellas de agua, de madera terciada y hasta por orinar en la calle.
Algunas logran salir en libertad luego de días, otros purgan meses y hasta años en prisión antes de lograr su absolución, con la pesada carga de tener que reintegrarse posteriormente a la sociedad a partir de menos de cero. Sin embargo, esta postura implacable de las autoridades ante las personas de escasos recursos, no se observa en los casos en que los protagonistas son personas de una posición social y económica superior. Los ejemplos son numerosos y notorios.
La postura inquisitiva de la Fiscalía, sumada a la actitud pasiva de los juzgados de garantías que no hacen más que dar rienda suelta a cuanto pedido de prisión se les presente sin analizar debidamente su necesidad, contribuyen sin duda a integrar este peligroso cóctel que tarde o temprano, terminará por estallar en las cárceles.
Entonces, si hay algo que las autoridades deben hacer con urgencia, es implementar los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de los plazos y de las garantías previstos para todos.
Una Justicia que no es capaz de medir a todos los ciudadanos con la misma vara y hacer que las garantías y las sanciones puedan se aplicadas a todos por igual tal como prevé la ley, muy poco podrá hacer para detener la catástrofre que significa abonar con injusticia el terreno fértil para el fortalecimiento de grupos criminales que operan en nuestro país.
Eso sin contar la pérdida de tiempo que significa que en el futuro, ante otro estallido, tengamos que reunir nuevamente a las autoridades para ver la manera de hacer cumplir las leyes vigentes.