18 años del caso Bower

Hoy se cumplen 18 años de las torturas y apremios físicos que sufrieron el entonces comisario Alfredo Cáceres y el oficial inspector Jorge López por parte de Walter Bower, entonces ministro del Interior, y subordinados. El proceso cumplió “la mayoría de edad” sin que se haya hecho siquiera la audiencia preliminar. Los hechos son imprescriptibles.

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El chicaneado proceso que soportan el exministro del Interior Walter Bower, el subcomisario Merardo Palacios y el oficial 1° Osvaldo Vera entra en el podio de las causas dilatadas, con complicidad de la justicia y ante las tímidas reacciones con multas y arrestos.

La primera imputación data del 28 julio de 2000 y la acusación contra Bower y el pedido de elevación a juicio oral y público se presentó nada menos que el 8 de agosto de 2001 (ver facsímil de la página).

De acuerdo a los antecedentes, el comisario Alfredo Cáceres y el oficial inspector Jorge López fueron torturados con brutalidad y sometidos a todo tipo de vejámenes por sus mismos camaradas el 21 de mayo de 2000.

Según se desprendía de declaraciones formuladas ante Justicia Policial publicadas en ese entonces, la comisaría 11 Metropolitana fue utilizada como “base de operaciones” de los torturadores.

Por instrucción del exministro del Interior, en ese lugar se realizaron las torturas porque esa unidad era manejada por Bower, al ser de la jurisdicción de su residencia.

El Crio. Basilio Pavón, jefe de la citada dependencia y ya fallecido; el subcomisario Merardo Palacios, subjefe, y el oficial 1° Osvaldo Vera fueron los verdugos de sus propios camaradas.

Según los datos, al menos diez agentes que conformaban el grupo leal al Crio. Princ. Alfredo Cáceres corrieron la misma suerte. 

Todos fueron sometidos a vejámenes y apremios físicos en el patio y en una de las habitaciones de la comisaría ubicada en el barrio Herrera de la capital.

Entre los torturados figuraban los agentes que supuestamente tuvieron la misión de materializar la detención del ministro Bower durante una asonada militar. 

A todas luces, las torturas y los apremios físicos sufridos por los uniformados evidenciaron las ansias de venganza de Bower.

Según los reportes, los agentes eran sometidos a fuerte castigo a garrotazos, no sin antes tener los ojos vendados con cinta de embalaje. 

El “estímulo” para los interrogatorios eran brutales golpes en los pies y el tórax. Varios tuvieron que soportar una bolsa en la cabeza, “recurso” utilizado para asfixiar a los policías y hacerles confesar cualquier cosa.

Los detalles sobre las situaciones vividas en la citada comisaría obran en la declaración de varios agentes en la Dirección de Justicia Policial y en el Ministerio Público. Pese a todo el cúmulo de pruebas, los autores siguen impunes 18 años después.

Las torturas

Las torturas y apremios físicos que sufrieron el entonces comisario Alfredo Cáceres y el oficial inspector Jorge López tuvieron lugar el 21 de mayo de 2000. Primero fueron torturados en la Comisaría 11 Metropolitana y luego, en la Marina. Se los acusaba de haber formado parte de un grupo que intentó llevar a cabo un golpe de Estado contra el entonces presidente de la República, Luis Ángel González Macchi. El gobierno intentó ocultar lo sucedido, pero todo quedó al descubierto.

El libro

Un libro de novedades que se hizo llegar a la redacción de nuestro diario el 26 de julio de 2000 comprobó que el entonces ministro del Interior, Walter Bower, estuvo con una comitiva policial en la sede de la Marina la noche de las torturas. El comisario principal Alfredo Cáceres declaró ante la dirección de Justicia Policial que fue torturado el 21 de mayo durante la noche (que era un domingo) y que el oficial inspector Jorge López le contó que Bower presenció la sesión.

La acusación 

Los fiscales Amílcar Ayala y Fabián Centurión acusaron primeramente al comisario Basilio Pavón (ya fallecido), al subcomisario Merardo Palacios y al oficial 1° Osvaldo Vera el 11 de junio de 2001. Walter Bower fue acusado el 8 de agosto de 2001. Su defensa intentó que la causa no sea acumulada a la principal, pero finalmente el 6 de julio de 2003, la Sala Constitucional de la Corte Suprema rechazó una acción y quedó firme la acumulación del proceso por torturas.

Arresto de 48 horas, sin poder ejecutarse

El exministro del Interior Walter Bower hasta ahora no cumple un arresto de 48 horas en el retén del Palacio de Justicia, que fue decretado por el juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica el 9 de mayo pasado.

El magistrado tomó esta determinación al declarar a Bower litigante de mala fe, luego de que la defensa de este planteara reposición y apelación en subsidio contra el oficio que se le comunicó por la audiencia preliminar, suspendida a esa altura por 17ª ocasiones.

Tras la disposición disciplinaria por las sucesivas dilaciones, la defensa del exministro decidió apelar la imposición del juez Amarilla.

El 9 de mayo pasado, la Cámara de Apelaciones, Tercera Sala, integrada con los camaristas Cristóbal Sánchez, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, ratificó la sanción al exministro del Interior.

Los camaristas argumentaron que el juez Amarilla actuó correctamente al hacer uso de sus facultades disciplinarias porque Bower demostró que no tiene intención de someterse a los mandatos de la justicia, al punto de que su causa de lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas es una de las más dilatadas de los tribunales, con 18 años de haberse iniciado el caso.

Pese a esta confirmación, el fallo sigue sin estar firme, y la defensa anunció que iba a accionar ante la Corte Suprema de Justicia.

Otra tímida reacción a lo largo de este dilatado proceso fue la multa (50 días multa, unos G. 3 millones) que le aplicó el entonces juez penal de garantías Julián López a Merardo Palacios, el 7 de noviembre de 2013.

También, en diciembre de 2012, la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte recomendó las sanciones a los abogados Hugo Ruiz Díaz Ríos, Ariel Ovando, Ricardo Chávez y Álvaro Arias.

Fiscal solicitó la prisión preventiva para chicaneros

El fiscal Fabián Centurión solicitó al juez Gustavo Amarilla la prisión preventiva de Walter Bower, Merardo Palacios y Osvaldo Vera, por chicanear por “turno”, el caso de torturas y apremios físicos que ocurrió hace 18 años.

El pedido, sin embargo, nunca pudo ser resuelto porque los procesados evitan que el magistrado lleve a cabo la audiencia preliminar.

En su escrito fiscal, Centurión indica que la acusación y el pedido de elevación a juicio data del 8 de agosto de 2001.

Agrega que en julio de 2003, tanto él como su colega Amílcar Ayala desistieron de pedir la medida de prohibición de salir del país contra Bower para que no haya obstrucción en relación al normal desarrollo del proceso, pero la audiencia de imposición de medidas fue dilatada por la defensa.

Tras un largo tiempo de dilaciones de las tres defensas, el 5 de mayo de 2008 la Corte destrabó la causa cuando declaró que los hechos son imprescriptibles.

Luego, se apartaron los jueces que intervinieron, Daniel Ferro, Julián López y Rubén Ayala Brun, hasta llegar a Gustavo Amarilla Arnica, quien aceptó intervenir el 22 de diciembre de 2015 e intentó realizar por primera vez la audiencia preliminar el 3 de agosto de 2016.

“Corresponde a estas alturas del procedimiento considerando que los acusados Walter Bower Montalto, Merardo Palacios Melgarejo y Osvaldo Javier Vera Espínola han venido presentando a lo largo de estos años, en forma estudiadamente alternada, planteamientos cuyo único afán ha sido el de sabotear el proceso penal”, dice el fiscal Fabián Centurión.

Imprescriptible, ocho años después

El 5 de mayo de 2008, la Sala Constitucional integrada por José Altamirano (exministro), César Garay y Antonio Fretes, rechazó la extinción del proceso y declaró que los hechos son de lesa humanidad y por lo tanto “imprescriptibles”.

El fiscal Centurión solicitó que se declaren imprescriptibles los delitos de tortura y lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas, por constituir hechos de “lesa humanidad”. En el recurso de aclaratoria de esta acción, que tardó un año, se estableció que tanto la tortura como la lesión corporal se aplican en esta causa.

En una conferencia de prensa realizada hace unos meses, Walter Bower atribuyó que su proceso por tortura es por venganza de golpistas. “Él (por Alfredo Cáceres) tiene que explicar por qué se proclamó comandante de la Policía. Hay miles de testigos que pueden decir que actué conforme a la ley”, había referido el exministro del Interior una de las pocas veces que habló de su proceso.

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