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Ahora solo resta obtener un sello de aprobación del Senado y en marzo entrará en vigor. Con esta nueva normativa, los supermercados con más de 4000 m2 tendrán que firmar contratos con organizaciones benéficas o bancos de alimentos para donar los productos que no hayan sido vendidos. Quien no respete esta ley podría enfrentarse a multas de hasta 75.000 euros o incluso contar con penas de hasta dos años de cárcel. La ley establece además que cualquier ciudadano puede formar una asociación, con la aprobación del Ministerio de Agricultura, para así poder recoger y distribuir los alimentos. En París, la noticia provocó una ola de nuevos movimientos para acabar con el desperdicio de alimentos. Alrededor de 100 restaurantes han puesto en marcha una nueva iniciativa que anima a los franceses a llevarse a casa las sobras de las comidas. Un ejemplo para copiar.