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ENCARNACIÓN (De nuestra redacción regional). La Municipalidad de esta ciudad desalojó a los vendedores informales de comida rápida y de bebidas. Los comerciantes denunciaron el hecho como una persecución “porque nosotros acordamos con ellos para instalarnos aquí, pagamos el impuesto. Nos endeudamos para comprar las mercaderías y las herramientas para trabajar, y ahora nos sacan por la fuerza”, señalaron Raquel Monges y Graciela Torres, dos de las vendedoras desalojadas.
“En lugar de facilitar los trámites para que el pobre pueda trabajar y mantenerse, estas autoridades hacen todo lo contrario. Las oportunidades de trabajo nuevamente son para unos pocos privilegiados que tienen amigos en la Municipalidad, y pueden adueñarse de los espacios públicos como pasa con la playa”, sostuvo otro vendedor que pidió el anonimato.
“No nos dejan poner mesas para que no les hagamos competencia a los de la playa, y la gente no nos visita porque en nuestros puestos de venta no tenemos comodidades”, agregó el trabajador, quien dijo tener impedimentos físicos consecuencia de un accidente y esta es la única actividad que le permite sobrevivir y mantener a su familia.
“No se ajustan”
El responsable de Relaciones Públicas de la Comuna, Jorge Salinas, sostuvo que los vendedores no se ajustaron a las reglas acordadas y esta es la razón por la que fueron sacados del lugar. “Ellos fueron autorizados a instalarse con carritos pancheros, que al término de la actividad tienen que retirar, pero en ningún momento se les autorizó a instalar módulos, mesas y sillas. Ya están instalando un patio de comidas”, expresó.
Refirió que antes de otorgarles los permisos se acordaron estos puntos y lo que se está haciendo es simplemente controlar el cumplimiento y que los que no se ajustan son retirados.
En el sector de la avenida República del Paraguay hay un espacio marcado para carritos pancheros. No se puede montar ninguna estructura ni mantener mesas y sillas para los clientes.
La presencia de vendedores ambulantes no está permitida y en todos los casos ante la negativa de adecuarse a lo dispuesto, podría llegarse a sancionar con el decomiso de las mercaderías o el retiro de los puestos de venta, señaló el funcionario municipal a través de un comunicado.
Sin la misma “vara”
La postura de la Municipalidad, sin embargo, no es la misma ante la empresa concesionaria de la playa San José, representada por Afara Salomón, quien paga G. 42 millones por año por toda la playa y subalquila los espacios por encima de los 1.500 dólares por mes.
La concesionaria instaló una estructura en un espacio verde para exhibir propaganda de una marca de cigarrillos. Además aumentó a por lo menos seis las “paradas” subalquiladas, de las cuatro que había prometido instalar inicialmente.