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PILAR (Clide Noemí Martínez, corresponsal). Contrataciones Públicas, a través de la Resolución DNCP N° 3894/17, recomendó al gobernador Carlos Silva (PLRA) que suspenda el contrato de casi G. 25.000 millones firmado con la empresa BGF SA, adjudicada para la pavimentación con enripiado del tramo rutero que une esta ciudad con la de Paso de Patria, pasando por los distritos de Boquerón (Isla Umbú), Humaitá y Curupayty. Se trata de una medida de prudencia administrativa hasta tanto se resuelva el proceso de investigación, reza la resolución.
Previamente, la Junta Departamental de Ñeembucú ya había solicitado al jefe departamental la suspensión de los trabajos ante los múltiples cuestionamientos contra las obras de dicha empresa. Intendentes de algunos de los distritos que serían beneficiados con la obra, Jorge Marecos (PLRA), Víctor Bordoli (ANR) y Rolando Arrúa (ANR), también habían desaprobado el enripiado. Recuerdan malas experiencias de trabajos similares encarados por BGF SA, firma cuyo responsable legal es Blas Gustavo Franco.
Los jefes comunales cuestionan el uso de filosas piedras de desecho de canteras, que son un peligro para automovilistas y motociclistas, debido a los daños que causan en los vehículos y el riesgo de accidentes.
Igualmente, recuerdan que los caminos que unen Tacuaras con San Juan de Ñeembucú y Cerrito con Isla Umbú no tuvieron un adecuado trabajo en la base y varios tramos quedan bajo agua cuando se registran prolongadas precipitaciones. Aparentemente no se ha considerado la necesidad de contar con un buen drenaje, siendo insuficientes las alcantarillas y los puentes construidos.
Asimismo, resulta llamativo que estas y otras obras sean siempre adjudicadas a la empresa BGF SA que, según fuentes, sería propiedad del diputado liberal Dionisio Amarilla. Es la constructora favorita del gobierno de Carlos Silva, quien durante su administración firmó contratos por G. 118.521 millones, sin contar las ampliaciones.
Los técnicos de Contrataciones Públicas que se trasladaron a Pilar para realizar la verificación de las documentaciones, no tuvieron acceso al plano del proyecto y al estudio topográfico del suelo, resaltaron miembros de la Junta Departamental.