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En esta ciudad se clausuraron a pedido de la fiscalía del Ambiente, a cargo de las agentes Sara Torres y Cynthia Lovera, un total de 15 curtiembres, y por disposición municipal, una industria más. Esta situación está generando un problema social, atendiendo que 300 familias quedaron sin fuente de trabajo.
El juez de garantías Víctor Vega había cesado de sus actividades a las industrias que operaban sin licencia ambiental y ocasionaban polución del ambiente, incluidos los recursos hídricos, poniendo en riesgo de contaminación al lago Ypoá.
Hugo González y otros industriales manifestaron que les preocupa la suerte de las curtiembres, porque pese a que existe el proyecto para la construcción de una planta de tratamiento de residuos industriales, y que hace 15 días se inició el movimiento de tierra, en vez de acelerarse, ahora la obra está paralizada.
Recalcó, además, que esta situación se vuelve insostenible y debilita a los trabajadores, porque ya no pueden retirar créditos al momento en que van a reiniciar sus actividades, puesto que las instituciones financieras y bancos saben que si dan préstamos a los industriales del cuero ponen en riesgo sus capitales debido a la condición de las curtiembres, clausuradas por contaminar los cauces de agua.
El intendente Isabelino Silva (ANR) explicó que están aguardando a que se cumplan con todos los trámites legales, obtener el resultado de la evaluación del impacto ambiental (EIA), tener a mano la licencia ambiental y la aprobación de la bolsa de valores para conseguir el crédito de unos G. 4.500 millones, que se van necesitar para concretar el anhelado proyecto de la planta de procesamiento de residuos en la localidad.