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PIRAPÓ, Dpto. de Itapúa (Juan Augusto Roa, de nuestra redacción regional). Un pequeño agricultor de esta localidad, Emiliano Cantero, forma parte de un grupo de familias que desde hace unos diez años ocupa en forma precaria un sector de la propiedad que pertenece a la Sociedad del Verbo Divino (SVD), ubicada sobre el camino que une las localidades de Pastoreo (Obligado) con Caronay (Alto Verá).
De acuerdo al agricultor, un reducido número de productores de la zona decidió probar desde un par de años el cultivo de cebollas como rubro de renta. Dijo que la tierra colorada “le viene muy bien al producto porque en un cuarto de hectárea logramos sacar 4.000 kilos, trabajando con mis hijos”.
Sin embargo, no hay condiciones en el mercado. “El problema con el que nos encontramos es que no tenemos mercado para vender, hay mucha oferta porque mucha gente se dedica a este rubro”, dice.
Expresó que el precio que están pidiendo por el producto es de G. 3.000 por kilo porque menos de eso ya no es conveniente. Sin embargo, la dificultad que se plantea es que existe gran oferta y los intermediarios no quieren pagar esa suma.
“Nosotros no tenemos medios para llevar nuestro producto, dependemos de los intermediarios que vengan a comprar en la propia finca. Si vamos a pagar un flete, el precio de 3.000 por kilo ya no compensa”, insistió.
Venta directa
Por lo pronto, Cantero y sus hijos instalaron un cartel al borde de la ruta para ofrecer cebollas al por mayor. “Bajamos los precios a G. 2.000 o G. 1.500, porque de lo contrario se va a podrir todo sin vender. Mucho ya se pudrió y tuvimos que tirar”, señaló.
El agricultor lamentó que no existan programas de atención por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para estos casos. Un transporte gratuito por ejemplo sería de ayuda, destacó.
Indicó que siempre tratan de salvar la cosecha vendiendo a la gente que pasa.
Por otro lado, Cantero se refirió a la situación por la que pasan varias familias que están asentadas en forma precaria en el sitio. Para los ocupantes las tierras que se acredita el Verbo Divino son fiscales y, por lo tanto, consideran que el Estado debe distribuir el predio entre las familias ocupantes. “Estamos viviendo en la incertidumbre desde hace al menos 10 años”, señaló.
La Sociedad Verbo Divino, en cambio, afirma que las tierras son de su propiedad y que toda la documentación que acredita la situación ya fue presentada a las autoridades en el marco de una demanda por invasión de inmueble promovida contra los ocupantes.
La organización religiosa administra una escuela agrícola asentada en el predio, con más de 50 años de antigüedad.