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La implementación de una nueva norma que obliga a las instituciones estatales a publicar los detalles respecto al personal público y sus respectivos salarios y beneficios adicionales ha motivado la reacción unánime de rechazo por parte de la sociedad. Gracias a esta medida, hoy se sabe cuánto ganan los funcionarios del sector estatal, así como la manera en que se rifa el dinero de la ciudadanía.
Para conocer cuál sería la solución a este grave problema, EN entrevistó a la exdirectora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y consultora privada en temas de Finanzas Públicas. A criterio de Flora Rojas, el Poder Ejecutivo debe buscar un acuerdo con el Legislativo y el Judicial a fin de trazar criterios uniformes en materia de remuneraciones. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública (SFP) deberían plasmarlo en la norma presupuestaria. Considera fundamental que el Gobierno impulse una corrección en el texto de la Constitución a fin de recortar poderes al Parlamento al momento de estudiar el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN), tomando en cuenta que gran parte del “desborde” que tiene el gasto público se originó en el Congreso. En su opinión, la ley de responsabilidad fiscal no sirve para los objetivos que fueron trazados inicialmente.
Estuvo mucho tiempo en el sector público. ¿Cuándo comienza a “desbocarse” el presupuesto estatal? Calculo que fue desde 2003 o 2004.
¿Qué pasó? En 2001 y 2002 las bonificaciones solo eran por responsabilidad en el cargo y se permitía nada más que un 40 % sobre el sueldo y el gasto de representación. Después se disparan los conceptos de bonificaciones, se van agregando. Eso se da en la era del presidente Duarte Frutos (Nicanor).
Con ello se abre luego el “grifo”. Se abre y se agregan más beneficios todavía entre 2008 y 2012, durante en la era de Lugo (Fernando).
De quién fue la responsabilidad, ¿del Ejecutivo o del Legislativo? La historia es así: el Ministerio de Hacienda, creo y afirmo, en todos los países del mundo es la entidad en la que más se gana, porque tiene mayor responsabilidad en la ejecución del presupuesto y la distribución de los recursos, y de mantener un poco la política fiscal macroeconómicamente sostenible. Entre 2008 y el 2009, Hacienda pide al Congreso ganar mejor, cuando el ministro era Dionisio Borda. Se asignan algunas gratificaciones en concepto de aguinaldo. Eso lo copia el Congreso.
Ese fue el punto de partida. A partir de esto, empieza a diseminarse en todo el sector público.
¿Cuál es la situación hoy del presupuesto? Es un presupuesto deficitario, hay mayores problemas como para que tengamos un financiamiento sano. Esto se da cuando los ingresos tributarios financian totalmente los gastos corrientes y nosotros tenemos, por ejemplo, un 17 % del Producto Interno Bruto (PIB) en gastos corrientes, que a veces baja un poquito, está entre el 15 y 17 %.
Eso, ¿es bueno o es malo? Es malo porque debemos apuntar al financiamiento sano, a que el ingreso tributario financie todos los gastos corrientes y lo que sobra, los royalties, se destinen a la financiación de gasto social. Se debe considerar que los recursos tributarios prácticamente son absorbidos en su totalidad por los sueldos. Sin embargo, el gasto corriente no es solo sueldo, sino que incluye otros tipos de gastos: medicamentos, equipamientos; todo entra dentro del gasto corriente. A eso debe apuntar Hacienda, pero con un Congreso cuyas facultades son tan amplias en el ámbito presupuestario es imposible.
Se necesita un pacto político para que el Congreso acompañe esto. No sé si pacto. Para mí, se debe modificar la Constitución.
Hay que sacarle más poderes al Congreso. Hay que sacarle esa facultad porque varios países tenían este tipo de facultades. República Dominicana, por ejemplo, ya lo cambió en 2010; cuenta con una nueva Constitución y esa amplia facultad ya no la tienen.
La salida al problema presupuestario que tenemos pasa por modificar la Constitución. No veo otro camino.
Pero, ¿acaso para ello no fue aprobada ya una ley de responsabilidad fiscal? No sirve. No va a ayudar. Estoy incrédula en ese sentido.
¿Por qué? Porque esta norma no otorga ningún tipo de facultad a través de la cual el Congreso pueda realmente limitar los gastos. Quedó abierto. Además, una ley no puede estar por encima de la Constitución Nacional.
Hay muchos técnicos que sostienen que el país aún tiene amplia capacidad de endeudamiento. Amplia capacidad no.
Pero eso lo dicen los profesionales, argumentan que el porcentaje de la deuda respecto al PIB aún es bajo. Yo no comparto eso. Hay unos estudios que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los que le topea al Paraguay conforme al tamaño de la economía hasta el 25 % del PIB; ese es el tope de deuda.
¿En cuánto estamos hoy? Calculo que estamos cerca del 16 %, pero sumando toda la deuda, interna y externa, no solo del Gobierno Central.
¿Y cómo ve estos endeudamientos, los bonos, por ejemplo? El endeudamiento es bueno siempre y cuando vaya a la conformación bruta de capital relacionado con puentes, caminos, aeropuertos, escuelas, hospitales. Pero siempre hay un componente fuerte que es corriente, lo estoy viendo a través de los periódicos, muchos gastos en consultoría. Eso, por ejemplo, es preocupante. Se debe ver cómo se va a gastar. Si eso va a tener 95 a 97 % de obras puede ser importante.
Emitir bonos soberanos, ¿es saludable presupuestariamente hablando? Porque normalmente no se imponen condiciones para la ejecución. Siempre es importante controlar el uso, no importa que el país se endeude exteriormente. Se debe cuidar la utilización de los recursos.
En cuanto al festival de pagos de beneficios en el sector público, ¿cómo se corrige esto? En primer lugar, hay que fijar criterios de políticas presupuestarias que también el Congreso y el Poder Judicial deberían firmar, porque así como está ahora, un director de mozos gana más que un viceministro cuya responsabilidad es mayor. ¿Cómo se va a resolver el problema?
¿Cómo se hace? No estoy de acuerdo con la política que se quiere implementar ahora desde la SFP de sumar las gratificaciones al sueldo. Se debe armar una política salarial. Por ejemplo, que diga: un mozo que gane cuatro salarios mínimos, un ministro que gane 20 salarios mínimos. Se debe ganar conforme al cargo. Debe continuar la bonificación por responsabilidad en el cargo, es el único concepto que debe seguir. Un director que, mientras ocupe el cargo, gane la bonificación por responsabilidad por encima del sueldo, pero que al dejarlo se quede sin la bonificación.
¿Qué rubros deben ser eliminados? “Presentismo”, que parece que existe. Quitaría la bonificación por título, por grado, y promovería la especialización. El título de grado nace para que la gente pueda estudiar, pero ¿qué pasa hoy? Hasta fiscales y jueces cobran por título académico, siendo que los mismos no pueden estar ahí si no cuentan con el título universitario para asumir esos cargos. Se debe pagar por posgrado, por la especialización.
Para ello se requiere de una ley, ¿no? Creo que no. Es decisión política.
¿Quiénes deben trabajar para corregir este tema? El Ministerio de Hacienda y la SFP deben ponerse de acuerdo. Existe mucha distorsión salarial. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene sueldos que no tiene el Ejecutivo, el Congreso tiene salarios que no hay en el Ejecutivo. Entonces, ¿por qué no se hace una tabla nueva de salarios conforme a la responsabilidad?
Si hubiera que hacer dos o tres ajustes al Presupuesto, ¿cuáles serían? Primero el tema salarial: ahora hay unos 12 conceptos de bonificaciones, pero que queden dos o tres, como bonificaciones por cargo para puestos insalubres y para quienes manejan caja recursos. Esto último, por ejemplo, se da en el caso de Aduanas o Tributación. Lo otro es que reduciendo en 30 % rubros, como servicios no personales (200) y bienes de consumo (300), que no son de naturaleza social, creo que bajaría mucho el presupuesto, porque está sobredimensionado. Hay entidades que compran todos los años aire acondicionado, computadoras, etc.
¿Existe presupuesto base cero o no? No existe.
¿Por qué es tan difícil de aplicarlo? Porque el presupuesto base cero no se puede estar aplicando todos los años; nació para hacer una ingeniería, un corte, una fotografía del momento.
Se utiliza para el arranque. Si, ahí se fusionan, se eliminan oficinas. Actualmente, debemos pensar en presupuesto tradicional o incremental. Ahora hay dos técnicas presupuestarias, la primera mencionada, que es usada en el Paraguay, y la otra, un presupuesto por resultados, que implica saber qué cantidad de personas requiero para lo que quiero hacer y manejar los indicadores para poder controlar.
El Poder Ejecutivo debe presentar el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2015, antes del 1 de setiembre.
Finalmente, podemos resumir: el problema es decisión política. Es decisión política.
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