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El Ministerio de Hacienda utiliza el plan financiero para adecuar los gastos a la capacidad real de ingresos del Estado. Pero dicho plan excluye los gastos rígidos como son los salarios, las jubilaciones y pensiones, y los pagos de la deuda pública. El plan financiero tampoco puede reducir los gastos del Poder Legislativo y del Judicial, ya que la ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) deja sin efecto el artículo 4 de la ley n.º 1535/99 de Administración Financiera del Estado.
Así, las opciones del Ejecutivo para controlar el déficit se limitan, principalmente, a la restricción de los gastos en bienes y servicios, de las transferencias y los gastos en bienes de capital. Pero tampoco habría mucho margen para recortar estos últimos considerando el énfasis que el Ejecutivo está poniendo en las inversiones como principal motor del empleo en los próximos años. Así lo evidencia la presión que existe para incrementar la ejecución presupuestaria de las instituciones responsables de las obras públicas (infraestructura vial, viviendas, aulas, entre otras).
Con este panorama será difícil reducir el déficit fiscal del 3,4 % del PIB presente en el PGN 2015, aprobado al 1,5 % establecido en la ley de Responsabilidad Fiscal. Lo más probable es que, con mucho, considerando también el año electoral, el déficit cierre en una cifra similar a la del 2014, o sea, de aproximadamente 2,4 % del PIB. Se presenta, así, una situación complicada, considerando que se entra al cuarto año consecutivo de déficit, el que nuevamente se financiará con deuda pública (emisión de bonos) lo que, a su vez, alimentará la espiral de creciente endeudamiento que se ha disparado en los últimos años.
Si bien se considera que tanto el déficit como la deuda pública están todavía en niveles controlables, el crecimiento de los mismos resulta preocupante cuando, en 2015, los impuestos serán absorbidos en un 97 % por los gastos rígidos. Esto es, cuando los ingresos no tributarios, sobre todo royalties, ya están comprometidos, el 50 % para financiar gastos generales de la Administración Central y la otra mitad para financiar inversiones de las gobernaciones y municipios. Por último, el Fonacide absorbe todo el remanente de estos recursos. Además, dada la mayor utilización de energía eléctrica en el país, en el mediano plazo habrá una tendencia a la baja de estos ingresos provenientes de las hidroeléctricas compartidas con el Brasil y la Argentina.
Existe, pues, el riesgo real de que, a medida que se acerquen los vencimientos de la deuda pública, el Gobierno se vea obligado a emitir nuevas partidas de instrumentos de deuda para cubrir compromisos pasados, lo que implicará pagar intereses onerosos en términos absolutos para un país con una estructura presupuestaría rígida como el nuestro. No se descarta, tampoco, que en el futuro las nuevas emisiones sean más costosas debido al aumento de las tasas de interés.
Por otro lado, si bien es cierto que la administración tributaria ha mejorado la recaudación de los impuestos, la presión tributaria sigue siendo muy baja al compararla con los niveles regionales y con el crecimiento y tamaño de nuestra economía, cercano a los USD 30.000 millones en 2014.
Resulta preocupante, en este sentido, que no se observen los rendimientos esperados del IVA agropecuario y del Iragro. De hecho, en 2015, este último impuesto seguirá representando apenas el 2,16 % de los impuestos totales, lo que constituye una inadmisible paradoja en un país donde la producción agropecuaria está cerca del 22 % del PIB. A esto se le suma baja productividad del impuesto a la renta personal (IRP), cuya liquidación permite deducir casi el 100 % de los gastos personales.
Asimismo, los aspectos históricos de la evasión y elusión fiscal siguen intactos y no tienen visos claros de solución en el corto plazo.
En resumen, la gigantesca labor del Gobierno en 2015 será controlar el déficit fiscal dentro de una estructura de elevados gastos rígidos (gastos corrientes) logrando, al mismo tiempo, un elevado nivel de ejecución de las inversiones. Esto implicará, necesariamente, mejorar la eficiencia de los organismos responsables del desarrollo de las infraestructuras, sobre todo del MOPC, que tiene históricos niveles de reducido logro de sus metas y denuncias de inversiones de baja calidad en los últimos años. En cuanto a los ingresos, la vía más directa será mejorar la capacidad de la Secretaría de Tributación para un mejor seguimiento y control de la recaudación, enfocándose principalmente en las empresas agropecuarias.
Este artículo forma parte de la edición n.° 27 de Economía y Sociedad, publicación perteneciente al Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).