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El plan del Ejecutivo de elevar el déficit estatal (aumentar la diferencia negativa entre ingresos y gastos), modificando la ley de Responsabilidad Fiscal, desató una polémica pública. Las autoridades económicas adujeron la necesidad de más inversiones para evitar la caída del ritmo de crecimiento de la economía. En esta entrevista, el especialista analiza el planteamiento, hace una serie de críticas a la administración gubernamental y brinda sugerencias.
¿Cómo ve la propuesta del Gobierno de elevar el déficit fiscal modificando la ley de Responsabilidad Fiscal, que fija un tope (1,5 % del PIB)?
La primera lectura, básicamente, es la pérdida de eficacia de la ley. Se buscaba un acompañamiento del poder político –en este caso, del Legislativo– a las decisiones tomadas desde el Ejecutivo, lo cual implicaba hablar el mismo idioma. Desde que se da un desacople, consistente en la aprobación de una ley de presupuesto con parámetros totalmente distintos a lo acordado en una ley previa, se rompe el concepto; ya no hay compatibilidad entre la meta esperada y los hechos. Es cierto, es facultad del Ejecutivo que, a través de la ejecución, pueda regular y se logre el objetivo, pero, en esencia, ese no es el fin de esta ley.
Pero la preocupación es invertir para sostener la economía, o lo que realmente les preocupa son las elecciones y quieren gastar más dinero en la última parte del año.
No quiero emitir un juicio de valor sobre eso, porque merecen el beneficio de la duda. No me gusta que en el primer semestre haya crecido mucho el gasto corriente, pero lo justifican afirmando que se respetará el plan financiero, idéntico al del 2014, y lo sabremos recién cerca de fin de año. Hoy no me gusta. Parece que, si viene alto, debería continuar así; pero ellos dicen que calendarizaron el plan financiero y tuvieron disponibilidad desde el primer semestre, lo que no ocurrió en el 2014. Parece cierto, también, porque el año pasado eran nuevos los administradores.
¿Cuál es el crecimiento de los gastos corrientes?
Está en 13,4 %.
Supera lo permitido por la ley de responsabilidad.
Claro. La ley habla de inflación más 4 %. La norma habla en términos anuales, por eso hoy no podemos decir que sea así; no se tiene cerrado el ejercicio aún.
Pero ¿podrán cumplir con el tope a gastos corrientes?
Se menciona mucho el límite al déficit fiscal, pero no el tope al gasto corriente. Realmente, no se cumplirá lo referente a servicios personales. Tendría que haber cero aumento. Deberán justificar tal crecimiento, que está en torno al 10 % y 11 %. Dicen que cerrarán en 6 % y 7 %. Como deben justificarlo, probablemente, hablarán de crecimiento vegetativo y cosas así. Siempre les dijimos: “no se otorga un ajuste salarial, pero crecen los beneficios”. El gasto corriente es más dinámico, y en lo que más se crece es en gastos de bienes y servicios, que aumentan más del 30 %.
Nos mintieron con la famosa "matriz salarial".
No quiero emitir opinión al respecto, no pude entrar a ver y desconozco los detalles. Lo cierto es que, al menos hoy, se ve un incremento en servicios personales y no apunta al presupuesto, sino a la ejecución.
En cuanto a la ejecución de los créditos, externos y bonos, los niveles son bajísimos. ¿A qué atribuye esto?
Es la preocupación. Se les sugirió que, si modifican la ley de responsabilidad, se toque el artículo 11, para que todo incremento en el presupuesto sea para gasto de capital, no para gasto corriente. Es decir, poner el cinturón en el gasto corriente y no en el de capital, lo que parece mucho más razonable. Acá hay que mejorar la ejecución, definitivamente, y no solo en la administración central, sino también en las descentralizadas, porque las inversiones que deben hacer la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y el Instituto de Previsión Social (IPS) presentan el mismo problema, o sea retrasos sustanciales.
¿Cuál es el problema?
Por ejemplo, en el caso particular de la ANDE no quieren crear una unidad ejecutora para concretar los proyectos. Entonces, una sola unidad se encarga de todo el trabajo, con retrasos y demoras. Eso no está siendo gerenciado apropiadamente.
Es un problema de gestión.
A lo mejor. el cuestionamiento sería: ¿qué pasa cuando se acaba el convenio de préstamo?, ¿qué hago con este gasto corriente y esta gente? Hay que ser prácticos; el contrato tiene que ser por resultados. Se acabó el proyecto, se acabó el gasto corriente. Así debería funcionar, pero pareciera que hay impedimentos.
En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el que se habló de agilizar las obras, vemos que tampoco se avanzó mucho en la ejecución.
Para mí, la gran incógnita es Obras Públicas, porque hay que generar una mayor dinámica, dar las señales apropiadas. Lastimosamente, suelo mencionar el mal ejemplo: lo único visible que tiene el MOPC son los puestos de peaje y eso desagrada a la gente. En la práctica solo se ven nuevos puestos que representarán una mayor carga para los usuarios a futuro. Deben contar con proyectos emblemáticos para dar las señales apropiadas. Si no los tienen, deben avanzar en todos los proyectos de la alianza público-privada (APP), que ni siquiera afectará el déficit fiscal, como el caso de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), que presenta algunos problemas con las huelgas, y la duplicación de las rutas 2 y 7. Esa sería una señal, eso es lo que necesitan los inversores. En la medida que no salga un solo proyecto, todos se mantienen a la expectativa.
¿Ve un menor dinamismo en la economía?
Totalmente, y obedece a un conjunto de cosas en el escenario mundial: en cuanto al tipo de cambio, el dólar se fortalece; hay un riesgo notable en el Brasil; Europa sigue con la problemática de Grecia, que puede afectar la credibilidad. ¿Qué pasa? En periodos de crisis, los inversores tienden a ser conservadores y prudentes; eso significa apostar al dólar, y es lo que se ve hoy en ese fortalecimiento. Sugeriría ser prácticos; hay que dar señales apropiadas, como el abaratamiento del crédito. La gente necesita, y aunque vaya al consumo, que se traduzca en mayor consumo, porque –en definitiva– significará mayor producción. Otro aspecto no menos preponderante es la política cambiaria. Hay que ser claros en esto; aunque el dólar se fortalezca en el mundo, acá tenemos que ser prácticos. Se mueve 100 puntos el tipo de cambio y todos los que compran en dólares o están adquiriendo productos, automáticamente, remarcan los precios, y eso es un freno para el consumidor. Son aspectos fundamentales.
Y en lo fiscal, ¿qué se debe hacer?
Por el lado fiscal no podemos seguir con atrasos en pagos; hay que agilizar los certificados de crédito tributario, que, incluso, a través de un decreto ilegal está siendo retenido o devuelto solo en un 50 % a los agroindustriales exportadores. Si les estás reteniendo el 50 % por un decreto arbitrario –porque se considera un producto en estado primario, cuando realmente tiene un proceso industrial–, por lo menos, se debe agilizar la devolución de créditos.
Respecto a los ingresos, ¿habría que tomar también algunas medidas?
Por supuesto. No hay que olvidar que gran parte de los ingresos son producto de los costos de la economía. Un tipo de cambio más alto significa mayor costo para las empresas. Si ven que el consumo va lento, probablemente, no se harán las inversiones necesarias en materia de stock, y eso se traduce en menores ingresos. Los principales rubros –IVA y arancel aduanero– constituyen las dos terceras partes de la recaudación del Estado. Por un lado, hay que dar las señales macroeconómicas adecuadas y, por otra parte, controlar. Esto mismo que publica la administración tributaria –que en determinados departamentos con grandes centros de consumo y un alto volumen de actividad económica la formalidad está en torno al tercio de lo que debería de ser– solo se soluciona con control; no hay otra. Hay que tener presencia de la administración.
¿Por qué cree que no se avanzan en proyectos y medidas inmediatas?
El Estado es uno de los principales actores de la economía junto con todo lo que lo involucra y, lastimosamente, tiene retrasos. Por un lado, en el reconocimiento del problema; posteriormente, en la instrumentación; y, finalmente, para la implementación. Mucho de lo que se está hablando probablemente pueda ser implementado e instrumentalizado, y sus resultados se verán en el 2016. De ahí la importancia de ir tomando las decisiones en este momento.
¿Es correcto pedir más préstamos para el año próximo?
Creo que son necesarios, siempre que sea para gastos de capital. El Paraguay avanzó mucho en estabilidad macroeconómica, pero sigue teniendo un montón de déficits: institucionalización, infraestructura, educación, acceso a determinados servicios, otros. En todo cuanto sea para inversión hay que avanzar.
Manuel Alarcón
Nacido en marzo de 1970, es economista y contador por la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con una maestría en Administración y Gerencia pública de la Universidad Alcalá de Henares, Instituto Nacional de Administración Pública de España. Ha cursado numerosas especializaciones, tanto en nuestro país como en los Estados Unidos y Japón.
Fue director de Administración y Finanzas del Municipio de Asunción, director de Política Fiscal y, posteriormente, viceministro de Economía e Integración en el Ministerio de Hacienda. Ejerce la docencia en varias instituciones educativas superiores en nuestro país y posee numerosos trabajos e investigaciones publicados. En la actualidad, es director gerente de ASA Consultores, como asesor integral en materia económica, tributaria y financiera.
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